HISTORIA DE LA SALUD EN VENEZUELA

Una fugaz mirada a la historia

Para emprender este breve viaje en el tiempo hemos adoptado dos ejes de análisis. Uno, tiene que ver con la intervención del Estado en la organización del sector público de la salud; otro, se vincula a la evolución de los servicios.

Aún cuando ya en la colonia existieron centros asistenciales en El Tocuyo, Coro, Maracaibo y Caracas, es difícil llamar a esos centros hospitales pues el conocimiento existente para la época y el régimen político colonial, imponían la necesidad de separar los pabellones para las diferentes enfermedades, de manera de evitar el contacto entre enfermos diferentes (García Maldonado, 1971: 337). Esta situación va a cambiar con los descubrimientos de Lister y Pasteur y que, merced a las condiciones políticas de nuestro país sumido en regímenes represivos y militaristas, va a permitir a hombres como Luis Razeti, José Gregorio Hernández, Francisco Antonio Rísquez y Santos Dominici, entre otros, traer a Venezuela las nuevas formas de entender la salud y la enfermedad, influyendo notoriamente sobre la formación de nuestros profesionales de la salud (García Maldonado, 1971: 339)

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La intervención del Estado no puede notarse sino muy tímidamente y es sólo en 1817 cuando se crea la primera Justa de Sanidad. En 1892 se construye el hospital José María Vargas en Caracas y pasarán cuarenta años antes de que se retome este tipo de iniciativas en el país (Maingón, 2003).

Entre 1911 y 1930, el Estado asume una acción más definida en relación a la salud y genera diversas formas de organizar y legislar al respecto pero sin conceder a la salud un espacio definido dentro de la administración pública. La primera ley de Sanidad Nacional data de 1912 y ya para 1930 era obligatorio el certificado médico expedido por la autoridad sanitaria (Dirección de Sanidad Nacional) para los trabajadores urbanos y petroleros, lo cual preparará el camino para los procesos de saneamiento ambiental y urbanización que caracterizarán

a nuestro país, especialmente a partir de los años 50 del pasado siglo. Para esta época la Academia nacional de Medicina era el principal interlocutor del Estado y Fundaciones extranjeras como la Rockefeller y la Carnegie estimulan la formación de epdemiólogos y malariólogos en el exterior. Nuestra organización sanitaria seguirá las líneas de la tradición francesa durante mucho tiempo, pero, a partir de 1910 con la publicación del Informe Flexner, Medical Education in the United States and Canada, la influencia anglosajona se afianzará y la formación de nuestro personal responderá a esas influencias siguiendo las líneas de la creciente influencia de la experimentalidad y las doctrinas de integralismo sanitario

(García Maldonado, 1971; Maingón, 2003).

Desde 1936, con la creación del MSAS dentro del gobierno de Eleazar López Contreras y su proyecto modernizador, la intervención del Estado en el sector salud aumentará progresivamente. Entre este año y 1947, se crea el IVSS (1944), se regionaliza la salud y la Constitución garantiza la Seguridad Social y el derecho a la salud. Desde el punto de vista de la organización del sistema sanitario, a partir de 1950 comienza a prevalecer el gasto curativo sobre el preventivo reforzando el carácter clínico de la enseñanza y el modelo de aprendizaje que separaba las actividades de salud pública de aquellas que eran consideradas propiamente médicas (Maingón 2003; García Maldonado, 1971).

Entre 1960 y 1989 disminuye el gasto público (Maingón, 2003) y comienza a crecer en forma más organizada el sector de la medicina privada. En 1987 se promulga la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud (LOSNAS) que dada la fragmentación de los servicios públicos de salud, intenta superar esos problemas mediante la unificación del sistema asistencial y su centralización en el MSAS. Esa ley, como sus mismos proponentes afirmaron alguna vez, nunca tendría viabilidad

(Testa y otros, 1983; Díaz Polanco, 1992).

Ya para 1989, se podía prever la crisis del sistema político que se avecinaba. La respuesta fue la creación de la Comisión para la Reforma del Estado (COPRE) para la cual había dos elementos importantes frente a esa crisis próxima: la reforma constitucional y la descentralización como estrategia de reforma social. Se abre así el período llamado de La Reforma de Salud.

La descentralización fue particularmente importante en salud ya que muchos estados del país reclamaron las competencias en esa materia. Sin embargo, era evidente que el gobierno central no estaba políticamente interesado en ceder en ese terreno, sino más bien en acceder a los recursos que la banca multilateral ofrecía para la reforma. De esta manera los estados se vieron solos, inventando y creando organizaciones y respuestas. Sólo algunos de ellos que cumplieron con ciertas condiciones, lograron que la gestión descentralizada de sus redes asistenciales diera buenos resultados (González, 2000; Díaz Polanco y otros, 2002; Resven, 2005; Díaz Polanco y otros, 2006 y 2006 ). Entretanto, se profundizaba la fragmentación y la privatización del sistema público, reforzada en 1998 con la aprobación de las llamadas “leyes Caldera” en las cuales se introducía la privatización de la administración de los fondos públicos de salud y se reforzaba el carácter contributivo de lo que se pensaba era el sistema público de salud.

Las sucesivas dificultades políticas, desde el “caracazo”, hasta los dos intentos de golpe de Estado, no hicieron sino profundizar la crisis dentro de un sistema político que no había sido capaz de renovarse a sí mismo. Las “leyes Caldera” fueron inmediatamente derogadas por el gobierno que asumió el Teniente Coronel Hugo Chávez, régimen que identificó a la salud y la educación como sus prioridades.

Sin embargo, muy pronto quedó claro que eran sólo prioridades en el discurso. En el caso de salud, la propuesta de Ley que se elaboró en la Comisión Presidencial designada para la Reforma de la Salud y la Seguridad Social, nunca se adoptó porque, entre otras cosas, suponía la desaparición del IVSS, la redefinición de la seguridad social como derecho ciudadano y no como prerrogativa laboral, y los intereses de los nuevos actores políticos no coincidían con esa visión. Existió entonces un proyecto de ley del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS), producto del consenso de muy variados actores sociales convocados por esa Comisión, que nunca fue respetado. Sirva como indicador que desde entonces hasta hoy día, la salud podría definirse como uno de los indicadores más evidentes de la anomia característica de la sociedad venezolana que confió en el nuevo régimen político, al ver las esperanzas de transformación convertidas en formas altamente ineficientes

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