Implicaciones sociales y transacción demográfica

IMPLICACIONES SOCIALES Y PRODUCCIÓN DE LA TRANSACCIÓN DEMOGRÁFICA

El enfoque sobre salud reproductiva se transformó en un compromiso de todos los gobiernos, incluido el de México, a partir de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo celebrada en El Cairo en 1994.

Desde el año 1974, el marco jurídico mexicano promueve la libertad para la toma de decisiones en el ámbito de la reproducción y el respeto a los derechos humanos, la idiosincrasia y los valores culturales. También desde esa fecha, el Estado mexicano ha garantizado a la población el acceso universal y gratuito a los métodos anticonceptivos modernos a través de los servicios gubernamentales de salud, así como el acceso a los servicios de atención del embarazo, del parto y del puerperio. En los 30 años transcurridos desde entonces, el pensamiento académico en ciencias sociales, y en particular la demografía mexicana, ha contribuido sustantivamente a develar las condiciones, las relaciones y las desigualdades sociales que permiten o dificultan el ejercicio de estos derechos.

Es así que se han desarrollado y divulgado numerosas investigaciones que dan cuenta de cómo las desigualdades de clase, las desigualdades étnicas, las relaciones de género, las relaciones intergeneracionales y las interacciones de las personas con las instituciones y con el Estado han construido obstáculos o han facilitado el libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Los conocimientos acumulados han servido de firme soporte para el desarrollo de las políticas de población y para sus sucesivas modificaciones durante estos 30 años. Sin embargo, gracias a la independencia y al quehacer crítico del sector académico, también han servido para señalar aquellos aspectos de las políticas y programas o de su ejecución que no parecen responder a las necesidades expresadas por distintos sectores de la población, ni a las demandas de los movimientos sociales y de los sectores organizados de la sociedad civil. El pensamiento académico ha desempeñado un papel central, tanto en aportar los conocimientos necesarios para una formulación só- lida de políticas y programas, como en incorporar elementos para conocer las necesidades de distintos grupos de población, las condiciones sociales que las construyen y la adecuación de políticas y programas para responder a esas necesidades y condiciones.

Desde su formulación, el enfoque de salud reproductiva surgió como un planteamiento de los movimientos sociales, en particular del movimiento internacional de mujeres, que proponían priorizar los derechos humanos en el ámbito de la sexualidad y la reproducción por encima de los intereses de los Estados en la regulación o el control del crecimiento demográfico. En particular, se demandaba la eliminación de las metas de reducción de la fecundidad o de incremento en el uso de anticonceptivos que contenían las polí- ticas de población de la mayor parte de los países en desarrollo a comienzos de los años noventa, por considerar que podían atentar contra los derechos a la libre determinación en materia de regulación de las capacidades procreativas. La formulación de esas metas podía llevar a que, en la ejecución de los programas a través de los servicios de salud, se priorizara el cumplimiento de las metas por encima de las demandas de las personas. Esta tensión aparecía particularmente delicada en tanto el acceso universal a los métodos anticonceptivos modernos ocurría, en la mayor parte del mundo en desarrollo, mediante los servicios públicos de salud, con la particularidad de que la regulación de la capacidad reproductiva no es una enfermedad. A través de las llamadas “metas demográficas” las decisiones en el ámbito de la reproducción podían quedar en manos de personal médico que debía cumplir requerimientos institucionales, y cuya formación profesional no incluía conocimientos sobre los derechos sexuales y reproductivos. La demanda de los movimientos sociales por un enfoque de salud reproductiva fue básicamente una demanda por priorizar los derechos y libertades de las personas en el ejercicio de su sexualidad y su vida reproductiva. Esta demanda generó una tensión entre los intereses de los Estados de velar por el bienestar colectivo a través de la regulación de la fecundidad —estableciendo metas de crecimiento demográfico o de incremento en el uso de anticonceptivos— y los derechos individuales de las personas. En especial, puesto que la regulación de la fecundidad se enfocó casi exclusivamente en el uso de métodos anticonceptivos desarrollados para las mujeres, la tensión se refiere principalmente a los derechos humanos de las mujeres en edad reproductiva, y muy especialmente a los derechos de las mujeres que requieren de los servicios públicos de salud. Por una parte, las mujeres tienen derecho a acceder a las tecnologías modernas y a contar con atención de buena calidad. Pero por otra, tienen derecho a estar informadas sobre la gama de opciones que poseen y a decidir libremente sobre esas opciones. Esas opciones se refieren a las posibilidades de regular la reproducción, pero también a las posibilidades de evitar las infecciones de transmisión sexual. Es decir, se refieren a los derechos de las personas (hombres y mujeres) a vivir una sexualidad libre de temores y a acceder a los medios que se lo permitan. En este sentido, el enfoque de salud reproductiva no pone el acento en las consecuencias colectivas de la dinámica demográfica, sino en las consecuencias personales, familiares y comunitarias de la ausencia de libertad sexual y reproductiva y de la ausencia de condiciones para ejercer esas libertades. Enfatiza en la soberanía sobre el propio cuerpo y sus capacidades eróticas y reproductivas como un derecho humano básico. Sin embargo, la salud reproductiva también constituye un enfoque de salud pública, de bienestar colectivo, al buscar que se pongan al alcance de todas las personas los medios para ejercer sus derechos, independientemente de su condición económica, de las relaciones de género imperantes, de su situación generacional o de su pertenencia étnica.

Uno de los grandes mandatos de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo fue la participación de las poblaciones afectadas por la aplicación de las políticas de población en la construcción y aplicación de esas políticas. Desde luego, no es fácil imaginar los caminos a través de los cuales distintos grupos de la población pueden hacer valer su diversidad de intereses y necesidades en la construcción de las políticas, pero ese es el sentido del carácter público de las políticas. Una de las prioridades debe ser incorporar las necesidades, demandas e intereses de las mujeres con poca capacidad económica —que suelen ser la mayor parte de las mujeres en los países en desarrollo— pues ellas han sido la “población objetivo” de las políticas de población durante muchos años, a través de las metas de uso de anticonceptivos. En este sentido, el conocimiento académico ha jugado también un papel central señalando el impacto de las políticas de población en los distintos grupos sociales, así como perfilando las condiciones sociales en que viven las personas, que dan cuenta, en parte, de sus necesidades. Ha señalado también las distancias que han existido entre las condiciones y relaciones sociales que viven las personas y las políticas sociales. Asimismo, es un conocimiento que ha permitido dar cuenta de las interacciones de las personas con las instituciones de salud, ofreciendo una rica base para la construcción de políticas más sensibles a las necesidades de distintos grupos de la población. En el marco del Trigésimo Aniversario de la Ley General de Población, cabe mencionar a esta ley como precursora del enfoque de salud reproductiva, pues incorpora sus dos componentes básicos: el respeto a los derechos humanos de las personas y el fomento a la construcción colectiva de las soluciones a los problemas. El conocimiento académico puede ser un importante auxiliar, tanto de los organismos gubernamentales encargados de las políticas y programas, como de los movimientos sociales y los sectores organizados de la sociedad civil, en la construcción colectiva de las grandes decisiones sobre población. El enfoque de salud reproductiva supone un espacio de lo público en la toma de decisiones y concibe a la salud en la reproducción como un bien público, al cual todas las personas deberían tener acceso.

...