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1. INTRODUCCION

Los bosques naturales en Bolivia constituyen una tradicional fuente de múltiples recursos complementarios a la subsistencia diaria de los pueblos rurales, originarios e indígenas. También son la base de una creciente industria de bienes maderables y no maderables que generan fuentes de trabajo e importantes ingresos al Estado y Gobiernos locales. Gran parte de los bosques bolivianos conforman ecosistemas forestales tropicales que son internacionalmente reconocidos por las funciones y servicios ambientales que cumplen como mitigadores de cambios climáticos, ecoturismo, fuentes de biodiversidad y reguladores de regímenes hídricos.

La diversidad geográfica, étnica, cultural y socio económica de Bolivia produce en torno a los bosques un cuadro extraordinariamente complejo y dinámico de formas de acceso, normas de uso e interrelaciones entre usuarios, cuyas percepciones, actitudes, acciones y conflictos responden a su vez, a trayectorias históricas, realidades contemporáneas y visiones futuristas. El principio básico de la sostenibilidad de los recursos forestales debe tomar en cuenta, los límites naturales de protección y producción para compatibilizarlos con el desarrollo social y económico deseado (Superintendencia Forestal, 2004).

Sin embargo, el principio básico de la sostenibilidad de los recursos forestales debe tomar en cuenta los límites naturales de protección y producción para compatibilizarlos con el desarrollo social y económico deseado. En este sentido, vemos con preocupación como las tierras boscosas que son únicamente valorados por la madera comercial, alientan una peligrosa y persistente conversión a otros usos, incluso en tierras no aptas para fines agrícolas o ganaderos.

Los bosques en Bolivia son bienes de dominio originario del Estado, de ahí que para mantener y mejorar sus beneficios económicos y ambientales se requiere consolidar políticas integrales de uso sostenible. La Ley Forestal 1700, constituye parte de esta estrategia, la cual necesita apoyo de otros instrumentos jurídicos como la definición de tierras forestales, incentivos al manejo forestal diversificado, y promoción de inversiones, que entre otros constituyen temas esenciales que deben desarrollarse basándose en estudios sobre disponibilidad y potencialidad de los recursos forestales.

1.1 Antecedentes Históricos del Sector Forestal en Bolivia

Hasta antes del año 1952, la explotación de recursos forestales en Bolivia se limitaba únicamente a la extracción de biomasa para leña o carbón. A partir de la Revolución Nacional y de las reformas aplicadas en el país, se inició un proceso de fomento a la ocupación de tierras forestales por pequeños y grandes agricultores y, empresas forestales, con la finalidad de estimular un proceso de acumulación de capital con base en la producción agrícola destinada a la sustitución de importaciones, así como también, de promover la expansión de operaciones forestales para atender la demanda interna y externa de maderas tropicales. Uno de los principales estímulos para la ocupación de tierras forestales y su explotación fue la articulación caminera de las tierras bajas con los centros comerciales del país.

A partir de los años 60’s, se incrementó la presión sobre las zonas forestales, sin embargo, aunque se ampliaron las operaciones de extracción forestal, las propuestas de desarrollo de la época no consideraban al sector forestal como componente importante de la diversificación económica. Recién a partir del año 1985, el ajuste estructural y los cambios hacia la nueva política económica que eliminaron las políticas sectoriales, afectaron de manera más notoria el desarrollo de la agricultura de exportación y la explotación forestal en tierras bajas.

Desde el año de ajuste estructurar 1985 hasta el año 1996, la política forestal incentivaba la extracción maderera en el corto plazo, a través de contratos de aprovechamiento por periodos de tiempo reducidos (alrededor de 5 años). La industria desarrollada por las empresas extractivas, era primaria e incipiente, no agregaba mucho valor a sus productos y, tenía limitados incentivos hacia el aumento de la productividad. En aquella época, las instituciones encargadas de formular políticas, clasificar los bosques, otorgar autorizaciones y contratos de aprovechamiento, reglamentar la industria forestal, promover la reforestación y la investigación, proteger la flora y la fauna silvestre y, fiscalizar y controlar las actividades de aprovechamiento forestal eran los Centros de Desarrollo Forestal (CDF’s), dependientes de las Prefecturas.

El sistema de recaudación forestal aplicado por el CDF, se basaba en los derechos de desmonte o tasas por volumen de madera aprovechada, las cuales, estaban diferenciadas por especie. Los volúmenes extraídos eran declarados por las empresas forestales mediante notas de remisión, que las empresas transportadoras debían presentar en los puestos de control, donde se calculaban y cobraban los derechos de desmonte.

Este sistema y la debilidad institucional del CDF favorecieron la búsqueda de beneficios económicos en base a recursos forestales de una manera insostenible ya que los puestos de control apenas registraban el 40% del volumen real aprovechado, convirtiéndose éstos en focos de corrupción en desmedro de las recaudaciones del Estado (MACA, 1991). Por otro lado, la extracción selectiva (Mara, Cedro y Roble) y no planificada de especies de mayor valor y, la concentración del poder oligopólico en tan sólo 50 empresas extractivas, a cargo de 185 concesiones que abarcaban cerca del 40% del territorio boliviano, demandó el aprovechamiento de extensas áreas boscosas y favoreció intereses de empresas madereras particulares por sobre los intereses de grupos indígenas y campesinos asentados en las tierras forestales.

Ante esta situación, durante la primera mitad de los años 90 quedó clara la necesidad de establecer una nueva política que se reoriente hacia un manejo sostenible de los recursos forestales. Es así que en 1992 se promulgo la Ley del Medio Ambiente, con el fin de normar el manejo integral y el uso sostenible de los recursos del bosque, a través de una clasificación de bosques de acuerdo a su finalidad y, posteriormente, en julio de 1996 se promulga la Nueva Ley Forestal (Ley No. 1700) y su Reglamento, implantándose a través de la misma, normas que regulan los derechos de acceso al recurso forestal y, un modelo de desarrollo forestal con un enfoque sostenible, reconociéndose a través de la misma, Convenios Internacionales sobre Diversidad Biológica, Desertificación y Sequía, SITES y Cambio Climático.

La Nueva Ley Forestal ha reafirmado el dominio originario del Estado sobre los recursos

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