Impugnacion De Los Actos Administrativos

INTRODUCCIÓN

El Derecho Administrativo, por ser la materia encargada de regular las relaciones entre el poder público y los particulares, es la rama del derecho con uno de los más amplios ámbitos de aplicación, toda vez que estas relaciones entre el Estado y los administrados, abarca una gran cantidad de temáticas. El Estado Social de Derecho, como institución primordial del Derecho Constitucional, consiste en el límite que tiene la autoridad en el ejercicio de su cargo, enmarcado por un lado en la Constitución y por otro lado en el Derecho Administrativo como mecanismo de control de la legalidad en la actividad de la administración pública. Es por esta gran trascendencia que tiene esta rama del Derecho, que se ha escogido como tema principal para esa investigación jurídica, el planteamiento y la determinación de un gran vació existente en la legislación ecuatoriana que tiene que ver exclusivamente con el Derecho Administrativo, como lo es el contar con un procedimiento unificado de impugnación de actos administrativos, en sede administrativa.

Con el fin de establecer a la sociedad ecuatoriana, la necesidad eminente de que nuestra legislación cuente con un procedimiento administrativo unificado para todas las dependencias estatales, en esta obra se hace una análisis de los principales principios universales del Derecho Administrativo, y como al establecer un proceso unificado para impugnar las resoluciones de los distintos órganos públicos, se estaría dando plena observancia y aplicación a estos principios universales, sobre todo en lo que tiene que ver con los derechos de los administrados al acudir a una autoridad o servicio público.

En el Ecuador, la legislación ha establecido dos caminos para impugnar los actos administrativos que presuntamente contienen algún vicio de ilegalidad, está por una lado en procedimiento judicial, mediante el cual el particular acude al sistema jurisdiccional, es decir a un órgano de la Función Judicial, para hacer vales sus derechos, de conformidad con la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Por otro lado tenemos el procedimiento de impugnación de actos administrativos en sede administrativa. En la actualidad según la Ley de Modernización del Estado y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, no es necesario agotar la vía administrativa para acudir a la vía judicial. En el procedimiento impugnatorio en sede administrativa, el órgano emisor del acto se vuelve juez y parte, al resolver sobre la legalidad de las resoluciones emitidas por el propio órgano. Este procedimiento en el Ecuador está regido por un sin número de cuerpos normativos, dependiendo de la entidad pública que se trate. Es por esta razón que esta tesis doctoral se centrara en el procedimiento en sede administrativa, por la problemática producida para la inexistencia en nuestra legislación de una norma unificadora.

El control de la actividad de la administración pública, se basa principalmente en lo que conocemos en la doctrina como justicia administrativa. En la historia del Derecho Administrativo, la justicia administrativa tiene como su origen dos importantes corrientes, por un lado el Derecho Francés y el Consejo de Estado, y por otra el sistema judicialista español, establecido por la Constitución de Cádiz de 1812. La justicia administrativa en el Ecuador, durante su proceso evolutivo se ha visto influenciada por estas dos grandes corrientes, es por ello que en esta obra, se analiza las bases y concepto de cada una de ellas, y su manera de influenciar en la legislación ecuatoriana.

El Derecho Administrativo, por ser de gran amplitud, sus reglas no se hallan agrupadas como la mayoría de las ramas del derecho en determinados códigos. Es por eta razón que la doctrina y la jurisprudencia son de gran importancia como fuentes de derecho. Esta investigación se fundamentará por una parte en precedentes jurisprudenciales, que establecen la judiciabilidad de los actos administrativos, siendo este el mecanismo primordial de la actividad de la administración pública.

Cuando hablamos de procedimiento administrativo en el Ecuador, la principal norma vigente en la legislación ecuatoriana, es el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE), cuya naturaleza jurídica es incierta, y su ámbito de aplicación limitado, lo que ha traído una problemática en materia de justicia administrativa, por lo que en esta investigación jurídica se establece los orígenes de esta problemática y se trata de establecer la naturaleza jurídica del ERJAFE.

Como señala el jurista Aldo Bacre, el vocablo impugnación proviene del latín IMPUGNARE, Que significa, atacar, acometer. Así mismo, el término apelar también tiene origen latín y etimológicamente hablando cosiste en recurrir ante alguien en cuya autoridad se confía para dirimir o resolver una cuestión. Para el estudio de los medios de impugnación, tanto en los procesos judiciales como en los procedimientos administrativos, es necesario recordar señores maestrantes los elementos del derecho a recurrir y el principio denominado “DOBLE CONFORME”. En todo juicio o procedimiento administrativo, al momento de dictarse una resolución, existe la posibilidad de que se incurra en un error por parte de la autoridad.

El Tratadista Humberto Cabrera, en su Obra Teoría General del Proceso y de la Prueba, señala que la impugnación es una facultad o derecho que la ley otorga al administrado para conseguir la enmienda de los errores en que los funcionarios hayan incurrido en sus actuaciones públicas. Devis Echan día teoriza un poco más y estima que la revocabilidad –IMPUGNACIÓN- es un remedio jurídico contra una injusticia. En similar forma de pensamiento, Loza Pintado señala que en su más estricto sentido, la impugnación es la institución destinada a impedir que una sentencia –acto o resolución administrativa-considerada injusta o violatoria a la ley o a la jurisprudencia, produzca efectos jurídicos; efectos que por la misma razón no establecerán la paz ni dirimirán satisfactoriamente la controversia y que, por el contrario, crearán nuevos conflictos o motivos de Litis.

El Tratadista Manuel Osorio en el Diccionario de Ciencias jurídicas, Políticas y Sociales, al referirse a la impugnación procesal, expresa que es el acto de combatir, contradecir o refutar una actuación judicial, cualquiera sea su índole (testimonial, documental, pericial, resolutiva). Todos los recursos que se interponen contra las resoluciones judiciales constituyen actos de impugnación procesal. Impugnar, entonces, no es otra cosa que expresar inconformidad respecto del contenido de un acto o decisión pública, con el propósito de provocar su modificación o revocación, por considerarlo contrario al orden jurídico y lesivo para el

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