Incidencia del procedimiento de reenganche frente al debido proceso en el contexto juridico Venezolano

INCIDENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE REENGANCHE FRENTE AL DEBIDO PROCESO EN EL CONTEXTO JURIDICO VENEZOLANO

RESUMEN

La investigación se dirigió a analizar la incidencia del procedimiento de reenganche establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, 2012) frente al debido proceso en Venezuela, considerando los planteamientos de la CRBV (Asamblea Nacional Constituyente, 1999) y de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, 2012) El estudio fue documental descriptivo, con diseño bibliográfico no experimental. La recolección de datos se realizó con técnicas documentales, específicamente la ficha electrónica. Los datos fueron analizados con apoyo del análisis de contenido y la hermenéutica jurídica. Los resultados indicaron que algunas disposiciones de la ley, como la visita sin previo aviso al patrono, así como la imposibilidad de pagar una multa, contravienen el derecho de igualdad de las partes. Se observa la incidencia en el debido proceso al violar la presunción de inocencia, cuando es sancionado un representante no relacionado con el despido, cuando el patrono pueda aceptar una culpa por sentirse amenazado por un funcionario del trabajo, o cuando se considera la decisión inapelable bajo cualquier tipo de argumento. Del mismo modo, se muestra la incidencia en el acceso a la justicia porque el patrono no podrá ejercer su defensa sin haber cumplido con el acto administrativo del reenganche y pago de salarios caídos. Se concluye que algunas de sus disposiciones son violatorias de la normativa constitucional que rige el debido proceso.

Palabras clave: Incidencia, Procedimiento, Reenganche, Debido proceso.

INTRODUCCIÓN

Las entidades de trabajo y sus organizaciones se enfrentan a grandes retos y cuestionamientos, debido a las diversas transformaciones en los mercados comerciales y financieros del mundo globalizado y el impacto que ello ha tenido en el entorno socio laboral de los países desarrollados y en vías de desarrollo.

Derivado de lo mencionado, en el entorno mundial, y especialmente en aquellos países que han suscrito los tratados internacionales en materia de derecho del trabajo, se observa la tendencia a proteger las relaciones laborales, con particular énfasis en el logro de una tutela efectiva en el ámbito laboral.

En este sentido, se evidencia que la legislación tutelar del trabajo en América Latina se adelanta a los países de Europa cuando extiende sus reglas a los empleados de las entidades de trabajo particulares. En consecuencia, se puede notar que, según las necesidades de cada país, las normas se ven reflejadas a cubrir lo requerido por los ciudadanos, siendo el punto clave los sujetos en el derecho laboral, quienes deben ser protegidos en el entorno laboral, especialmente en lo referido a la estabilidad en el trabajo.

Debido a ello, las normativas actuales en materia de derecho del trabajo, dan especial atención a la estabilidad laboral, por considerarse un aspecto protegido que alude a los derechos humanos del trabajador. Confirmando lo señalado, García (2003) expresa que es insuficiente llevar a cabo un amplio desarrollo de la legislación laboral, sin que el mismo esté acompañado de un conjunto de lineamientos o directrices garantes de la ejecución de un proceso justo, focalizado en la defensa de los derechos fundamentales, sobre bases y principios democráticos.

Uno de los aspectos más destacados en las legislaciones latinoamericanas ha sido el respeto al debido proceso, definido por Parodi (2003) como el conjunto de orientaciones, condiciones y requisitos procesales y jurídicos, que deben cumplirse para garantizar la justicia, a los fines de dar protección legal respecto a los derechos de las partes involucradas en el proceso.

La pertinencia de asegurar el debido proceso en todas las actuaciones, incluyendo las laborales ha constituido un aspecto resaltado por la doctrina en materia de Derecho del Trabajo, y también representa un lineamiento para enunciar los tratados internacionales, suscritos en materia laboral, por cuanto se ha asimilado bajo la categoría de derecho humano, implicando una limitación frente al poder de imperio del Estado.

Específicamente en Venezuela, el proceso judicial es uno de los mecanismos dirigidos a proteger la Constitución y el Estado de Derecho, puesto que mediante su ejercicio se salvaguardan los derechos fundamentales, se vigila la normativa constitucional, se sancionan los delitos o faltas, así como también se puede impedir arbitrariedades del poder y solucionar o prevenir los conflictos.

Es preciso señalar, que si bien existe el proceso judicial para garantizar el Estado de Derecho, también es necesario que este comprenda las garantías del debido proceso para asegurar las resultas del mismo, con la finalidad de alcanzar la paz social en verdadera justicia.

Ello supone, de acuerdo con Ambrosio (2000), considerar el respeto por los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjunto de garantía de los derechos de goce, cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano.

Se puede notar, que a través del debido proceso se llega a optimizar esa justicia de la cual todos necesitan para lograr la paz individual y colectiva, cuando se trata de la solución de un caso, que requiera de la aplicación y cumplimiento de normas que velen por los derechos y garantías de los ciudadanos.

En torno a estas orientaciones, Venezuela ha suscrito los tratados relativos a la conservación del debido proceso en las actuaciones administrativas y judiciales. Particularmente, en materia laboral, ha dado respaldo a los convenios y tratados emanados de la OIT, estableciendo una condición de obligatorio cumplimiento de tales preceptos.

Al respecto, el debido proceso en la legislación venezolana está consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Asamblea Nacional Constituyente, 1999) en su artículo 49, el cual enumera los aspectos que deben caracterizar las actuaciones judiciales y administrativas, incluyendo la defensa y la asistencia jurídica como derechos inviolables, la presunción de inocencia, el derecho a ser escuchada, no ser sancionado por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes, derecho a ser informada de los cargos por los cuales se le investiga, así como a recurrir de una sentencia en donde sea declarado culpable.

Ahora bien, en materia laboral en Venezuela, en la derogada Ley Orgánica del Trabajo (Asamblea Nacional, 1997), en su artículo 454, se establecía que frente a un despido injustificado, el trabajador podía dentro de los treinta

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