Incremento de la inseguridad ciudadana

Incremento de la inseguridad ciudadana: ¿consecuencia de la debilidad del Estado peruano?

En los últimos años, la inseguridad ciudadana ha sido uno de los más grandes problemas para la sociedad y el Estado, esta ha venido  incrementándose no sólo en la capital sino en muchas regiones del país. Según el “Índice Global de Paz 2013”, Perú es el país que más ha fallado, en términos de convivencia pacífica, en la región ya que ha caído del puesto 79 en el 2012 al puesto 119 en el 2013 esto principalmente al aumento en la tasa de homicidios y el nivel de delincuencia (Insitute for Economics and Peace, 2013). Además, en el Perú el 41% de la población, mayor de 15 años, ha sido víctima de algún hecho delictivo (INEI, 2013) y la gran cantidad de fallecidos a causa de la criminalidad es una cifra alarmante, esto demuestra que es momento de tomar medidas que reviertan la situación actual que se está viviendo.

Pero, ¿ya no se han aplicado medidas por el Estado para combatir la inseguridad que se vive en el país? Sí, se han aplicado diversas medidas entre ellas, la más importante: el “Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018”^[1]; sin embargo, muchas de las medidas propuestas no han funcionado y esto ha generado que los gobiernos entren en una encrucijada tomando como principal solución: el cambio en la cartera del Ministerio del Interior (Insituto de Defensa Legal, 2013). Muestra de ello, en el segundo gobierno del ex presidente García siete personas estuvieron a cargo de esta cartera y en el actual gobierno, hasta el momento, seis personas han ocupado dicho cargo. Todo esto termina generando mayor inestabilidad e incertidumbre en la sociedad lo cual agrava aún más el problema.

Entonces, ¿por qué pese a todos los esfuerzos para combatir esta situación, no se ha logrado mejorías? ¿cuál es el problema de fondo que hace que las medidas tomadas sean ineficaces? Existe un problema raíz al cual no se le está tomando la debida importancia, si las políticas o medidas tomadas no están dando resultado es por la debilidad del Estado peruano. Precisamente el objetivo del presente ensayo es analizar dicho problema desde un punto de vista académico, tomando como referencia estudios de diferentes autores, estadísticas y comparaciones con otros países de Sudamérica que han tenido o tienen aún el mismo problema.

El Estado definido por Max Weber es <<una relación de dominación de hombres sobre hombres, basada en el medio de la violencia legítima>> (La Política como Profesión, 1919) En muchos de los países, principalmente en los no desarrollados o en camino a hacerlo, esta dominación a través de la violencia legítima ha sido perdida motivo por el cual han nacido grupos con la capacidad de utilizar la violencia a su manera (bandas de crimen organizado, grupos delincuenciales, grupos terroristas, entre otros) Esto nos muestra que una de las principales necesidades es construir un Estado eficiente que sea capaz de tener el poder universal de la violencia legítima otorgada por los ciudadanos.

El incremento de la inseguridad ciudadana está vinculado a una serie de factores: individuales, familiares, comunitarios, económicos y sociales (PNUD, 2005). En este último punto es donde el tema de debilidad estatal empieza a resaltar. Pero, ¿cómo analizar el nivel de estatalidad que existe en un país? Francis Fukuyama en su obra “La construcción del Estado” crea una matriz dividida en cuatro cuadrantes, a través de las distintas combinaciones de alcance y fuerza que puede alcanzar un Estado, esta permite comparar el nivel de estatalidad en los diversos países. El autor considera que tanto el alcance, definido como las funciones y objetivos que tienen los estados; como la fuerza, definida como la capacidad del estado para ejercer su poder, son características imprescindibles para lograr alcanzar un Estado eficiente. Es difícil asegurar con precisión en cuál de los cuadrantes se encuentra el Estado peruano, podría ubicarse en el tercer cuadrante donde ambas características tienen un nivel muy bajo o en el segundo cuadrante donde el Estado trata de abarcar muchas funciones pero no tiene la fuerza necesaria para hacerlo, ambos cuadrantes son ineficientes.

 Estar posicionados en cualquiera de esos cuadrantes puede ser una consecuencia de las medidas tomadas a finales del siglo XX por el modelo neo-liberal en América Latina. El cambio en el sistema económico, de esos tiempos, redujo la intervención del Estado en fuerte medida debido al criticado rol que este desempeñó, principalmente por su intervención en la políticas económicas durante los años 80 y 90´s (Aravena F. R., 2008). Por ello, existió una fuerte presión por parte de organizaciones^[2] mundiales para la liberalización y la disminución de la intervención estatal. Esa no fue la mejor solución al problema, más bien un error ya que no se comprendió en esa época la estrecha relación entre el Estado y el desarrollo económico; el resultado obtenido fue peor ya que los estados redujeron su fuerza y alcance y eso generó la debilidad estatal, grave problema que se tiene en estos tiempos. (Fukuyama F. , 2005)

Todo lo antes mencionado, generó que los gobiernos sudamericanos pierdan protagonismo en las decisiones públicas y actualmente, por lo menos el Perú, se quede estancado. El Estado peruano tiene muchas deficiencias^[3], entre las principales que afectan en incremento de la delincuencia se encuentran: la inequidad o desigualdad, la pobreza, el desempleo, la injusticia, la falta de oportunidades, el tráfico de armas, el tráfico de drogas y la corrupción (Aravena F. R., 2008). Es importante mencionar que muchas de estas deficiencias no son tratadas en los debates para la reducción de la inseguridad ciudadana.

La inequidad es uno de los más grandes desafíos para el Estado, el Perú presenta un índice de Gini de 0.48 esto significa que el 20% de los ricos poseen una participación de 53% en la distribución del ingreso, mientras que el 20% más pobre sólo posee un 4% de participación en dicha distribución (Banco Mundial, 2010), todo esto demuestra la notable desigualdad latente en el país.  La pobreza no se queda atrás, la brecha de pobreza a nivel nacional es de 7% (Banco Mundial, 2012), aunque cabe resaltar que existe una fuerte diferenciación entre regiones, departamentos, distritos e inclusive en zonas dentro de ellas. Además, a esto se le suma la cantidad de personas desempleadas en el país, 4.1% de mujeres y 3.8% de hombres (Banco Mundial, 2012); sin contar el alto nivel de subempleo: 35% sólo en la capital (Ministerio de Trabajo, 2012).  Aunque estos indicadores ha venido reduciéndose en los últimos años, no está acorde al crecimiento económico que se vive en el país y las posibilidades que ha tenido el Estado para mejorar esta situación no han sido beneficiosas por igual a toda la sociedad (Vargas, 2012).

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