Influencia Del Normativismo En El Sistema Judicial Venezolano

Protegiendo la adolescencia

La Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes tiene por objeto garantizar a este grupo de la población el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías, a través de la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben brindarles desde el momento de su concepción.

En este instrumento se contemplan los derechos de niños y adolescentes, pero también el sistema penal de responsabilidad respecto a quienes tienen de 12 a 17 años.

Allí se establece que dicho sistema comprende el conjunto de entidades que se encargan del establecimiento de la responsabilidad del adolescente por los hechos punibles en los cuales incurra, así como de la aplicación y control de las sanciones pertinentes.

Algunos de los órganos que forman parte del referido sistema son la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público, el Servicio Autónomo de la Defensa Pública, entre otros.

Recientemente, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, durante el VIII Foro: Derecho de la Infancia y de la Adolescencia, expuso sobre el "Rol del Ministerio Público en el marco del principio de protección integral con especial atención al sistema de responsabilidad penal del adolescente".

En ese sentido, propuso la creación de un proceso social preventivo para adolescentes infractores de la ley penal, mediante el cual se involucra también a los consejos comunales, como órganos de apoyo, supervisión, asistencia y orientación a los adolescentes en conflicto con la ley.

Señaló que una vez demostrada la infracción se debe incorporar al joven a un proceso preventivo, en el que debe intervenir un equipo multidisciplinario, de psicólogos y trabajadores sociales, el cual brindará asistencia para que, en estrecho contacto con la familia, se pueda lograr la incorporación a procesos educativos que le permita alcanzar la

plena capacidad de vivir en sociedad bajo el control y supervisión del órgano jurisdiccional.

La máxima autoridad del MP resaltó que no se pretende la abolición del sistema penal, el cual debe mantenerse para delitos mayores, como homicidio, secuestro, tráfico de drogas y sustancias estupefacientes.

Destacó que se debe hacer realidad lo que contempla el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que concibe al país como un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia.

Ortega Díaz expresó que la justicia penal del adolescente debe estar orientada a la paz social a fin de prevenir los hechos delictivos.

De esta manera, explicó que deben plantearse medidas para la resocialización del adolescente que infrinja la ley, tomando como base el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece la participación de los ciudadanos en los programas de prevención.

11.286 actos conclusivos

La Fiscal General de la República también informó que el MP presentó de enero a septiembre de 2011, 11.286 actos conclusivos sobre casos del sistema de responsabilidad penal del adolescente.

Explicó que hubo 5.769 acusaciones y se lograron 707 sentencias condenatorias, además de 270 conciliaciones promovidas por el MP.

Ortega Díaz expresó que la institución que dirige, tiene 47 fiscalías especializadas en el Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente, las cuales cuentan con 115 fiscales, entre principales y auxiliares, aunado a dos fiscalías con competencia en ejecución de sanciones en la citada área.

Resaltó que mediante una gestión transformadora, el MP continúa creando despachos fiscales para dar respuesta efectiva a los sectores vulnerables de la población venezolana.

Recordó que este año fue creada la Dirección para la Defensa de la Mujer, acción que permitió descongestionar de manera efectiva la Dirección de Protección Integral de la Familia, la cual maneja causas relacionadas con niños y adolescentes.

Ortega Díaz expresó

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