Informe

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento  y Formulación  del Problema

A nivel mundial y principalmente en los países en vías de desarrollo, las sociedades modernas exigen de cada Estado acciones dirigidas a la consecución de los fines del colectivo social para el  bienestar de todos los individuos que lo forman, es por ello, que  muchas veces requieren  de una organización que pueda servir a los intereses de la sociedad a la que se debe, de esta forma percibir los cambios que se producen  y responder con las variaciones  en la organización.

Paralelamente a estos desarrollos, la internacionalización de las economías ha impuesto nuevos retos a la administración financiera. La economía internacional ha tenido una mayor movilidad del capital de trabajo  con mayor satisfacción de los mercados internacionales relacionado con el dinero, por tanto, las instituciones portuarias se conciben como aquellas organizaciones incluidas en el sector servicios, cuyo objetivo principal es la gestión, el acondicionamiento, administración, desarrollo, mantenimiento, conservación y aprovechamiento de los bienes y servicios que comprenden la infraestructura portuaria, entendida como; según lo caracteriza.

 La Ley General de Puertos (2002). Gaceta Oficial Nº37589 de fecha 11 de Diciembre de 2002.

El conjunto de obras que conforman el ámbito operacional de los Puertos de uso Público propiedad de la República Bolivariana de Venezuela; con el propósito de garantizar el tránsito y comercio marítimo con seguridad, fluidez, eficacia, economía, calidad de Servicio y en beneficio de la comunidad, todo ello en el marco de la política socialista que dicte el Ejecutivo Nacional; pudiendo asociarse, cooperar o ejecutar actividades conexas relacionadas, necesarias para el desenvolvimiento, desarrollo y cumplimiento de su objeto social.

En tal sentido la gestión organizacional de la anterior ley  se ha empleado con frecuencias en la banca y las empresas como parte fundamental de la administración, ayudando a trazar las políticas a la gerencia en atención de las metas así como  sus objetivos  previstos con los  controles y registros que respaldan la gestión de la organización. Dentro de estos  procedimientos  contables  se encuentran las cuentas por cobrar.  

De acuerdo a los procedimientos contables, Camargo  y Delgado (2011)  se refieren a:

La serie de etapas sucesivas del ciclo contable que permite transformar datos contables en informes contables. El proceso comienza con la selección de los hechos económicos y continuos con su anotación en diversos registros hasta llegar a la emisión de los estados contables. (p.44).

Es decir los principios contables se establecieron para ser aplicados a la parte financiera como también a la administrativa. La contabilidad financiera deberá planearse para proporcionar información cuantitativa, comparativa y confiable a sus usuarios externos y la administrativa se planeará de acuerdo a las necesidades o preferencia de cada empresa, la cual podrá imponer sus propias regulaciones.

En Venezuela, el Estado busca  desarrollar, planes de acción, de trabajo que se relacionan básicamente con la recaudación de diferentes impuestos fiscales, el cual obliga a las personas naturales y jurídicas a pagar dicho impuestos es por ello que el estado realiza sus presupuestos anuales para así financiarlos con los impuestos recaudados, fundamentado en la actividad financiera con relación a las cuentas por cobrar o documentos por cobrar registra los aumentos e igualmente  las disminuciones derivados de la venta de conceptos distintos a mercancías o prestación de servicios, única y exclusivamente a crédito documentado (títulos de crédito, letras de cambio y pagarés) a favor de la empresa existiendo para ello programas que permiten  llevar a cabo las distintas  operaciones.

Plantea González, J.y Delgado, M  (2005). Las Cuentas y Documentos por Cobrar representan “derechos exigibles que tiene una empresa por las mercancías vendidas a crédito, servicios prestados, comisión de préstamos o cualquier otro concepto análogo.” (p. 87). Se puede decir, que toda empresa debe tener una adecuada política de crédito para lograr obtener ciertas ganancias, tomando en cuenta su efectividad en la administración de las cuentas por cobrar, así como la rentabilidad y riesgo de la organización.

En correspondencia a este tema, se presenta como escenario     Bolivariana de Puertos, SA (Bolipuertos, SA), está ubicado en Av. Soublette, Puerto de La Guaira Sector Consolidado A2-2 Muelle 18-20, Maiquetía Estado Vargas; el cual pertenece al sector de servicios públicos.

     Cabe destacar que la empresa objeto de este estudio aunque cuenta con un sistema informático por medio del cual se pueden realizar las operaciones de facturación, registro de cuentas contables y todo lo relacionado con sus actividades administrativas, el mismo no posee conexión en línea entre las diferentes dependencias relacionadas con la administración por lo cual la información no se transmite en tiempo real lo que atrasa y perjudica  el   funcionamiento del control de las cuentas por cobrar y este al ser procesado en forma manual se hace más lento, perjudicando el flujo de caja .

Ahora bien considerando que posterior a la facturación transcurre un lapso de tiempo durante el cual se siguen una serie de formalidades antes de que la factura emitida sea entregada a  la Unidad de Crédito y Cobranzas, se debe mencionar  que el control aplicado a las cuentas por cobrar  carece de validez, sin llegar alcanzar los niveles de eficiencia y por ende el cumplimiento de los objetivos de la organización. Esto repercute de manera significativa en los resultados pues las decisiones no siempre se toman con la base de una información confiable para la evaluación acertada de los riesgos a gestionar.

En Bolivariana de puertos se facturan aproximadamente Bs 179,716,618.38 mensuales, de este monto un 75.6% representan las ventas de contado, el 24.4%  las ventas a crédito, en este sentido las ventas generadas diariamente son distribuidas de acuerdo a su condición de pago que vienen dadas dependiendo el tipo de crédito otorgado al usuario, siendo enviadas a la unidad de cuentas por cobrar para su respectiva gestión de cobranza,  entre este tipo de cuentas existen una considerable cantidad de clientes a quienes se les asigna un plazo de entre 15 a 90 días para su pago, lo que requiere registros distintos.

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