Justicia En Mexico

El sistema de justicia en México, en vez de enjuiciar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos, con frecuencia castiga a las víctimas, mientras los responsables casi universalmente gozan de impunidad. Ofrece incentivos para el uso de la tortura para obtener confesiones; se presta a la manipulación como herramienta para criminalizar la protesta social; discrimina a los grupos vulnerables, como los miembros de las comunidades indígenas; y no respeta el principio de la presunción de inocencia.

Pese a la prohibición legal de la tortura referida por el Estado en sus respuestas a la lista de cuestiones elaborada por el Comité, en México se concede valor probatorio de manera rutinaria a confesiones rendidas ante autoridades distintas a la judicial, lo que incentiva el uso de la tortura por dichas autoridades y propicia la condena de personas cuya culpabilidad no haya sido demostrada. Es común que la carga de la prueba para demostrar que hubo tortura recae en la víctima, y existen certificados médicos y otras diligencias oficiales que asientan información incompleta o falsa al respecto. Si bien durante 2008 fue adoptada en México una reforma constitucional que podría contribuir a revertir las prácticas referidas, aún no entra en vigor. Por lo tanto, instamos al Comité a recomendar que el Estado implemente reformas inmediatas para impedir que se conceda valor probatorio a las declaraciones rendidas ante autoridades distintas a la judicial.

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