La Justicia En Mexico

Intervención oral del Centro Prodh, 98ª sesión del Comité de Derechos Humanos

El sistema de justicia en México, en vez de enjuiciar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos, con frecuencia castiga a las víctimas, mientras los responsables casi universalmente gozan de impunidad. Ofrece incentivos para el uso de la tortura para obtener confesiones; se presta a la manipulación como herramienta para criminalizar la protesta social; discrimina a los grupos vulnerables, como los miembros de las comunidades indígenas; y no respeta el principio de la presunción de inocencia.

Pese a la prohibición legal de la tortura referida por el Estado en sus respuestas a la lista de cuestiones elaborada por el Comité, en México se concede valor probatorio de manera rutinaria a confesiones rendidas ante autoridades distintas a la judicial, lo que incentiva el uso de la tortura por dichas autoridades y propicia la condena de personas cuya culpabilidad no haya sido demostrada. Es común que la carga de la prueba para demostrar que hubo tortura recae en la víctima, y existen certificados médicos y otras diligencias oficiales que asientan información incompleta o falsa al respecto. Si bien durante 2008 fue adoptada en México una reforma constitucional que podría contribuir a revertir las prácticas referidas, aún no entra en vigor. Por lo tanto, instamos al Comité a recomendar que el Estado implemente reformas inmediatas para impedir que se conceda valor probatorio a las declaraciones rendidas ante autoridades distintas a la judicial.

Las diversas fallas estructurales del sistema penal son sufridas con mayor intensidad por grupos vulnerables como los pueblos indígenas y los pobres. Ejemplo de ello es el caso de las mujeres indígenas Alberta Alcántara y Teresa González del estado de Querétaro, sentenciadas el mes pasado a 21 años de prisión por el supuesto secuestro de 6 agentes federales armados, un delito fabricado como represalia a la protesta que su comunidad realizó por los abusos cometidos por las autoridades. No se les garantizó el derecho a un intérprete. El juez, después de avalar las declaraciones contradictorias presentadas por los agentes federales, quienes fungían como supuestas víctimas, testigos e investigadores al mismo tiempo, resolvió que “Alberta y Teresa no han podido desvirtuar las acusaciones que pesaban en su contra”, es decir, presumió su culpabilidad. La única prueba en contra de las mujeres: una foto en donde aparecen junto con otras personas, ninguna de la cual está cometiendo acto ilícito alguno. El mensaje: basta con exigir pacíficamente un alto a los abusos de las autoridades, basta con ser una mujer indígena, para ser encarcelada por 21 años, siendo inocente. Invitamos al Comité a preguntar al Estado sobre este caso.

Mientras el sistema de justicia no duda en presumir la culpabilidad de los grupos vulnerables en casos

...