Justicia Electoral En Mexico

JUSTICIA ELECTORAL

La equidad electoral ha sido durante muchos años, particularmente en el presente siglo, un tema que divide y provoca los más ríspidos debates entre los mexicanos, ya se trate de elecciones locales o federales. Por ello, es un acierto llevar a cabo este foro, como una muestra generosa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para discutir los temas político electorales, en el marco de los veinte años de justicia electoral en nuestro país.

El regreso en este año de prácticas fraudulentas del peor estilo, el incremento del abstencionismo, el descrédito de las autoridades electorales, está provocando que los comicios dejen de ser libres y equitativos. Pero lo peor, que pierdan el reconocimiento social de ser el más valioso recurso de la paz pública.

El señalamiento es porque se percibe en algunas entidades federativas que sólo determinadas élites políticas y económicas agotan en las elecciones sus posibilidades de participación y articulan de esa forma sus intereses.

Me parece que al proceso político mexicano le sigue faltando el espacio necesario para resolver los conflictos de carácter fundamental.

La confrontación social se puede incrementar por asuntos electorales y resultará peor si además no se resuelve ya la desigualdad económica que se vive en muchas regiones de la nación.

Los actuales tiempos son de mucha complejidad, pero la enseñanza de los procesos históricos debe ayudar a la toma de decisiones.

La experiencia negativa de nuestros procesos eleccionarios nos señala que nuevamente necesitamos recuperar la esencia de la lucha por el poder. Partidos y candidatos deben enseñar a la ciudadanía y al resto de los mexicanos el valor de la propuesta, de la diferencia y del respeto a la pluralidad entrando en contacto las veces que más puedan directamente con la sociedad entera.

Por otra parte, es necesario reconocer que la interacción de algunos empresarios con otros tantos gobernantes para, juntos, intervenir de manera ilegal en los procesos electorales (pongo, por ejemplo, los casos recientes en elecciones locales de Yucatán, Chihuahua, Baja California e Hidalgo) está generando, nuevamente como en los años más violentos de la historia electoral mexicana, una profunda desconfianza en la acción política. Por cierto, muchos de ellos se regodean de la descalificación que se hace sobre algunos políticos que defienden otras maneras de practicar la democracia.

Ciertamente, en México la población no acaba de descubrir la conexión directa entre los problemas económicos y sociales inmediatos y la esfera política. Pero como las elecciones siguen siendo la única referencia que tenemos para conocer el debate a las alternativas políticas, es preocupante que en el corto plazo esto ya no sucediera. La violencia puede aparecer en México,

por no encontrar a tiempo, como lo solicitaba Octavio Paz, la rectificación a muchos de nuestros extravíos históricos, entre ellos la revalorización de la política.

La justicia electoral es el referente para la protección de los derechos políticos de los ciudadanos y de los partidos políticos. Es también el apego de los actos de autoridad en materia electoral con las disposiciones constitucionales y legales.

Mediante la justicia electoral se procura dar certeza a la contienda electoral, para que la ciudadanía tenga la confianza de que los órganos de gobierno integrados por personas electas popularmente, son dirigidos por quienes se manifestaron los votantes.

Casi todas nuestras entidades comparten los elementos fundamentales o irreductibles de todo proceso electoral, como son: organismos electorales, participación ciudadana, electores, mecánica y cronología electoral, requisitos de elegibilidad, formatos de documentación electoral, conductas sancionables por la Legislación Electoral, órganos de calificación, causas de nulidad de votos, de votación en secciones, y de la totalidad de la elección, entre otros. Si bien existen diferencias precisas, tomando en cuenta el quehacer político de las entidades, entre las Leyes Electorales promulgadas entre los años 1917 a 1945, es evidente que desde entonces se inicia la tendencia a enriquecer la presencia y participación de los ciudadanos y de las organizaciones de éstos, así como el tratamiento a hechos y conductas que propician la orientación del sufragio, el manejo indebido de documentación electoral y la posibilidad de alterar resultados electorales, como se advierte de la regulación que hace el legislador en esos años sobre una cronología electoral, más rígida y clara, el diseño en el texto de la Ley de formas para la documentación electoral como las boletas y actas, y la aplicación de sanciones para el incumplimiento de los deberes electorales.

Al expedirse la Constitución Política de 5 de febrero de 1917, se introducen importantes cambios en la vida política electoral, a partir de los cuales las leyes de la materia desarrollan sus nuevos contenidos principios sobre los que descansa la forma de gobierno, republicana, representativa y popular, sino también la división de poderes; la elección periódica de los gobernantes; la elección directa del titular del Poder Ejecutivo, de los diputados y de los ayuntamientos; la integración del Poder Legislativo en razón del número de habitantes; los requisitos de elegibilidad para los cargos de elección popular; la ciudadanía estatal; el régimen de derechos y obligaciones de los ciudadanos, las causas de su pérdida y suspensión; la calificación de las elecciones de diputados y de gobernador por el Colegio Electoral de la Legislatura.

Consecuentes con las disposiciones constitucionales expedidas en febrero de 1917, la mayoría de las entidades federativas proceden a modificar su reglamentación electoral en la que se regulan las siguientes materias:

• Clases de elecciones en el Estado;

• Bases para las elecciones

• Ciudadanos que tienen derecho a votar y ser votados;

• Requisitos para ser Diputados

• Requisitos para ser Gobernador del Estado;

• Requisitos para ser miembro de un Ayuntamiento;

• De los conciliadores;

• De las secciones electorales;

• De los individuos que deben formar las mesas electorales;

• De las elecciones;

• De la computación de votos en las mesas electorales;

• De las juntas computadoras de votos para diputados;

• De la instalación de la Legislatura;

• De las elecciones de Ayuntamientos y Jueces Conciliadores;

• De las Juntas computadoras de votos para Ayuntamientos y Jueces Conciliadores;

• De las causas de nulidad de las elecciones;

• Disposiciones penales;

• De los partidos y clubes

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