LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

FERNANDO ARELLANO ORTIZ*

*Fernando Arellano Ortiz, es abogado y periodista colombiano. Además es autor de los libros Crónicas Negras del Poder y El otro Eje del Mal. Colabora con diferentes medios de comunicación de América Latina y actualmente dirige el periódico virtual www.cronicon.net.

A CARMEN ALICIA RAMÍREZ, MI MEJOR HALLAZGO

CONTENIDO

Introducción

Antecedentes y cronología

Características generales de la CPI

Disposiciones claves de la CPI

Jurisdicción de la CPI

14 Principios fundamentales sobre el

ejercicio eficaz de la jurisdicción universal

Soberanía del Estado frente a la jurisdicción universal

La responsabilidad penal individual

La responsabilidad penal por violación del DIH

aplicable en conflicto interno

Intervención humanitaria

Preguntas y respuestas sobre CPI y DIH

Evolución del DIH

Reos internacionales

Bibliografía

INTRODUCCIÓN

La justicia internacional en materia de Derechos Humanos comienza a tener aplicación, o por lo menos, el proceso para institucionalizar mecanismos que no dejen impunes los llamados delitos de lesa humanidad se abre paso cada día en forma inusitada.

La detención del general Augusto Pinochet, por la justicia británica, en Londres, el 17 de octubre de 1998 para iniciarle un proceso de extradición a España por crímenes de guerra y violación de derechos fundamentales, marcó un hito en lo que se ha denominado la internacionalización de la justicia penal.

Pero, así mismo, los actos de terrorismo en Nueva York y Washington ejecutados el martes 11 de septiembre de 2001 han replanteado las prioridades en cuanto a seguridad nacional de los Estados se refiere y, claro, la concreción de que la Corte Penal Internacional para juzgar delitos de lesa humanidad, sea una realidad en el corto tiempo, determina una nueva perspectiva en el derecho penal internacional.

Para algunos analistas ha comenzado una nueva modalidad de conflicto en el mundo caracterizado por el terrorismo. Por eso es que el tema de los derechos humanos y el respeto por el Derecho Internacional Humanitario cobra trascendencia en la nueva agenda del orbe. Sin embargo, el mundo ya ha recorrido algún trecho en cuanto a la implementación de mecanismos jurídicos y políticos que permitan castigar los llamados crímenes contra la humanidad.

En efecto, a pesar de que luego de la Segunda Guerra Mundial existieron los tribunales de Nüremberg y Tokio y que a finales del siglo XX se institucionalizaron los de Ruanda y la antigua Yugoslavia, el caso Pinochet y la creación de la Corte Penal Internacional mediante el Tratado de Roma aprobado abrumadoramente por 120 países en la Conferencia de Naciones Unidas el 17 de julio de 1998, marcan un trascendental precedente en cuanto al reconocimiento de una jurisdicción mundial para juzgar crímenes violatorios de los Derechos Humanos.

Y es que sobra decir que el mundo está cada vez más conectado, y así como se han globalizado la economía y las comunicaciones, también se está globalizando paulatinamente la ética política, los valores y la justicia.

Al comenzar el siglo XXI, los jueces se sienten parte de una cofradía mundial, pues son observados por sus pares o por organismos internacionales y ONGs a quienes ellos respetan, y por ello empiezan a tomar en cuenta la importancia y la trascendencia del respeto tanto de los derechos fundamentales como del Derecho Internacional Humanitario. Esto viene sucediendo en casos como los de Pinochet, Milosevic, Sharon, Kissinger, Hussein, Videla, Stroessner, Fujimori, Montesinos, y todos aquellos gobernantes o particulares que han incurrido en delitos catalogados como de lesa humanidad. Pero, al mismo tiempo, están en debate y discusión hechos atroces como los crímenes rusos en Chechenia, los delitos cometidos por gringos en Somalia, los desafueros que se le imputan a Yasser Arafat en el Medio Oriente, los bombardeos de la OTAN contra Irak y los Balcanes, la desmedida represión de los gobernantes de China, las atrocidades coloniales de Francia y Bélgica en el reciente pasado, los horrores de la España franquista, las desapariciones ordenadas por las dictaduras del cono sur latinoamericano, y, por supuesto, todos las dolamas del inveterado conflicto armado colombiano.

LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

El 11 de abril de 2002 se consignaron ante la ONU las ratificaciones (se requerían 60) que faltaban por parte de varios países miembros del Tratado de Roma para crear un nuevo tribunal de justicia para el mundo. Amnistía Internacional y la Coalición por la Corte Penal Internacional fueron, principalmente, las Organizaciones No Gubernamentales más interesadas y efectivas en lograr su total aprobación, para lo cual desplegaron intensas actividades, encuentros y seminarios alrededor del mundo.

El establecimiento de la Corte Penal Internacional (CPI) persigue los objetivos de los múltiples tratados internacionales encaminados a proteger de forma eficaz a la población en casos de conflictos armados, exterminios o masacres por razones de tipo racial, político, religioso o económico.

La Corte pretende disuadir a los criminales potenciales con su simple existencia e impedir que quienes violen los derechos fundamentales escapen a la responsabilidad de sus actos. Durante la época de la «guerra fría» no se habría podido crear ningún tribunal similar en el seno de las Naciones Unidas, pero tras los cambios mundiales experimentados a principios de la década de 1990 se pudieron concretar gracias a las decisiones del Consejo de Seguridad de 1993 y 1994, dos tribunales internacionales a partir de los conflictos en la antigua Yugoslavia y en Ruanda.

Estos tribunales tienen su antecedente en los esfuerzos realizados desde principios del siglo XX para limitar las

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