“LA INDEPENDENCIA JUDICIAL COMO GARANTÍA DE LA DIVISIÓN DE PODERES”

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

MARZO, 2021.

“LA INDEPENDENCIA JUDICIAL COMO GARANTÍA DE LA DIVISIÓN DE PODERES”.

Por disposición expresa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado mexicano se constituye en una República representativa, democrática, laica y federal, y se divide en tres poderes para su ejercicio.

La figura de la división de poderes nace como respuesta a los abusos de los Estados absolutistas, no obstante, Aristóteles ya sostenía que los elementos principales del Estado eran la rama legisladora, los funcionarios administrativos y los tribunales, aunque materialmente no existía una clara distinción.

Después, John Locke propuso la creación de tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Federativo, sin embargo, estableció que los dos últimos siempre estarían unidos.

Esos pensamientos fueron recogidos por Montesquieu en su obra “El Espíritu de las Leyes”, quien planteó la división de los tres poderes como los conocemos actualmente, con la finalidad de establecer un sistema de límites al poder Estatal.

Por su parte, el Poder Judicial es quien se encarga de Administrar Justicia, a través del principio de independencia, y precisamente es éste el punto toral del presente trabajo, pues es este poder quien se encarga, por medio del bloque de constitucionalidad, de ser el mayor contrapeso de los otros dos.

El Código de Bangalore sobre la Conducta Judicial enfatiza la importancia de este principio como garantía del debido proceso, al traducirla como una nota distintiva que visibiliza la soberanía.

No obstante, aun y cuando este principio es fundamental para el ejercicio del sistema de pesos y contrapesos del que hablaba Montesquieu, el régimen federalista mexicano impide su plena realización.

Desde 2013 ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adelantó la problemática sobre la autonomía presupuestaria de los operadores de justicia en América Latina frente a los diversos poderes.

Lo anterior se ha recalcado en los últimos años, pues México, bajo una política de “austeridad”, ha recortado en diversas ocasiones el presupuesto de los entes públicos, debido a que su asignación depende de la propuesta del Ejecutivo y la autorización del Legislativo; afectando gravemente al Poder Judicial, a pesar de existir prohibición expresa en el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

De lo anterior, se traduce en una intromisión de los Poderes Estatales en el Poder Judicial que, podrían incidir de tal forma que, sus titulares se pudieran ver obligados a corromper su independencia con el objeto de no verse afectados.

Finalmente, llama la atención la forma de designación de los Ministros y Ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que intervienen los otros poderes, sin que el procedimiento cuente con un análisis objetivo sobre la capacidad, conocimientos y habilidades de las personas a designar.

En ese mismo sentido, cobran relevancia las recientes decisiones del Tribunal Electoral, mediante las cuales ha invalidado los procedimientos de designación de titulares de los órganos de control interno de los Tribunales de las entidades federativas por considerar ser contrarias a la independencia y autonomía.

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