LA PENA DE MUERTE COMO UNA ALTERNATIVA PARA DISMINUIR EL ALTO INDICE DE CRIMINALIDAD EN MÉXICO

LA PENA DE MUERTE COMO UNA ALTERNATIVA PARA DISMINUIR EL ALTO INDICE DE CRIMINALIDAD EN MÉXICO

El derecho penal y penitenciario ha tenido una evolución en relación a su aplicación, lo que ha permitido la contemplación de analizar con mayor detenimiento la función que cumple la pena como beneficio social posible, hasta articular el crimen en un extremo y la pena en el otro, ya que ambos se encuentran relacionados con la delincuencia; sin embargo, hay que hacer notar la necesidad de construcción de un sistema penal más democrático y, en ciertos casos, más imperativo.

Si se tomó en cuenta el secuestro como elemento de los delitos graves, fue con la idea de clarificar la gravedad de un delito que comúnmente se inicia con la privación de libertad en la víctima, posteriormente involucra otras actividades delincuenciales que le transfieren en la víctima graves consecuencias y que con frecuencia derivan en su ejecución o muerte. Esto demuestra la presencia de un proceso donde los encargados de cometer el acto emplean el tiempo suficiente para idear, preparar, ejecutar y consumar el delito (iter criminis), por lo tanto, no es posible argumentar en favor del delincuente el desconocimiento de su causa y sus efectos; por el contrario, puede definirse en este tipo de delincuente la presencia de una psicopatología digna de ser estudiada a profundidad, con la finalidad de buscar la mejor solución en la penalización de sus actos, todo ello en beneficio de una sociedad que no tiene necesidad de individuos de esta naturaleza.

El delito de secuestro, de acuerdo a las estadísticas, en México ha tenido un incremento considerable en las últimas décadas, últimamente se relaciona con las actividades que desempeñan los grupos denominados "delincuencia organizada". El narcotráfico, como es sabido, utiliza grandes redes desde organización muy amplias, interconectadas en amplias regiones que rebasan las fronteras de diferentes países, su influencia ha afectado puntos neurálgicos sociales hasta involucrar a las mismas autoridades encargadas de la protección civil.

La vigencia del Estado de Derecho depende, fundamentalmente, de la confianza de la ciudadanía en su gobierno y en las leyes que lo rigen. Para ello es indispensable una actuación íntegra y transparente de la autoridad, que brinde a los ciudadanos la certidumbre de que cuentan, en todo momento, con instituciones que garantizarán el respeto a sus derechos mediante la aplicación de la ley. Es también obligación del Estado promover la adecuación del marco legal para que éste sea justo y responda a la realidad nacional, de manera tal que la ciudadanía esté convencida de que su interés está mejor protegido dentro de la legalidad que al margen de ella.

La sociedad quiere un México en el que haya leyes modernas, suficientes, claras y sencillas que normen de manera efectiva todos los ámbitos de la vida nacional, quieren que

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