LA RESOLUCION 1540 : EL PAPEL DE LOS PARLAMENTOS NACIONALES

LA RESOLUCION 1540 : EL PAPEL DE LOS PARLAMENTOS NACIONALES

Francisco Márquez de la Rubia

Marzo 2016

Introducción

A diferencia de otros esfuerzos realizados con anterioridad a nivel mundial en la  gestión de armas de destrucción masiva tales como el  Tratado No Proliferación Nuclear (1968), la Convención sobre Armas Químicas (1993) o la Convención sobre Armas Biológicas (1972), la Resolución 1540 (R 1540)^[1]  del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) adoptada al amparo del capitulo VII  de la Carta ONU resulta realmente relevante, tanto por su objeto como por sus destinatarios principales^[2]. Como tal, sin duda, ha constituido el paso más importante dado en las últimas décadas en la batalla contra la proliferación de armas de destrucción masiva.

El trabajo del Parlamento español durante la década transcurrida ha sido fundamental puesto que en el ejercicio de su labor legislativa (junto con la producción de carácter reglamentario del Ejecutivo) ha venido aprobando la normativa que constituye en estos momentos el cuerpo legal de referencia para la implementación y correcto cumplimiento de la R1540.  

El camino recorrido hasta ahora en una década de intenso trabajo debe permitir aportar sugerencias y recomendaciones para un ejercicio mas pleno y profundo de las funciones parlamentarias.

Un nuevo escenario legislativo y parlamentario

 La reciente aprobación de la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional (LSN)^[3] debería contribuir con todo su potencial a impulsar los esfuerzos para asegurar el cumplimiento eficaz y la aplicación extensiva de los términos y objetivos de la resolución. En este sentido la misma LSN comienza por señalar a las Cortes Generales como (entre otros) órganos competentes en materia de Seguridad Nacional (LSN art 1.a) ). Se concreta y se refuerza un papel que el legislador ostentaba ya de forma fáctica en razón de sus propias competencias constitucionales pero que a partir de ahora se hace especifico y proactivo. La participación de las cámaras se hace efectiva mediante  la creación de una Comisión Mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional (LSN art 2)^[4]. Corresponde a las Cortes por tanto, a partir de la aprobación de la LSN, funciones específicas, hasta ahora no bien reguladas, directamente relacionadas con la R1540.

Esa loable originalidad de la R1540 en su dualidad como acuerdo internacional y como elemento práctico de intervención y su carácter de documento asimilable a Convenciones o Tratados Internacionales, pone de manifiesto  la importancia del Parlamento. Corresponde al Congreso de los Diputados la autorización para la ratificación de los tratados internacionales suscritos por España, condición necesaria para su plena vigencia; le corresponde también la aprobación de todas aquellas normas con rango de Ley que estén dirigidas a la implementación (en la materia que nos ocupa) de la R1540 bien sea por iniciativa propia o a iniciativa del poder ejecutivo ( lo que es más habitual por razón de la materia y por las particularidades de nuestro sistema parlamentario) .

En la revisión de las normas legales en vigor y en la aprobación de nuevos textos el Parlamento deberá cumplir sus funciones: El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el pasado año en una resolución en la que establecía el mandato de “revisión integral de la R1540” ^[5] apeló a todos los Estados a que incrementaran sus esfuerzos para aplicar la resolución, y a que se centraran en las áreas donde las medidas adoptadas puedan ser reforzadas, con el fin de lograr su plena aplicación para el año 2021. Es esta una labor en la que debe implicarse España a través de todos sus actores en materia de seguridad.

  En esta década trascurrida se han desarrollado herramientas para guiar a los Estados en sus esfuerzos de implementación que serán útiles para esa revisión integral. Como ejemplo destacado:  la” Guía legislativa para la aplicación de la Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de la ONU”^[6] aprobada en 2014 que  identifica y organiza en un solo documento las leyes modelo, los llamados  kits de implementación así como manuales para ayudar a los Estados en la aplicación de los instrumentos internacionales de cumplimiento de acuerdos en materia nuclear, radiológica, bacteriológica o química (NRBQ)  con el fin de evaluar en qué medida la legislación de un Estado cumple con los requisitos de acuerdo con los tratados NRBQ y la Resolución.

Siendo estas las funciones más evidentes de nuestro Parlamento, no son las únicas que corresponden a un cuerpo legislativo en un sistema democrático de corte occidental. Esas funciones se compatibilizan con otras que, quizás por ser menos conocidas, pasan a veces desapercibidas, pero que pueden y deben tener  un papel importante en el proceso de implementación continua (“on the run implementation”) , que apoya Naciones Unidas, entendiendo como tal la continua iniciativa por mejorar el sistema instando a todos los actores implicados a producir en su respectivo ámbito de decisión las modificaciones o innovaciones necesarias para ello. Y en ese sentido por tanto, el resto de funciones constitucionales deben ser potenciadas en beneficio del objetivo común ratificado por España en la R1540.

La condición de los parlamentarios de ser los representantes directos de la ciudadanía, en el sentido más amplio del término, imbuye al Parlamento de una fuerza no comparable a la de ningún otro de los poderes constitucionales. Esa característica de representantes del pueblo elegidos directamente por los ciudadanos les diferencia de otros representantes de la sociedad civil que no cuentan evidentemente con ese carácter y que responden a intereses sectoriales o particulares. A su vez esa característica permite al Parlamento enlazar de forma legitima y directa con esos representantes sectoriales de la sociedad civil para poder cumplir su función con plenitud, dando cauce además a aspiraciones legitimas, a la visualización de iniciativas difícilmente trasladables por otro método, y a la contribución a una mejora integral de determinados ámbitos de reflexión.

El parlamento en su función de impulso de la acción del ejecutivo:

  El impulso a la acción del Ejecutivo se lleva a cabo de forma directa mediante instrumentos concretos  entre los que se encuentran las comisiones de estudio en las que comparecen los expertos que en cada caso se puedan considerar convenientes y que permiten al Parlamento reflexionar y adoptar posiciones sobre mejoras en el sistema. La gran aportación de un foro de estas características es la incorporación del elemento de pluralidad política consensuada en el impulso a la acción del ejecutivo. En políticas de Estado como se considera a las políticas de seguridad y de defensa, y más concretamente en aspectos tan sensibles como el control de la no proliferación de armas de destrucción masiva, parece absolutamente recomendable incorporar a la reflexión, al análisis por tanto de la comprensión del fenómeno y de las acciones necesarias, a todas y cada una de las opciones políticas que representan a una sociedad plural y diversa.

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