LAS COOPERATIVAS DE VENEZUELA

LAS COOPERATIVAS DE VENEZUELA

A partir del año 2.000 comenzó un proceso desbordado de legalización de cooperativas sin mediar procesos educativos ni proyectos productivos, promovidas por el gobierno como parte fundamental de sus misiones político-sociales. Los números que da la Superintendencia Nacional de Cooperativas son confusos: van desde un máximo de 155.000 legalizadas, pasando por 131.581, llegando a un mínimo de 118.000 cooperativas con hasta 1.500.000 asociados (generalmente cabezas de familia). Afirma que el 5.2% del empleo lo generan las cooperativas, pero se desconoce el número detallado de empleos, volumen de operaciones, capital cooperativizado, valor agregado, etc.

Sin embargo, los datos preliminares del Censo cooperativo de 2006 arroja 37.552 cooperativas (no cuentan las de la misión “vuelvan caras”, sin saberse porqué razón) lo que indica que subsiste un 28 % de las cooperativas legalizadas y han fracasado el 72% (96.480 entidades) lo que significa que 1.080.000 familias han sufrido un impacto negativo directo por la desaparición de las cooperativas que de alguna manera conformaron.

2. Características:

En términos generales, las cooperativas recientes (después del 2000) que funcionan en el país se encuentran irregularmente distribuidas dentro del territorio nacional, estando concentradas la mayor parte de ellas en algunas zonas del país (región centro-norte costera); desarrollan sus actividades económicas en el sector de los servicios (más del 75%) y poco en la producción; son de muy pequeño tamaño en cuanto al numero de asociados (5 en promedio) lo que dificulta que sean consideradas como empresas verdaderamente rentables; están casi absolutamente infracapitalizadas por parte de sus asociados, dependiendo en su totalidad del financiamiento público; no cuentan con asistencia técnica efectiva, de proyectos productivos, de programas de educación y de entrenamiento profesional serios, de plan de negocios, ni de mecanismos de comercialización de sus productos; sufren de una gravísima carencia de integración entre ellas, lo que les impide ejercer la fuerza que organizadamente podrían tener; y carecen de real autonomía, dependiendo de las políticas, planes y financiamiento del gobierno, quien las utiliza para implementar sus programas de corte populista.

3. Marco legal

Aunque la Constitución de 1999 otorga a las cooperativas un marco constitucional de real avanzada, sin embargo, la ley que las rige (Ley Especial Asociaciones Cooperativas) adolece de graves errores de concepción, a saber: la forma básica de todas las cooperativas (incluidas las de obtención de servicios) está sesgada hacia un modelo cooperativo de trabajo colectivo igualitario (modelo Cecosesola, por cierto, exitoso en Barquisimeto) pero de no aceptación mayoritaria en el resto del país; se separa de los principios universales de la cooperación al aceptar sistemas de votación diferentes al personal, imponer el carácter igualitario y no equitativo de los recursos económicos y permitir el reparto de retornos en proporción al capital. Caracteriza a una entidad como cooperativa no por el cumplimiento de los principios, sino por el hecho de no tener asalariados permanentes y no distribuir entre los asociados los excedentes de operaciones con terceros, lo que –por cierto- es de incumplimiento general.

Además, el ordenamiento jurídico prohíbe a las cooperativas efectuar operaciones bancarias, actuar como entes aseguradores, manejar fideicomisos y obtener concesiones mineras y de operaciones en zonas francas, entre otras limitantes.

La Ley de los Concejos Comunales crea unos Bancos Comunales bajo la forma de cooperativas, operadores financieros de los mismos, sin la menor autonomía ni poder de decisión propio, el que está centralizado en la Presidencia de la República, y los que deberían haber adoptado la forma jurídica de fundaciones, más adaptadas a sus requerimientos.

4. Modelos cooperativos:

Podríamos decir que en la actualidad hay cinco modelos de cooperativas en el país:<

a) Las tradicionales: constituyen la continuidad de las existentes antes del 2000, muchas de las cuales tienen más de 30 años funcionando y que no han experimentado cambios significativos en su actividad. Muy pocas de ellas han querido recibir financiamiento gubernamental en razón de querer mantener su autonomía e independencia;

b) Las mercantiles, también llamadas “de maletín” constituidas como migraciones de empresas mercantiles que emplean la forma cooperativa para obtener financiamiento público no reembolsable, sin proyecto y muchas veces sin garantías. Obtienen créditos por amiguismo o mediante otras formas no muy respetables que digamos;

c) Las simuladoras de cooperativas de trabajo asociado, utilizadas por empresarios tanto del sector público como empresas privadas para precarizar el trabajo asalariado y restar fuerza al sindicalismo organizado:

d) Las revolucionarias, constituidas por iniciativa de dependencias públicas de toda índole para la tercerización de la prestación de servicios de baja tecnología y de alto empleo, que constituyen verdaderos mecanismos de encuadramiento partidario de sectores populares “anteriormente excluidos”, según el lenguaje en boga;

e) En el medio agrario, cooperativas colectivas para la producción de recursos agroalimentarios de consumo básico, de rentabilidad nula y de muy corta duración, ya que son escasamente financiadas (solamente lo han sido un 15% de ellas según estadísticas públicas) y no tienen canales de comercialización propios con lo que se diluyen sus esfuerzos.

Dentro de todas ellas, ciertamente hay un número aún no determinado –aunque minoritario- que funcionan regularmente y pueden ser consideradas como verdaderas cooperativas.

5. Fomento

a) El financiamiento ha sido el eje central del fomento cooperativo por parte del gobierno, ejecutado por muy diversas entidades públicas, sin una política nacional central o unitaria, ni mecanismos

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