LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES

La Ley Federal de Entidades Paraestatales incluye a la totalidad de los organismos públicos descentralizados, a las empresas de participación estatal, los fideicomisos, así como otras actividades económicas; sin embargo, excluye de su ordenamentación a las universidades, a las instituciones de educación superior a las cuales la ley que las regula otorga autonomía, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Procuraduría Federal del Consumidor (artículo 3, LFEP) debido a sus objetivos y a la naturaleza de sus funciones. Esta exclusión obedece a la circunstancia de que tales instituciones se rigen por leyes orgánicas que les son propias y con la finalidad de proteger derechos particulares de los sectores a los cuales regulen. Su propósito es garantizar las bases jurídicas, administrativas y técnicas de los sectores comprendidos en el marco de dichas instituciones.

ÓRGANOS DE GOBIERNO

La administración de cada entidad paraestatal se encuentra a cargo de un órgano de gobierno que podrá serlo: una junta de gobierno, una administración central o su equivalente, y un director general. El órgano de gobierno se integrará, cuando menos, con cinco miembros propietarios y sus respectivos suplentes, sin exceder de quince los miembros propietarios. La junta o el cuerpo administrativo equivalente, la presidirá el titular de la dependencia coordinadora del sector al cual se encuentre incorporada la empresa; o la persona que ésta designe (artículos 17 a 19).

Los consejeros deberán reunirse cuatro veces al año, por lo menos, sin perjuicio de hacerlo con menor periodicidad o en cuantas ocasiones estimen conveniente. Las sesiones, para tener validez legal, se celebrarán con la presencia de la mitad más uno de los miembros que integren el órgano de gobierno, siempre que la mayoría de los asistentes sean representantes de la administración pública federal. Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes (artículo 20).

ARTICULO 2o.- Son entidades paraestatales las que con tal carácter determina la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

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