LOS PADRES, PRIMEROS Y PRINCIPALES EDUCADORES DE SUS HIJOS

No resulta muy difícil entender que —como tantas veces se ha afirmado—: los padres

son los primeros y principales educadores de sus hijos. Al dar la vida, los padres reciben la

responsabilidad no sólo de nutrir y satisfacer las necesidades materiales y culturales de sus

hijos, sino, sobre todo, el deber-derecho de ser los principales educadores de sus hijos. Se

trata de un deber y de un derecho esencial, primario, insustituible e inalienable3. Esta responsabilidad,

por lo tanto, no puede ser delegada a otras instituciones que, lejos de suplantar

la misión educativa de los padres, se deben poner a su servicio.

La educación familiar empieza con una relación fuerte y cariñosa entre los propios

padres. Ser padres no es algo que pueda hacerse de forma aislada, sino que ocurre dentro

de las familias en las que hay cariño, confianza y respeto. Independientemente de

que una familia esté compuesta por tres, por seis o por diez personas, la calidad de las

relaciones entre ellas es crucial para el bienestar de todas y cada una de ellas en particu-

2 P. J. VILADRICH. El valor de los amores familiares, Madrid, 2005.

3 La Declaración Universal de Derechos Humanos (10-XII-1948), en el artículo 26 señala el derecho

de los padres a elegir la educación que prefieren para sus hijos, y es más significativo aún el hecho de que los

firmantes incluyan este principio entre los básicos que un Estado no puede negar o manipular. La educación

es una actividad primordialmente paterna y materna, cualquier otro agente educativo lo es por delegación de

los padres y subordinado a ellos. Los padres son los primeros y principales educadores de sus propios hijos, y en

este campo tienen incluso una competencia fundamental: son educadores por ser padres.

Son múltiples las razones que justifican el interés de los poderes públicos por la enseñanza. Desde el

punto de vista práctico, es un hecho contrastado a nivel internacional que el crecimiento efectivo de la libertad

y el progreso socio-económico de las sociedades se basa en la necesidad de que los poderes públicos garanticen

un cierto nivel cultural en la población; pues una sociedad compleja sólo podrá funcionar correctamente si se

da una adecuada distribución de la información y los conocimientos proporcionados para su oportuna gestión;

así como la suficiente comprensión de las virtudes y de las normas que posibilitan la convivencia civil y condicionan

los comportamientos individuales y colectivos.

Basta pensar, por ejemplo, en la importancia de combatir el analfabetismo para mejorar la justicia social,

para entender que el Estado tiene poderes, funciones y derechos indeclinables en materia de promoción y

difusión de la educación, a la que todo

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