La Teoría de la Hacienda Pública

La Teoría de la Hacienda Pública señala, desde la perspectiva más genérica, tres fun­

ciones por las que la intervención pública en la economía queda justificada. La primera es garantizar

la asignación eficiente de recursos en terrenos donde el mercado no alcanza resultados óptimos en el

sentido de Pareto; como es bien sabido, en presencia de fallos de mercado, la asignación descentra­

lizada de recursos no logra el mejor resultado posible en términos de bienestar social.

La segunda razón por la que el sector público se encuentra respaldado para participar en

la actividad económica reside en la corrección de las desigualdades que la distribución de la renta

llevada a cabo por el mercado puede generar; en la medida en que esta distribución se encuentra

ligada a la productividad de los factores, el resultado alcanzado en una economía descentralizada

puede ser incompatible con el cumplimiento de determinados principios de justicia social.

El tercer argumento que fundamenta la actividad pública en una economía de mercado

se basa en la promoción y mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, esto es, de unas condi­

ciones adecuadas para que el comportamiento de los agentes privados derive en una senda de cre­

cimiento económico equilibrada.

En este contexto, la inversión pública, entendida como formación bruta de capital llevada

a cabo por las Administraciones Públicas, se configura como una dimensión de la intervención pública

en la economía que integra la consecución de los tres objetivos anteriormente señalados. En primer

lugar, determinados bienes de capital público presentan características de bienes públicos puros

(piénsese en el clásico ejemplo del faro de mar), con lo que su provisión eficiente por parte del mer­

cado no está garantizada. Del mismo modo, infraestructuras como carreteras de media o baja capaci­

dad muestran rasgos propios de bienes públicos impuros, lo que impediría igualmente el

cumplimiento de las reglas de optimalidad en la asignación de recursos en caso de asumir el sector

privado su construcción y mantenimiento. También podríamos caracterizar la provisión de determina­

dos servicios ferroviarios y portuarios como monopolios naturales, uno de cuyos tratamientos en pos

de la eficiencia pasa por la producción pública de dichos servicios.

En segundo lugar, y en la medida en que la función pública de redistribución de renta y

riqueza sea enfocada desde una perspectiva geográfica, la inversión públic

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