La Transparencia en la contratación estatal

LA TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACION ESTATAL

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, la contratación estatal tiene como fin, “la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines”. El Principio de Transparencia, preside el procedimiento de selección o escogencia objetiva del contratista, instituido para garantizar el pleno desarrollo de los principios, entre otros de: Imparcialidad, contradicción, publicidad y moralidad. Esto implica, que la actividad contractual debe efectuarse de manera imparcial y objetiva, en igualdad de oportunidades y bajo el imperativo de la moralidad pública. La generalidad de la contratación estatal debe hacerse  mediante licitación, de acuerdo a procedimientos señalados para contratar con el Estado de manera que fueren accesibles a toda persona natural o jurídica que se considere con las capacidades necesarias para cumplir con el objeto de un determinado contrato.

La efectividad, legalidad y vinculación del principio lo revisten como un deber y derecho obligatorio para la contratación, de tal manera que las autoridades deben actuar de manera inteligible con la observancia necesaria en las reglas de selección objetiva. El pleno efecto del principio es evitar la comisión de delitos contra la administración pública como la celebración indebida de contratos, tráfico de influencias y atacar la corrupción; buscando garantizar la moralidad en la contratación. De esta manera la administración está en el deber legal de acatar la norma y dar cumplimiento pleno; en consecuencia el desconocimiento del principio está expresamente prohibido en el numeral 8 del artículo 24 de la presente ley expresando que: las autoridades no actuaran con desviación o abuso de poder y ejercerán sus competencias para los fines previstos en la ley.
Siendo este el principio rector de la contratación busca garantizar el debido proceso y dar soporte al principio de imparcialidad, responsabilidad, buena fe y economía. Igualmente orientar a asegurar el sistema de compras y contratación pública, obteniendo resultados óptimos a través de un proceso transparente y eficaz.

De acuerdo a lo anterior Colombia no es el ejemplo típico de transparencia en la contratación estatal. Su desarrollo y objetivo procesal han sido objeto de “mermelada”, tráfico de influencias, malversion de fondos, abuso de función publica etc. La corrupción es el factor principal de desperdicio en el manejo de los recursos de la región y obstaculiza el desarrollo económico, social y político. El legislador se ve en la necesidad de reglamentar y revestir de legalidad cada etapa del proceso y en su afán de cumplir y garantizar “transparencia” origina más leyes y más decretos, saturando el ordenamiento jurídico pero deteriorando la aplicabilidad de estos mismos. Si bien el principio de transparencia surgió como antítesis a la corrupción y entre más generalizada y extendida resulte la aplicación del principio menos serán los índices de corrupción. Este “cáncer” llamado corrupción debe atacarse externamente como internamente, de tal manera que el campo de maniobra de los funcionarios sea reducido y limitado para manejar los recursos públicos. No es suficiente con tener muchas leyes y malos índices; lo esencial es contar, apoyarse y efectuar una que reduzca y ataque totalmente la corrupción, garantizando efectividad. A pesar de que Colombia tiene el apoyo de ONG’S internacionales anticorrupción los escándalos siguen en aumento, el congreso es endémico y plagado de mermelada y el futuro del país cada vez más incierto. Tanto de la derecha como de la izquierda la corrupción es predicada al interior de sus guaridas, a través de un discurso pensado y maniobrado.

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