La corrupción: práctica de fuerte incidencia en el proceso de desarrollo

LA CORRUPCIÓN: PRÁCTICA DE FUERTE INCIDENCIA EN EL PROCESO DE DESARROLLO

           En la historia colombiana, el sistema económico se ha visto envuelto en un ambiente de corrupción propiciado por el Estado. Desde la época de la colonia, el sistema presentaba fallas legales y con síntomas de clientelismo. Luego, en el periodo de la República, la creación de monopolios por parte del Estado y la apatía de las instituciones frente a la problemática social favorecieron la corrupción. Posteriormente, en la época del Frente Nacional, se patrocinó la burocratización e ineficiencia de las instituciones en la búsqueda de bienestar del partido. A pesar que la Constitución del 91 desarrolló una serie de reformas para combatir la corrupción, igualmente se crearon vacíos en el sistema donde, el narcotráfico y el conflicto armado, jugaron un papel importante. Gracias a ambas problemáticas, se crearon leyes, programas, convenciones e iniciativas para mitigar el ascenso de prácticas ilícitas. Sin embargo, todavía hay vestigios de casos de corrupción que han afectado profundamente el desarrollo del país al involucrar el sector privado, la población civil y el Estado. Con base a lo anterior, se busca exponer los principales casos de corrupción en Colombia en los últimos años, para demostrar su profunda incidencia sobre el proceso de desarrollo. En el presente texto, se argumentará que para combatir la corrupción se necesita, por un lado, un programa gubernamental que disminuya la utilización de sobornos, al igual que, medidas orientadas a supervisar la utilización de recursos del Estado, y por otro lado, disminuir la influencia política en la demanda privada e impulsar programas para prevenir el soborno en la gestión empresarial. Para esto se expondrá, en primera instancia, un caso de soborno en Colombia y su respectiva solución basada en la transparencia en los procesos de concesión. Luego, se analizará el caso de Agro Ingreso Seguro y su impacto en el desarrollo en el campo. A continuación, se describirá la crisis que vive la justicia por el caso de Pretelt y sus repercusiones en el Estado. Finalmente, se argumentará la importancia de crear políticas empresariales para evitar la corrupción en el sector privado.

      El primer caso de corrupción corresponde al de los hermanos Nule a principios de 2010, el cual involucró el tráfico de influencias para la asignación de concesiones y beneficios a particulares de las políticas públicas. Esta forma particular de corrupción es comúnmente llamada “Lobby”, y de acuerdo al diccionario de la lengua española se refiere: a un grupo de personas influyentes organizado a presionar a favor de determinados grupos de interés^[1] [1]. Estos grupos de interés ocasionan varios daños a la sociedad, ya que crean sensación de desconfianza en la instituciones públicas y desigualdad al iniciar procesos licitatorios entre las empresas. Para combatir dicho problema, Nancy Abadala, magíster en administración, plantea que para acabar con esta práctica se debe contener mecanismos para dar publicidad y transparencia al proceso, incluyendo registro de los lobbyistas, las actividades desplegadas, temas objeto de cabildeo y sus clientes, incluyendo la obligación de éstos de revelar los gastos incurridos en esta actividad. (Abdala, 2012, pp. 68 – 68) Al aplicar estos mecanismos, se busca iniciar un proceso de saneamiento en la asignación de concesiones, donde prima la búsqueda del bienestar de la población y no de grupos  particulares.

        El segundo caso ocurrió en noviembre de 2006, con el inicio del programa Agro Ingreso Seguro (AIS), cuyo objetivo era incentivar la economía campesina para competir con el agro de Estados Unidos, tiempo después de haber firmado el TLC. Sin embargo, los recursos destinados a tales objetivos fueron otorgados a grandes y medianos productores, mientras que los pequeños productores (campesinos e indígenas), recibieron un pequeño porcentaje de crédito. Para evitar que casos como estos, socaven la oportunidad de progreso y con el fin de controlar de manera eficiente los recursos asignados por el Estado, es necesario

“disponer de un órgano de investigación y sanción, independiente y sin temas vedados, dotado de recursos para combatir la corrupción […] En cuanto a sus características internas, requieren tener libertad de investigar todas las áreas sin limitaciones, personal calificado, entrenado y bien remunerado, responsabilidad por sus  actuaciones y mecanismos efectivos de auditoría interna. Y, respecto de las condiciones externas, menciona estabilidad política y la gobernabilidad.”

(Abdala Tarud, 2012, pp. 77 – 78)

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