La educación sexual y su relevancia para los niños, niñas y adolescentes

La sexualidad es parte de la persona desde el nacimiento y un aspecto central del ser humano. Se encuentra en constante evolución a través de procesos biológicos, psicológicos y socio-culturales, por lo que influye en la identidad, en la personalidad y en la salud mental (Chile Crece Contigo, s.f.). Es así que la educación sexual es una formación para que los niños, niñas y adolescentes reconozcan en sí mismos las diversas actitudes que tienen o están construyendo en referencia a estos temas, como parte importante para la relación consigo mismos y con el resto, desde las primeras etapas de vida hasta su muerte (Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente, CEMERA, s.f. ).

De acuerdo a información entregada por CEMERA (s.f.), en el año 1970 aparece la primera publicación de una propuesta curricular para la educación sexual en Chile, lo que posteriormente fue eliminado con el Golpe Militar de 1973. A partir de 1992 se retoma la institucionalización y se elaboran diversos programas y estudios en las siguientes décadas por parte del Ministerio de Educación, Servicio Nacional de la Mujer y ONG’s privadas que participan en el sector privado y colegios católicos. La constitución vigente no contempla los derechos sexuales y reproductivos, sin embargo, en el año 2010 fue impulsada la ley 20.418 que regula la educación sexual en la enseñanza media en el ámbito de regulación de la fertilidad. A su vez, esta ley expresa que esta educación no puede realizarse en contra del derecho y deber de los padres de educar a sus hijos, respetando las creencias y formación de cada uno (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2010). En el año 2020 se impulsó el proyecto que modifica la ley 20.418 que daría obligatoriedad a los establecimientos educacionales a dar educación sobre afectividad y sexualidad, para abordar temas como abuso sexual, autocuidado, autoconocimiento y género, esto desde la educación parvularia. Lo último fue materia de gran debate, debido a que sectores conservadores expresaron su rechazo a la modificación por el intento de imponer una “ideología de género” y de “depravar” a las infancias, e incluso que estaría eliminando la autoridad de los padres por sobre los hijos (Candia, 2020).

En línea con lo anterior, los programas que han sido diseñados en Chile, han sido promovidos sin éxito, puesto que su implementación queda sujeta a elección de cada colegio y apoderados en base a la moralidad y creencias valóricas, lo que termina por tergiversar la información entregada a los estudiantes, sin fundamentos ni base científica que las respalde, además de que están sujetos al poder adquisitivo de cada institución para financiar estos programas (Candia, 2020). Al mismo tiempo, Candia (2020) plantea que desde una perspectiva histórica, Chile está en deuda con consagrar una Educación Sexual Integral, debido a que es una herencia histórica de la dictadura en sentido de la visión de mercado de la educación. También plantea que en los gobiernos del retorno a la democracia las políticas sobre sexualidad se cerraron en algo meramente reproductivo-sanitario, esto por las presiones de partidos conservadores, de la iglesia y las organizaciones “pro-vida”. Entonces, el problema de fondo sería que los programas que se plantearon en un principio como promoción de una sexualidad responsable que contribuyen al desarrollo de los individuos, han terminado acotados al abordaje de la genitalidad y prácticas sexuales, con graves sesgos en contenidos sobre género, identidad, orientación sexual, goce y placer, manteniendo un enfoque biologicista e incluso centrado en el control reproductivo y venéreo hasta el día de hoy (Candia, 2020).

La temática en cuestión es relevante para el Trabajo Social, en el sentido que se trata del ejercicio de derechos, ya no sólo de los NNA, sino que también es una cuestión de derechos humanos (Defensoría de la Niñez, 2020). Tal como se menciona en el párrafo anterior, se hace necesaria una Educación Sexual Integral que permita a los NNA ejercer sus derechos en base a la etapa de desarrollo en que se encuentren, aplicando una autonomía progresiva, uno de los principios de la Convención de

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