La inseguridad y el fracaso del Estado venezolano, por José Ignacio Hernández

La inseguridad y el fracaso del Estado venezolano, por José Ignacio Hernández

Tratando de reflexionar sobre la inseguridad en Venezuela, en el contexto de los dolorosos acontecimientos que hoy se nos presentan, recordaba al último artículo publicado por el jurista e historiador español Francisco Tomás y Valiente, que fuera publicado poco después de su asesinato a manos de ETA. El artículo tenía por título “Razones y tentaciones del Estado”.

En ese artículo, Tomás y Valiente explicaba la razón y justificación del Estado y explicaba cómo podía caerse en tentaciones cuyo efecto último era la destrucción de ese Estado. También podríamos considerar a esas tentaciones como signos del fracaso del Estado. Uno de esos signos es el abandono de la calle. Para Tomás y Valiente, “la calle es símbolo y realidad del Estado, escenario de libertades, ámbito de la paz y la seguridad de los ciudadanos”. Por ello, cuando se pierde la calle “”se pierde todo”, pues ello implica la pérdida de la paz. Y la paz —nos dice el autor— “es el fin primario del Estado”. Es decir, que si se pierde la paz se pierde al Estado.

La inseguridad en Venezuela no es un problema coyuntural ni consecuencia de un intento por ciertos sectores por sembrar el odio y la violencia. La inseguridad no es, tampoco, la exageración de ciertos medios que pretenden generar zozobra. La inseguridad en Venezuela es una realidad. Más allá: es la realidad de que el Estado venezolano falló. Pues, citando a Tomás y Valiente, un Estado que no pueda garantizar la paz y que no libra a los ciudadanos del miedo a andar por las calles (ese escenario de libertades) no puede ni siquiera ser llamado Estado.

En Venezuela no se conocen con objetividad cifras oficiales de los homicidios. Para 2013 el Gobierno estimó una tasa de 39 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que otras organizaciones estiman que la cifra supera los 70 homicidios. Sin embargo, el Informe del PNUD sobre Seguridad Ciudadana 2013-2014 no incluyó a Venezuela en el cuadro comparativo de homicidios. Incluso a pesar que, de acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica de la Administración Pública, la cifra de homicidios forma parte de la información cuyo acceso transparente debe ser garantizado por el Gobierno. Ocultar las cifras de homicidio en Venezuela no es una medida de lucha contra la inseguridad: es una medida contra la democracia.

Lo cierto es que la inseguridad en Venezuela se traduce en la muerte violenta de venezolanos. Algunos estiman que murieron cerca de 25.000 personas violentamente en 2013. Cada venezolano asesinado víctima de la violencia es una muestra de cómo falló el Estado venezolano en su función básica, en su razón última: garantizar la convivencia pacífica y la vida de todos los venezolanos.

La inseguridad es muestra de que el Estado venezolano ha fallado y, con ello, fallaron sus instituciones. Falló el Poder Judicial, pues la inseguridad es reflejo de impunidad y sólo hay impunidad allí donde no existe un Poder Judicial profesional, autónomo e independiente. Falló el Gobierno, pues no ha podido ni sabido emprender políticas que, en el marco de la Constitución, promuevan medidas eficientes de lucha contra la inseguridad, en el marco de acuerdos políticos democráticos y plurales. Falló, también, el sistema educativo, que no ha sabido o podido fomentar una educación basada en principios y valores orientados hacia la paz y la convivencia ciudadana.

En pocas palabras: la inseguridad es muestra de que nuestro Estado es un Estado fallido. Los venezolanos hemos perdido la calle o, en el mejor de los casos, hemos perdido el derecho a transitar en ese escenario de libertades sin miedo. Como dijera Bob Dylan: ¿cuántas muertes serán necesarias antes de que él se de cuenta de que ha muerto demasiada gente?

El país del sálvese quien pueda. Sobre el asesinato de Mónica Spear y Henry Berry, por Boris Muñoz

El asesinato a mansalva de la actriz y Miss Venezuela Mónica Spear y su esposo Henry Berry, quienes junto a su hija hacían turismo en su propio país, es un motivo de duelo profundo para sus familias y para todos los venezolanos que, dentro y fuera del territorio nacional, no han perdido la sensibilidad ante la indefensión y los horrores que padecen quienes hoy viven en Venezuela. Estas muertes, gratuitas y desgarradoras, ponen el acento en el fracaso de las políticas de seguridad del gobierno chavista y de su cruzada —cacareada a todo dar por los medios gubernamentales— para relanzar el turismo nacional. Pero son también un síntoma alarmante del fracaso de Venezuela como proyecto nacional.

A finales de 2013, el ministro del Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, sostuvo que el índice de homicidios se había reducido en 17.3% con 39 asesinatos por cada 100 mil habitantes, en contraposición con el índice los 79 por 100 mil ofrecido por el Observatorio Venezolano de la Violencia. Las cifras del ministro, contrastadas con una instancia independiente cuyos números, sin embargo, tampoco son los más confiables, suenan fantasiosas, sobre todo porque él tampoco reveló el número de homicidios. ¿A quién creerle? ¿Al OVV o al ministro? O más bien, ¿cuán relevante puede resultar este dato, cuando lo innegable es el estado de indefensión en que se encuentran los venezolanos y lo incompetente que ha sido el gobierno durante los últimos tres lustros para ejercer el monopolio de la fuerza, contener la epidemia de violencia social y garantizar el derecho a la vida?

El primer enemigo de este problema es el cinismo oficial a la hora de abordarlo. No hay que ser un memorioso para recordar las patéticas carcajadas de burla de Andrés Izarra, a la sazón ministro de Comunicación e Información, durante un debate televisivo en CNN con Roberto Briceño León. En aquella ocasión Izarra dijo que se moría de la risa con las cifras ofrecidas por Briceño

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