La monopolización de los medios de comunicación en Ecuador

LÍMITES DE LA LIBRE EXPRESIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Para entender el impacto político y social de la libre expresión impuesta mediante la vigente ley de comunicación en nuestro país, haremos se hará un enfoque histórico a través de los procesos anteriores a la creación de ley a través de la investigación y recopilación bibliográfica. De la cual se tomará varios puntos importantes.

Partiendo de la constatación de que las políticas desarrolladas históricamente por los gobiernos ecuatorianos han generado las condiciones legales y materiales para una situación de acentuada des democratización de la comunicación en el país, este artículo analiza el “activismo estatal” emprendido por el gobierno de Rafael Correa frente a los medios masivos. En lugar de presuponer que este activismo, instrumentado por un régimen político de características populistas, conduce necesariamente a la democratización de la comunicación mediatizada, se da cuenta de los avances realizados y se alerta sobre las acciones gubernamentales que han resultado des democratizadoras.

Hablar de democracia es fundamental a través de los procesos comunicativos, pues en nuestro país, lo que sucedió durante décadas fue la privatización y monopolización de medios de comunicación, dejando de lado el verdadero interés por crear información para el pueblo. Varios de los gobiernos en los últimos años no cambiaron ni hicieron ninguna modificación a la ley de comunicación, pues su interés no era otro que acumular capital para sus empresas. Recordemos que la mayoría de canales en aquel tiempo pertenecían al sector privado y banquero.

La legislación y las políticas comunicacionales desarrolladas y mantenidas por gobiernos de distinto signo han supuesto, como dice Tilly, “la inscripción de desigualdades sociales en la vida pública” (2007: 14), puesto que han consagrado el privilegio económico y enunciativo de las empresas privadas, por sobre los derechos de los periodistas y las audiencias.

Pese a ello, los medios privados han recibido del Estado, a partir de la década del 60 del siglo pasado, numerosos estímulos económicos como la exención tributaria sobre utilidades y materias primas, el otorgamiento de beneficios arancelarios para la importación de insumos, materiales y bienes de capital, la participación en programas nacionales de promoción mediante subsidios y el financiamiento de sus actividades a través de créditos en condiciones preferentes, otorgados por las instituciones del sistema financiero estatal, como los Bancos de Fomento.

Quizá una de las acciones más relevantes en este periodo, fue la incautación de medios y canales televisivos que en ese tiempo eran propiedad de banqueros como los Isaías. El estado al tomar posesión de estos medios posiciona una imagen acerca de la comunicación que en Latinoamérica muy pocos países han logrado antes de los 90, un sistema de medios propiamente gubernamentales. Es aquí donde empiezan a surgir espacios en la televisión donde se toma en cuenta en papel cultural y se da espacios para su programación.

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