La política pública en materia de ordenamiento territorial.

La correcta intervención del Estado en la vida pública de la sociedad tiene como única defensa las bases normativas aplicables para los temas como: salud, educación, justicia, democracia, etc., ejes torales para el desarrollo nacional, en donde la norma escrita toma una enorme distancia con la realidad de la sociedad, en las cual existe una gran disparidad, la enorme disyuntiva entre la teoría y la práctica, el deber y el ser, lo ideal y lo real.

Los cambios estructurales en la reingeniería constitucional de nuestro país, la adopción de un sistema económico distinto, los procesos de integración regional y nacional; así como los considerables avances en el desarrollo de la vida democrática de nuestro país, llevaron al debate académico, legislativo y político a esquemas de coordinación gubernamental, para, obtener un correcto ejercicio del poder, que incluya las variables de una sociedad moderna.

Con la misión de obtener mejores modelos, se erige un nuevo sistema basado en el principio básico de la coordinación, permitiendo jurídicamente a nuevos órdenes de gobierno a interferir en la vida social de los habitantes de una extensión geográfica (gobiernos subnacionales y gobiernos locales) con autonomía a regular asuntos bajo su cargo.

Con el objetivo de construir regiones con desarrollo propio capaces de ver por las necesidades de sus habitantes, asumiendo responsabilidades que antes ejecutaban o estaban bajo la tutela de gobierno federal, se coloca en un nuevo escenario a los gobiernos locales, en donde depende la habilidad de brindar un buen gobierno corresponde a las capacidad de diseñar y desarrollar estrategias que permitan asegurar los recursos necesario para el satisfizo de las necesidad de sus habitantes.

Para esto, el diseño e implementación de estrategias más eficientes en la administración y control de los recursos, se busca consolidar mecanismos que incluyan no solo el suministro de los servicios básicos, sino, que permitan un cambio profundo en el espacio social y tecnológico en el cual interactúa la administración pública.

En donde aplicar todos los recursos disponibles para el ejercicio del gobierno permita, que la toma de decisiones se pueda elevar, estableciendo valores normativas y técnicas, difícilmente disputables en la arena de lo político sin que por lo menos se pueda presentar una opción igual de sólida en lo técnico que pueda llevar al debate sobre su implementación.

Para esto la revalorización de los sistemas de gobierno democráticos en nuestro país, señala al municipio ( también los llamaremos gobierno local (López, Segunda Edición 2001)) como el orden de gobierno más próximo a la ciudadanía, por tanto, el espacio ideal para avanzar en la construcción de la democracia (como sistema de gobierno).

Por ello el papel del municipio en el Sistema Federal Mexicano toma un papel prioritario para el desarrollo de los gobiernos locales, pero, no solo es el escenario donde los cambios sociales toman forma, sino, también por qué se convierten en el espacio más desprotegido como resultado del desigual esquema de coordinación gubernamental que rige en México. ^[1] 

Parte de los desafíos que enfrenta el federalismo en México, consiste en hacer funcionar a los órdenes de gobierno de acuerdo al conjunto de normas que rigen la vida institucional de nuestro país, mismo que toma en cuenta las diferencias étnicas, ideológicas, culturales, lingüísticas que se presentan en la heterogénea sociedad mexicana, donde; las disposiciones legales son universales y que cumplen un papel de camisa de fuerza para aquellos gobiernos con grandes potencialidades y un escollo difícil de superar para los municipios sumidos en la marginación.

Ante este nuevo escenario para los gobiernos locales, el cumplimiento de una serie facultades ^[2] que surgen como un arreglo político- institucional y a modo de un movimiento de arriba hacia abajo, en donde se otorga una agenda de gobierno^[3], desde hace 30 años y que comienza con las descentralización de servicios básicos (inicia con salud y educación) pretende que los gobiernos locales sean capaces de cumplir cabalmente, en donde no se prevé las condiciones tan desiguales que existen en los municipios de nuestro país.

Como ya se mencionó, esto coloca a los gobiernos locales en un nuevo escenario de facultades, su ejercicio público y el cumplimiento de las mismas, a través del cumplimiento de sus obligaciones como orden de gobierno con autonomía para la toma de decisiones, y que parte del supuesto de un nuevo arreglo federal, la descentralización de funciones y la eficiencia y eficacia en las acciones de los gobiernos, bajo la sola línea de cumplir con la distribución de competencias que les fue conferida.

Ante esto y desde las reformas ya mencionadas al artículo 115°, la innovación en el servicio público municipal, se ha transformado de tal manera que se busca cumplir con la agenda de gobierno que se les obliga, pero también tratan de abundar en otros aspectos cada vez más importantes y cada vez más necesarios para el desarrollo de la vida de sus habitantes, pero ¿De qué manera han afectado estás reformas el ejercicio público municipal? ¿Cómo se han diseñado e implementado las políticas públicas antes las diversas condiciones de los gobiernos locales?.

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