Luchas Campesinas Y Ley De Tierras

El Estado Social de Derecho y de Justicia y la Extinción del Latifundio

Hablar del problema de la propiedad y tenencia de tierra en un país como Venezuela cuyo espacio geográfico supera los novecientos mil kilómetros cuadrados, no es tan sencillo como pudiera parecer. Fundamentalmente, porque a lo largo de nuestra historia, el poder y la ambición de unos pocos han prevalecido sobre el interés y bienestar de las mayorías.

Mientras no haya un justo reparto de las tierras, no podremos alcanzar el verdadero desarrollo del campo y consecuencialmente lograr la alimentación sustentable de la creciente población de nuestros países. Ante esta realidad se ha hecho indispensable y necesario el avocamiento por parte del Gobierno del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Rafael Chávez Frías, al promover dentro del marco legal Constitucional, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrícola, la cual nace de la necesidad e interés de dar a la tierra el valor social que merece, con el fin de lograr los objetivos de igualdad previstos en nuestra Carta Magna.

Creando estrategias

Desde que el presidente Hugo Chávez dio la orden de “execrar” el latifundio del país, todas las instituciones del área mancomunaron esfuerzos para la creación de estrategias idóneas que permitieran cumplir el objetivo propuesto.

Primero, la creación de un Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en noviembre del 2001 que permitiera establecer las bases del desarrollo rural integral y sustentable, entendido éste como el medio fundamental para el desarrollo humano y crecimiento económico del sector agrario dentro de una justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica, democrática y participativa, eliminando el latifundio como sistema contrario a la justicia, al interés general y a la paz social en el campo, asegurando la biodiversidad, la seguridad alimentaria y la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones.

En segundo lugar y como otra iniciativa del Gobierno Bolivariano para seguir profundizando la lucha contra el latifundio y por el rescate de la soberanía alimentaria, el Presidente de la República, Hugo Chávez, dicta el Reglamento Parcial del Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo para la Determinación de la Vocación de Uso de la Tierra Rural, publicado en Gaceta Oficial No. 38.126 del 14 de febrero de 2005.

Posteriormente y en busca de perfeccionar la estrategia, se reforma la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en mayo de este año suprimiendo los artículos 21, 23, 39, 74, 89 y 90 por contribuir poco a la consecución del objetivo planteado.

Objetivos claros

Es bien sabido que no hay guerra efectiva, que lleve a resultados concretos sino se tienen claros los objetivos a alcanzar. En esta guerra contra el latifundio, enmarcada la Revolución Agraria que adelanta el Gobierno Venezolano se han planteado varios objetivos, todos con la misma importancia:

1. Que no quede una familia campesina sin tierras.

2. Que el movimiento campesino avance en su organización dentro del modelo cooperativista, como plataforma para un desarrollo endógeno integral y sustentable.

3. Que no queden restos del latifundio en ninguna de sus manifestaciones (tenencia de la tierra, explotación y subyugamiento social y cultural).

4. Que cada metro cuadrado de tierra fértil se ponga en producción, para lograr la seguridad alimentaria y así contribuir a consolidar la irrenunciable soberanía nacional.

Se inicia el ataque

Con los instrumentos jurídicos definidos, el Gobierno, a través del Instituto Nacional de Tierras (Inti) y del Ministerio de Agricultura y Tierras inició las investigaciones en las distintas extensiones de terrenos con características de latifundio en todo el país, encontrándose con hatos y fincas con cadenas titulativas irregulares y productividad y rendimiento muy por debajo de lo establecido en la Ley.

Se esta convirtiendo la democracia en una realidad para todos y todas. Se ha planteado la transformación del país, creando un nuevo modelo de desarrollo orientado al crecimiento productivo con inclusión social: de allí la necesidad de atacar el desequilibrio territorial, uno de los grandes problemas heredados por los venezolanos desde la época colonial.

Queda el reto de enfrentar la pobreza, promoviendo mejores condiciones para el desarrollo rural integral. El enemigo a vencer es el latifundio, que en Latinoamérica ha adoptado la forma de haciendas, hatos, estancias, etc., una forma de propiedad asociada generalmente a relaciones de trabajo que sólo benefician a una minoría. En este contexto, Venezuela registra uno de los índices más altos de concentración de tierras en pocas manos: según el censo agrícola de 1998, el 5% de los propietarios acaparan el 75% de las tierras agrícolas del país, mientras que el 75% de los propietarios se ven obligados a repartirse sólo el 6% de las tierras. Esto constituye una verdadera aberración, que ha sumido en el atraso y la miseria a miles y miles de venezolanos y venezolanas.

Dispuesto a dar la pelea para incentivar la agricultura como medio de desarrollo social, garantizar la seguridad agroalimentaria y elevar la calidad de vida de la población campesina, el Gobierno Bolivariano ha emprendido cambios sustanciales en la estructura de la tenencia y uso de la tierra, mediante la aplicación del nuevo ordenamiento jurídico en materia de tierras y desarrollo agrario.

Se cumple así con el mandato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en su artículo 306 establece: “El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina un nivel adecuado de bienestar, así como su incorporación al desarrollo nacional. Igualmente, fomentará la actividad agrícola y el uso óptimo de la tierra, mediante la dotación de obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica”.

Antes de formular políticas sobre la tenencia de la tierra, se debe tener en cuenta que la tierra no es un bien como los otros: no es producto del trabajo humano y contiene en su seno recursos naturales necesarios para todos. De ella depende nuestra alimentación y supervivencia. Por lo tanto, la tierra con vocación agrícola tampoco puede dejar de ser producida. La concentración de la tierra en pocas manos, no sólo es injusta para los campesinos sin tierra y los pequeños propietarios, sino que presenta numerosos problemas para el desarrollo de toda la sociedad. En la agricultura no funciona la economía de gran escala. La pequeña y mediana producción es más eficiente y más productiva que la

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