Naturaleza de la relación del Estado con personas empleadas y funcionarias

Naturaleza de la relación del Estado con personas empleadas y funcionarias
Ensayo

Los (las) servidores (as) públicos(as) son el gran género de las personas que se dedican a prestar sus servicios profesionales para el Estado, en este sentido, el artículo 123, apartado B, regula ese tipo de relaciones, por lo que se pretende con este ejercicio identificar cuándo las autoridades (personas que son servidoras públicas) están sujetas por la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado y cuando por leyes propias de sus instituciones.

Realice un ensayo, de máximo 3 cuartillas, en donde explique qué regula el apartado B del artículo 123 e, igualmente, determine cuáles leyes son las que regulan las relaciones laborales de los organismos descentralizados, de las universidades públicas y del Instituto Nacional Electoral.

NATURALEZA DE LA RELACIÓN DEL ESTADO CON PERSONAS EMPLEADAS Y FUNCIONARIAS

El servidor público lo podemos definir en base a la siguiente jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia  de la Nación la cual  señala que:  “Es  aquel que independientemente de su denominación  ya sea de funcionario  o de servidor civil, está normado por un régimen  de función  pública  bajo  una  ley específica  de derecho  público  o mediante disposiciones equivalentes, y asumen actividades enmarcadas en los intereses primordiales  del  Estado.  No  se  trata  de todos los empleados o trabajadores del Estado,  sino  solamente  de  aquellos  que como funcionarios desempeñan las funciones   esenciales   que   le   atañen   al Estado y que, en cada Estado extiende o restringe a su arbitrio… la mayoría de los países define como servidores públicos a quienes se desempeñan en el Poder Judicial, junto con los integrantes de la administración pública y los empleados administrativos del Poder Legislativo”.

El derecho laboral mexicano ha sido apreciado como pionero en la regulación y tutela de los derechos de los trabajadores, en la obra Derechos del pueblo mexicano  se lee que “La Constitución mexicana fue la primera en elevar a la categoría de norma fundamental el reconocimiento y protección de los derechos de la clase trabajadora”. México fue innovador al insertar en el artículo 123 de la Constitución de 1917 los principios básicos de la regulación laboral, el cual sustenta su fuerza en la irrenunciabilidad de las normas laborales, lo que conduce a un derecho laboral tutelar del trabajador.

Sin embargo, la obra revolucionaria constitucional laboral sólo benefició a los trabajadores al servicio de patrones de la iniciativa privada, pero en contraste el Estado mexicano conservó para sus propios trabajadores una condición jurídica que venía observándose desde la época colonial.

El administrativista alemán Otto Mayer, en su obra Derecho administrativo alemán, consideraba que la relación entre un funcionario y el Estado es de derecho público y “es siempre la voluntad del poder público la que prevalece; es ella la que hace comenzar esa relación con el nombramiento y es también ella la que le pone fin. La voluntad del súbdito sólo constituye una condición de la validez del acto o una condición de la necesidad jurídica con la cual se cumple”; de esta suerte el “nombramiento”, primero del rey y después del presidente de la República, es un denominado “acto-condición”, el cual se verifica en el ámbito del derecho público

En 1960 entró en vigor la reforma expedida por el constituyente permanente, que adicionó un apartado B al artículo 123, el cual introdujo ciertos avances en la relación laboral del Estado con los servidores públicos de base, pero limitó agriamente lo relativo a la relación con los servidores públicos de confianza, y simplemente excluyó a otras muchas categorías de servidores públicos. Con las reformas que a la fecha ha observado el citado apartado B del artículo 123 constitucional, podemos encontrar en él los siguientes regímenes distintos de relación entre los servidores públicos y el Estado:

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