Pacto del narco y el gobierno mexicano

El narcotráfico y el crimen organizado han sido una de las adversidades más grandes que ha enfrentado México en las últimas décadas, incluso, desde el 2006 hasta la actualidad ha estado lidiando una de las guerras internas de mayor escala del siglo XXI, la Guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, en todo este proceso, se ha ido formulando la idea de que el gobierno tiene una relación muy fuerte con el crimen organizado y el narco, pero ellos utilizan como estrategia la “guerra” para escudarse, lo que ha generado opiniones negativas hacia el gobierno. El gobierno mexicano ha tomado una postura de víctima y se ha defendido de las acusaciones, sin embargo, existen algunas pruebas, sucesos y creencias que lo contradicen, y presentan posibles motivos de este supuesto pacto.

Un caso muy sonado fue el de los 43 normalistas desaparecidos en el municipio de Ayotzinapa, en el año 2014. Presuntamente y según las pruebas encontradas, el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, armó una red de cómplices ente policías y un grupo criminal llamado Guerreros Unidos, para deshacerse de los normalistas y esconder toda clase de evidencia. Si bien esto no representa el hecho de que todo el sistema esté corrompido, si nos da una visión de la clase de gobiernos tanto municipales como estatales que tenemos en el país, y como están en contacto con los muchos sistemas y grupos criminales que operan en el país.

Otro caso relacionado fue el del Chapo Guzmán (aquí está involucrado el gobierno federal), donde según autoridades Estadounidenses, el gobierno mexicano había tenido posibles localizaciones del Chapo, sin embargo no procedían de manera adecuada, lo que los llevó a la conclusión de creer que había una posible complicidad entre el narcotraficante y el gobierno mexicano. Según agentes y sectores de Washington, el gobierno mexicano no quería atrapar a Joaquín Guzmán Loera, ni tampoco lo querían mantener en prisión. Más adelante, su “escape” sería otro factor que aumentó sospechas hacia el gobierno de Enrique Peña Nieto. Cabe destacar que se cree que el Chapo es útil para el gobierno, ofreciendo estabilidad en la violencia de los carteles.

En base a mi experiencia propia, he vivido esta clase de relaciones por varios años. El año pasado, en el municipio de Altamirano y sus alrededores, en Guerrero, el crimen organizado y los narcos controlan la zona, piden multas anuales que rebasan los 500,000 pesos, controlan todas las autoridades de la zona, y tienen gente adentrada en el gobierno municipal. Aunque el gobierno municipal y estatal está enterado de las cuotas, no hacen nada al respecto y tratan de no hablar de ello, diciendo que están haciendo lo posible por combatir a dichos grupos. Además, también en el año pasado, el alcalde municipal Ambrosio Soto fue asesinado por no colaborar con el narco, inmediatamente después de dicho suceso, el nuevo alcalde

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