Plan Caura

INTRODUCCIÓN.

El Plan Caura, más que un plan, es una política de Estado porque se estableció de manera permanente. El Gobierno Bolivariano está determinado a erradicar la minería ilegal de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, El mismo es desarrollado por el Minamb, institución que junto a otros organismos públicos desarrolla acciones en esta materia.

El Plan Caura adopta ese nombre simbólico por la cuenca prístina, pero abarca todo el territorio conformado por los ecosistemas de alto valor ecológico ambiental de la margen derecha del río Orinoco (estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro) que, además de contar con riquezas hídricas, también cuenta con oro y diamantes.

El Estado Venezolana afirma que la situación está siendo atendida por un grupo de instituciones abocado a erradicar esta actividad ilegal En primera instancia, se desalojaron los mineros que ejercían ilegalmente en estas áreas, con la asesoría y resguardo militar, policial y judicial, en compañía de Resguardo Minero del Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería (Mibam), Guardería Ambiental de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), funcionarios de Vigilancia y Control Ambiental del Minamb y un fiscal del Ministerio Público, con los cuales se garantiza el respeto a los derechos de estas personas.

Otros de los organismos que participan en el Plan Caura son los ministerios del Poder Popular para la Defensa, Comunas, Interior y Justicia, Agricultura y Tierras, Pueblos Indígenas, la Gobernación del estado Bolívar y las alcaldías bolivarianas de esta entidad, bajo la coordinación de la Vicepresidencia de la República.

DESARROLLO.

Tres acciones fundamentales.

Esta política contempla tres acciones fundamentales: la erradicación de la minería ilegal, la conservación y restauración de los ecosistemas degradados y el desmontaje de las mafias del comercio ilegal de productos mineros.

La erradicación de la minería ilegal es prioridad para detener la pérdida de ecosistema en el país. Acción que cuenta con una movilización de tres mil 500 efectivos militares en diferentes puntos quienes, en un trabajo conjunto, procederán a la deportación de los mineros extranjeros, mientras que los venezolanos serán desalojados y podrán incorporarse a otras actividades de reivindicación social que ofrece el Gobierno Bolivariano.

Entre estas actividades de reivindicación se plantea la reconversión minera, brindándoles la oportunidad de desarrollarse en otras actividades como la agricultura y, de esta manera, dignificar su trabajo con la participación del Instituto Nacional de Tierras (INTI) y del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER).

En una segunda acción, Hitcher destacó el saneamiento y limpieza de las áreas afectadas por la actividad comercial y humana que también ha perjudicado el ecosistema, así como los cuerpos de agua y lagunas de las diferentes cuencas que han sido afectadas

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