Poder Judicial

PODER JUDICIAL

Del pueblo emana la potestad administrativa y se ejerce por el Poder Judicial.

• Control difuso:

Es el control de constitucionalidad de las leyes, consiste en comprobar si todas aquellas que integran el sistema jurídico son conformes con la Constitución, se optó por un submodelo de control de constitucionalidad, denominado dual o paralelo.

El Tribunal Constitucional, se encarga de ejercer el control de constitucionalidad de las leyes; y el deber de los jueces del Poder Judicial de inaplicar las normas legales que resulten incompatibles con una norma constitucional.

El control difuso de la constitucionalidad de las normas constituye un poder-deber del juez, los jueces prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior.

Características:

 control extendido: recae sobre cualquier magistrado

 Incidental: el pronunciamiento solo es posible a partir de la existencia previa ante un órgano jurisdiccional de una Litis.

 Especial: la inaplicación de la ley solo alcanza a quienes han sido parte en la Litis.

 Declarativo: al decidirse la inaplicabilidad de la ley al caso concreto generará su inobservancia.

• Principios de la Administración de Justicia:

Son verdaderos derechos fundamentales, garantías mínimas.

-La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral.

-La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.

- La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley.

-La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite

-La pluralidad de la instancia.

-La indemnización.

-El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley.

-El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos.

-El principio de no ser penado sin proceso judicial.

-La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales.

-El principio de no ser condenado en ausencia.

-La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada.

-El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso.

-El principio de que toda persona debe ser informada, inmediatamente y por escrito, de las causas o razones de su detención.

-El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita para las personas de escasos recursos; y, para todos, en los casos que la ley señala.

-La participación popular en el nombramiento y en la revocación de magistrados,

-La obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración

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