Por mandato constitucional, el agua potable es un derecho humano

El día8 de febrero del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación

una reforma al artículo 4 Constitucional en la que se le hicieron adiciones, en

particular un párrafo, el cual a la letra dice:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo

personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado

garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso

y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la

Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la

ciudadanía para la consecución de dichos fines.”

Este párrafo hace que nuestra Carta Magna eleve a rango Constitucional el

derecho humano del agua potable, pero no sólo a que las personas tengan acceso

a ella, sino, además, a su saneamiento y disposición. Sin embargo, podría darse la

interpretación de que esto ya lo refería implícitamente nuestra Ley Suprema en el

mismo artículo 4, ya que, este consagraba de antemano el “derecho a la

protección de la salud” y puede entenderse que el acceso, disposición y

saneamiento del agua ya tenía cabida en este supuesto. A mi parecer, sin

embargo, me parece correcto que se haya hecho esta adición al artículo aludido,

ya que impone al Estado la obligación de garantizar este nuevo derecho a todas

las personas para su beneficio.

Claro está que para ello, el Congreso de la Unión deberá crear la respectiva Ley

Reglamentaria de este párrafo del artículo 4, que será la que establecerá las

bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los

recursos hídricos, además de que establecerá la participación de la Federación,

las entidades federativas y los municipios, así como la de la ciudadanía para

alcanzar estos fines. El Congreso debe crear una Ley Reglamentaria congruente

con el nuevo texto Constitucional para la consecución de los fines que la misma

Carta Magna establece.

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