Precampañas E Inequidad En Mèxico

El principal argumento que sirvió de justificación para concretar la reforma electoral de 2007 –la última en la materia- fue el combatir los elevados márgenes de inequidad que prevalecen aún en los procesos electorales en México.

El propósito que motivó dicha reforma no era menor: las circunstancias de extrema polarización y de incertidumbre políticas que caracterizaron la contienda presidencial del 2006 –las cuales prevalecieron durante las campañas electorales y se prolongaron varios meses después de celebrada la elección- exigían, sin duda, revisar y modificar el marco electoral vigente en tanto que una parte medular de la discordia se generó, precisamente, por las condiciones de inequidad en las que se desarrolló el proceso electoral.

Debe quedar claro: el objetivo que inspiró dicha reforma nunca estuvo a discusión como sí lo estuvo el contenido de la misma, el cual diversos actores sociales y académicos pusieron en duda desde el momento mismo de su gestación.

La nueva legislación electoral derivó en una batería de disposiciones que, en aras de dotar de “equidad” a las batallas electorales, propició una regulación extrema que terminó por producir mayores problemas que los que pretendía resolver, resultando en claros despropósitos.

Esto lo han reconocido incluso los propios actores políticos artífices de la reforma quienes han aceptado públicamente (en distintos foros) que “se les pasó la mano”.

Entre las nuevas determinaciones electorales destacan, por su inoperatividad, al menos dos: 1.El impedir que tanto partidos políticos como organizaciones ciudadanas puedan acceder directamente a la radio y la televisión para manifestar sus posiciones políticas – en detrimento de la libertad de expresión-, y 2.La concepción “novedosa” que se hace de “Precampaña”, la cual contiene tal grado de imprecisiones y lagunas que termina por propiciar lo que supuestamente la nueva reforma buscaba combatir: inequidad.

Sobre el primer punto me he referido en otras ocasiones.

En cuanto al segundo, la inequidad se produce en cuanto a que a los partidos políticos que, en función de sus respectivas normatividades y acuerdos internos, han resuelto ya quiénes serán sus candidatos presidenciales se les impide a estos promocionarse públicamente hasta que inicie oficialmente el periodo de campañas.

Es el caso de la alianza PRI-PVEM–PANAL, con Enrique Peña Nieto como candidato, y de la alianza PRD-PT-Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) con Andrés Manuel López Obrador.

No es el caso del PAN ya que es el único partido que cuenta con tres precandidatos (Josefina Vázquez Mota, Ernesto Cordero y Santiago Creel), y por ende la única fuerza política cuyos aspirantes tienen derecho a hacer precampaña y a promocionarse en los medios electrónicos de comunicación.

El problema estriba en que la candidatura presidencial panista,

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