Principio Constitucional De La Garantía De Protección Jurisdiccional Para Los Contribuyentes En Relación A Los Tributos

Principio Constitucional de la Garantía de Protección Jurisdiccional Para los Contribuyentes en relación a los Tributos Con fecha 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el artículo 8º de dicha Declaración, se estableció que: “Toda persona tiene derecho a un recursos efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra los actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley “. También recomendó a todos los Estados miembros que publicaran el texto de la Declaración y procuraran que “fuese divulgada , expuesta, leída y comentada , principalmente en las escuelas y demás establecimientos de enseñanza , sin distinción alguna , basada en la situación política de los países o de los territorios”. Coincidentemente, un mismo artículo 8º , pero de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos , denominado Pacto de San José de Costa Rica , celebrado en dicho país entre el 07 y el 2 de noviembre del año 1969, preceptúa que: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

Tanto la Declaración Universal de Naciones Unidas como el Pacto de San José de Costa Rica fueron suscritos por nuestro país, lo cual en el ámbito de protección jurisdiccional en materia tributaria sería perfectamente aplicable como mecanismo de protección para el contribuyente ante una eventual violación de sus derechos legales y garantías constitucionales de que pudiera ser víctima . Esta instancia constituiría, además, otra limitación al ejercicio de la Potestad Tributaria del Estado.

La doctrina de nuestro país sostiene que en nuestro país el constituyente estableció, básicamente, dos mecanismos de protección jurisdiccional, cuales son, el recurso de inaplicabilidad por inconstitucional y el recurso de protección.

La Garantía de Protección Jurisdiccional, materia que se comienza a analizar,” consiste en el derecho del contribuyente a que las diferentes controversias que puede mantener con el Fisco sean resueltas siempre por un juez idóneo e independiente y a través de un procedimiento racional y justo”. Esto último también denominado debido proceso.

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