REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ.

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

La constitución que tuvo mayor presencia en la vida de los ciudadanos, como fue la de 1979, contra una Constitución de carácter mucho más liberal y que buscaba menor presencia del Estado con el fin de que el ciudadano lograse un mayor desarrollo de su iniciativa y dejando que las reglas las impusiera el mercado. Se caracterizó por otorgar al Estado un papel preponderante en la vida de los ciudadanos, con indiscutible presencia estatal en la administración del país y con un sistema legal proteccionista que, si bien correspondía a su época, hoy es calificada de socialista y/o izquierdista; en el aspecto laboral, esta constitución tuvo como punto resaltante que contenía un capítulo específico dedicado al Trabajo, en el que llegó a otorgar, por primera vez en nuestra historia estabilidad laboral, brindándole el rango de derecho constitucional. También se estableció el derecho a participación en las utilidades, el pago de bonificaciones por carga familiar etc.; varias de las instituciones y derechos reconocidos en esta constitución, han mantenido su vigencia a través de la Constitución de 1993 y en el Proyecto de Reforma aún se mantuvieron.

Luego del golpe de Estado protagonizado por Alberto Fujimori el 05 de abril de 1992, a fin de hacer viable su gobierno convocó a un Congreso Constituyente, que fue encargado de redactar una nueva constitución que, además de dar visos de legalidad a su gobierno, haciéndose eco de las nuevas posiciones y el cambio en la economía mundial, permitiera la dinamización de la economía nacional. Consecuentemente se promulgó una Carta Magna que tenía posiciones políticas completamente distintas a su predecesora, promoviendo un Estado en franco retroceso, que ejerciera le papel de observador o regulador, que no participara en la actividad empresarial y que permitiera que las actividades económicas se desarrollaran con capitales privados, internos y externos. Con el fin de cristalizar esta posición y fomentar la inversión, se trató uno de los puntos más críticos de la Constitución de 1979, adecuándolo a una economía de libre mercado, lo que requirió de que se flexibilizara el empleo; es así que la posición proteccionista de la constitución anterior fue variada por la nueva, que entre otras modificaciones, privó al trabajo de la condición de fuente principal de riqueza, derecho y deber social y eliminó la estabilidad laboral sustituyéndola por la protección adecuada contra el despido arbitrario (Norma a la que el Tribunal Constitucional ha otorgado contenido).

Cambiar constantemente la constitución impide a la sociedad internalizar sus principios, dejando el objetivo integrador de la norma, probablemente se requiera una reforma para hacerla más funcional o engrandecer su sentido social de la justicia. Con el pasar de los años cambia las creencias, la tecnología con nuevas perspectivas, el manejo estatal tiende a ser más técnico y menos político.

La asamblea constituyente implica una alternativa democrática, el cual sería un riesgo como le sucede actualmente a Venezuela, se orientaron por modelos políticos que atacaron la libertad de expresión y la libertad de la población. El Perú no debe seguir ese modelo Político, por ello no se debe tomar decisiones sin analizar previamente las consecuencias.

La constitución de 1979 significo un avance importante en materia de los derechos de la persona y por su contenido social. La población y el derecho al sufragio han evolucionado a través del tiempo, la constitución de 1979 aporto cambios, permitiendo a los analfabetos ejercer su derecho político. Le ponía fin a una discriminación de la anterior constitución.

La constitución de 1993 reunió todos esos cambios y adiciono el voto de los militares y policías en actividad, que fue reclamada por varios años. Por ello que es complicado retroceder y volver a la constitución anterior. La constitución de 1993 constituye un avance que no se puedes dejar de lado, es un límite ante cualquier acto de arbitrariedad del gobernante.

Los cambios en la vigencia de la ley de la constitución del 1993, restableció la obligatoriedad de la ley desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, donde se dispuso que ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorece al reo. Dejando sin efecto la de la constitución de 1979 que extendía el plazo de entrada en vigencia de la Ley.

La constitución de 1993 independizo la Defensoría del pueblo del Ministerio Público volviéndolo autónomo, en el artículo 106 le asigno autonomía, definió su ámbito nacional para su estructuración y asigno al congreso la facultad de elegirlo. Se le asigna a la Defensoría del Pueblo iniciativa para la elaboración de leyes. Lo que le faltaría es agregarles otras atribuciones para la lucha contra la corrupción de funcionarios Públicos.

Antes el presidente tenía que dar cuentas al congreso, cambio con la constitución de 1993 donde soluciono de manera sencilla a través del artículo 118, inciso 19, Determina que era atribución del Presidente de la Republica dictar medias extraordinarias, mediante Decretos de Urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera. A si mismo se propició una menor injerencia política del poder ejecutivo respecto al nombramiento y ratificación de los magistrados a comparación con la constitución de 1979. En la constitución de 1993 se establece que las funciones del consejo Nacional de la Magistratura son nombrar, previo concurso, a los jueces y fiscales de todos los niveles y ratificarlos cada siete años.

...