Reciprocidad obligatoria de los alimentos para el adulto mayor

I. DATOS PERSONALES

Nombre (s): Javier

Apellido (s): Avalos Macias

Teléfonos: Particular: Oficina: 625 5819314 Celular: 625 1229972

Dirección Particular Domicilio: C. Topografía número 964 C.P 31500

Dirección Trabajo Domicilio: C. 23 y Morelos sin número C.P. 31500

II. ANTECEDENTES ACADEMICOS

1. Licenciatura Área: Derecho

Institución: Universidad Regional del Norte

Generación: 2001 – 2006

2. Especialización Área:

Institución:

Generación:

3. Maestría Área:

Institución:

Generación:

4. Doctorado Área:

Institución:

Generación:

Lenguas Extranjeras Idioma 1: % Observaciones

Idioma 2:

Otro (s):

III. TRABAJO DE INVESTIGACION

3.1 Título de la Investigación

RECIPROCIDAD OBLIGATORIA DE LOS ALIMENTOS PARA EL ADULTO MAYOR

3.2 Área de Investigación (Género)

Derecho

3.3 Línea o campo de Investigación (Especie)

Familiar

3.4 Asesor de tesis:

3.5 Grado a obtener: Maestría X Doctorado

IV ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

4.1 Justificación del Proyecto:

Actualmente, el Estado, en distintos órdenes de gobierno, ha estado implementando diversos planes y programas en los que se ven beneficiados los adultos mayores, procurando una mejor calidad de vida para este grupo en particular atendiendo a que es una parte de la población vulnerable y que se ha visto perjudicada por la situación económica que en México ha imperado en los últimos años; aunado a esto no han sido tomados en cuenta diversos estudios respecto a la condición social de los beneficiarios de dichos programas y más aún no se ha diseñado adecuadamente un programa que dé una solución específica al problema económica del adulto mayor, sino que sólo ha estado prolongando la difícil condición del país respecto a la seguridad social a razón de los cambios, sociales, políticos, jurídicos y económicos que han surgido y que al parecer no estaban previstos por el gobierno de México hace algunos años; todo esto se ha dado sin tomar en cuenta la legislación civil estatal y federal respecto a la reciprocidad de la pensión alimenticia, por lo que no se ha tomado en cuenta que muchas de las personas que participan como beneficiarias en los programas de apoyo dichos tienen el derecho a percibir una pensión alimenticia por parte de sus familiares y en los términos de las leyes aplicables.

A nivel global, parece imposible hacer realidad esta política social, sin embargo en México, más estados han ido incorporando esta política a sus planes de trabajo, sin embargo, la manera de hacerlo ha sido sólo provisional, puesto que no ha permitido presentar un esquema de apoyo que ayude de manera permanente a los adultos mayores, en lo económico, social, político y cultural, uno que devuelva de manera completa y satisfactoria la tranquilidad y dignidad a los adultos mayores.

Todos esos planes y programas de apoyo al adulto mayor no han establecido de manera eficiente los requisitos suficientes que condicionen a los beneficiarios a obtener la ayuda, lo que resulta incoherente a la par de una campaña de sensibilización de respeto al adulto mayor, puesto que por un lado el gobierno pretende concientizar respecto a las necesidades de este grupo y por otro no exige que sus derechos se respeten.

La pérdida de poder adquisitivo, producto del cambio de roles a los que se enfrentan los adultos mayores, debería provocar su dependencia de las familias más próximas para procurar evitar una disminución en la calidad de vida, es decir debe repercutir en la reciprocidad de los alimentos, más no debería provocar necesaria e inmediatamente la inclusión como derechohabiente en programas de apoyos económicos del gobierno.

Es decir, que los adultos mayores al encontrarse ante la situación de depender económicamente de algún agente externo, deberían ejercitar, en primer término y cuando así sea posible, la reciprocidad de los alimentos, esto mediante la incorporación del derechohabiente al hogar o bien mediante el pago de una pensión alimenticia por parte de los familiares próximos, en los términos que establece la ley; y cuando esto no sea posible el gobierno debería intervenir económicamente ante dicha situación mediante los planes y programas que ahora se desarrollan.

4.2 Planteamiento del Problema: Pregunta(s) inicial(es)

¿Qué conocimiento tienen las personas sobre la reciprocidad jurídica de los alimentos?

¿Qué perfil deben tener los beneficiarios de programas de apoyo al adulto mayor?

¿Qué impacto social y económico tienen los programas de apoyo económico para el adulto mayor?

¿Qué posibilidades tienen los familiares de adultos mayores de otorgar una pensión alimenticia a éstos?

¿Qué situaciones existen que afectan el ejercicio del derecho a los alimentos de manera reciproca?

¿Por qué el Estado implementa programas de apoyo al adulto mayor?

¿Qué instituciones existen que protegen la vida y la dignidad del adulto mayor?

¿Cómo participa el ciudadano en el desarrollo del adulto mayor?

4.3 Hipótesis

El Estado, ante el fallido sistema de seguridad social en México, aunado a la difícil situación económica general del país y al ser los adultos mayores un grupo vulnerable, se propone combatir la precaria situación en la que el grupo dicho se encuentra inmerso por lo que se ha propuesto establecer y así ha ejecutado mecanismos de protección para el adulto mayor, pero que no han sido suficientes para resolver una problemática en general o al menos no ha propuesto una solución a largo plazo para ella, y no ha agotado todas las posibilidades jurídicas y judiciales como posibles soluciones complementarias, por lo que los programas establecidos para los efectos dichos, protegen económicamente al grupo en mención, pero no se ha evaluado la problemática general y los efectos a largo plazo; una solución conjunta o adherida a dichos programas sería el ejercicio del derecho al pago de una pensión alimenticia para aquellos que tienen familiares con la posibilidad de otorgarla, por lo que, los adultos mayores al ejercitar dicho derecho en su reciprocidad se proyectarán mejores resultados respecto a la calidad de vida de ese grupo en particular y el Estado deberá ser más selectivo respecto a la aplicación de los programas

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