Recursos Naturales

A finales de agosto se realizó en Arequipa el Seminario Internacional Andino sobre Gestión Social del Agua para la Adaptación al Cambio Climático Global, que congregó a varias instituciones de Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú en torno a las experiencias de gestión del agua en las zonas altoandinas. Un punto importante de discusión fue la valoración de servicios ambientales, entendidos no como un simple pago por servicios, sino como una estrategia donde lo central, en el caso de la gestión de agua, debe ser el reconocimiento del trabajo de los pobladores de las cuencas altas, que se han responsabilizado, de forma natural, del abastecimiento del agua y del cuidado de las reservas acuíferas. Es el caso de quienes habitan la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, muchas veces olvidados por los vecinos de la Ciudad de Arequipa, principales usuarios del recurso.

En vista de que los diversos conflictos sociales que se han encendido en el sur del país están vinculados a la disputa del agua (Productores agrarios de Cocachacra- Southern Copper Corporation) o su contaminación por la actividad minera (Comisión de Regantes de la Provincia de Cotahuasi- Mina Arcasel), la cuestión de los llamados servicios ambientales debe ser enfrentada seriamente por la industria minera. Un escenario para esta discusión debiera ser la Convención Minera, que cada dos años reúne a los empresarios del sector, investigadores y ministros de Estado, además de proveedores de tecnología, maquinaria y servicios.

Realizada el pasado mes de setiembre en Arequipa, el lema de la 29 Convención Minera, fue «Perú Minero: Una veta de oportunidad para todos». Se anunciaron cuantiosas inversiones para los próximos años: Las Bambas de Xtrata en Apurímac, Tía María de Southern en el Valle de Tambo, la ampliación de Cerro Verde en Arequipa, entre otros proyectos; pero se desestimó nuevamente un tratamiento responsable de los conflictos socioambientales, a los que se reduce a un rol de obstáculo o entorpecimiento del desarrollo; en palabras de Pablo de la Flor, del Comité del Encuentro Empresarial de PERUMIN «los conflictos sociales frenan la inversión minera». Se invisibilizan así las preocupaciones y demandas de las poblaciones, a las que sólo se busca para la ansiada «licencia social».

Obviamente, señalar a la industria minera como única responsable de los problemas socio-ambientales, sería irresponsable. El Gobierno tiene que replantear su «estrategia de desarrollo» partiendo por comprender todo lo que hacen cotidiana y esforzadamente los peruanos, para cuidar y preservar los recursos naturales. En ese sentido, urge definir una zonificación ecológica que, ante la eventualidad de la concesión a una empresa, actúe como fiel de la balanza, entre la renta que se obtendrá de los metales y la pérdida de acuíferos, vegetación y animales, en la perspectiva de la sostenibilidad

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