Reforma Energetica

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.

Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter por su digno conducto ante esa Honorable Asamblea, la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, General de Deuda Pública y de Petróleos Mexicanos.

Es una realidad que Petróleos Mexicanos (PEMEX) ha disminuido su capacidad para convertir nuestra riqueza petrolera en mayores beneficios para la sociedad mexicana. Una parte de su limitado desempeño se debe a que es considerada y tratada como una dependencia gubernamental más del gobierno y no como una verdadera empresa que, sin dejar de ser de propiedad pública, cuente con los mecanismos adecuados para generar valor económico para los mexicanos.

Si bien es cierto que en los años recientes el marco jurídico de PEMEX ha sido modificado con la intención de mejorar su desempeño, los resultados no han estado a la altura de nuestras expectativas ni de nuestras necesidades como Nación. Aún no se ha logrado dotar a PEMEX de un sólido marco legal que garantice su autonomía y le permita gozar de la flexibilidad que necesita, como cualquier otra empresa, para hacer frente a los retos operativos que día con día requieren puntual atención y solución.

PEMEX continúa sujeto a un régimen jurídico que no le permite operar eficientemente, sobre todo si se le compara con cualquier otra empresa petrolera privada o estatal. Por una parte, los controles presupuestarios y de deuda a los que se encuentra sujeto no garantizan su autonomía operativa. Por otra, su régimen fiscal le impone una alta carga impositiva que no le permite disponer plenamente de sus utilidades atendiendo a sus necesidades de operación y modernización como empresa.

Así, al día de hoy los principios que rigen la actuación de nuestra empresa petrolera están más cercanos a los burocráticos que a los de una empresa que pretende ser competitiva a nivel mundial.

El escenario económico mundial nos coloca en la apremiante necesidad de cuestionar las condiciones que no han permitido alcanzar los beneficios esperados y, consecuentemente, nos exige replantear nuestro arreglo institucional para lograr, a la brevedad posible, por un lado, la modernización de PEMEX y su régimen de operación y, por el otro, maximizar los recursos que provienen de la actividad extractiva de los hidrocarburos, como uno de los principales retos que debemos enfrentar como Nación, mediante un esfuerzo conjunto y coordinado que busque optimizar la eficiencia de nuestra industria petrolera.

Es por ello que el inicio del desafío debe centrarse en modificar el modelo actual de PEMEX, asignándole herramientas jurídicas que le permitan no sólo acelerar su modernización e incrementar su flexibilidad y autonomía presupuestaria y operativa, para potencializar la explotación de bienes del dominio directo de la Nación, sino también fortalecerlo en su carácter de organismo operador, mediante incentivos debidamente enfocados para que la paraestatal cubra sus obligaciones en un marco que no distorsione sus decisiones y necesidades de inversión.

Para lograr los propósitos señalados, se plantea una nueva concepción del régimen fiscal aplicable a las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos de PEMEX, con el objetivo de modernizar la relación entre el gobierno, en su papel de representante de la Nación como legítima propietaria de los recursos del subsuelo, y PEMEX, como una empresa moderna, eficiente y socialmente responsable. Ello, con una visión de largo plazo y enfocada en aumentar el valor de sus recursos no renovables en beneficio de los mexicanos.

En este sentido, el régimen fiscal que se pone a consideración del Poder Legislativo contempla mecanismos y elementos que le permitirán a PEMEX alcanzar niveles óptimos de exploración y extracción de hidrocarburos, así como de inversión, de conformidad con una política energética nacional, moderna y transparente. Además, busca garantizar que el Estado obtenga la renta petrolera de manera eficiente, permitiendo al organismo operar sin distorsiones y alcanzar un rendimiento adecuado derivado de sus inversiones.

La propuesta en este rubro se centra en dos vertientes fundamentales. La primera, colocar a PEMEX en el régimen fiscal aplicable a cualquier empresa, es decir, como contribuyente del impuesto sobre la renta. La segunda, flexibilizar su carga fiscal adecuándola a las condiciones inciertas de precios, costos y retos operativos que día con día enfrenta la industria petrolera y en particular PEMEX.

Así, se considera un régimen progresivo en el cual, por un lado, se permite a la entidad recuperar los costos incurridos para la exploración y extracción de hidrocarburos y, por el otro, se aumentan los ingresos para el Estado conforme se incrementa la rentabilidad de las operaciones, ya sea por el aumento de precios, la reducción de los costos o que se trate de yacimientos de mayor tamaño.

El modelo que ahora se propone reduce significativamente la complejidad administrativa para la paraestatal y las distorsiones económicas, ya que se trata de un régimen sencillo, con mínimos componentes, integrando una estructura flexible y estándar, independientemente del tipo de campo o hidrocarburo que se extraiga.

Consistente tanto con el marco constitucional vigente como con las reformas planteadas a los artículos 27 y 28 constitucionales en días recientes, la presente Iniciativa prevé la flexibilidad necesaria de PEMEX para obtener mejores resultados en el desarrollo de su actividad, lo cual derivará en mayores beneficios para todos los mexicanos mediante una mayor producción de hidrocarburos, más empleos y mejor remunerados y una mayor inversión que genere derrama económica para la Nación.

Ahora bien, la nueva relación entre el Gobierno y PEMEX no puede quedar en el ámbito fiscal, sino que debe abordarse de manera integral, atendiendo a los controles gubernamentales que se ejercen sobre la entidad en las materias presupuestaria y de deuda pública, aspectos fundamentales que, hasta ahora, han mermado significativamente su capacidad de ejecución.

En este sentido, se propone dotar a PEMEX de un régimen especial de autonomía presupuestaria, sustrayéndola del complicado entramado de controles burocráticos a los que actualmente está sujeta por virtud de la Ley Federal de Presupuesto

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