Reporte

Para evitar la Controversia Constitucional, la mayoría priista se vio obligada a modificar artículos de la recién aprobada armonización de la reforma educativa, en donde ahora sí se establece el despido de trabajadores docentes en caso de que no aprueben la tercera evaluación.

Desaparecerán prácticamente la carrera normalista, abriendo el parámetro de manera general a los perfiles que deseen concursar por oposición para el ingreso como docentes de educación básica, “abriendo el parámetro de manera general a los perfiles que deseen concursar por oposición para el ingreso como docentes de educación básica”.

En sesión extraordinaria la tarde de este martes, la fracción legislativa del PAN abandonó el recinto de sesiones no sin antes dejar en claro su rechazo ante los cambios de última hora para evitar la controversia constitucional por parte de Enrique Peña Nieto donde sí se hizo contra los poderes ejecutivos y legislativos de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Sonora.

Pero sin duda, el artículo 75 es el que resulta ser violatorio de derechos laborales, sobre todo para el docente al establecer que quien no alcance un resultado satisfactorio en la tercera evaluación será separado de la función pública sin responsabilidad para la autoridad educativa o para el organismo descentralizado.

Tiene plena concordancia con el artículo 86 en el cual se señala que sin perjuicio de que se den por terminado los nombramientos “sin responsabilidad para la autoridad educativa o para el organismo descentralizado”.

Lo cual entra en contradicción con el transitorio décimo segundo de la reforma educativa presentada por el gobierno del estado que señala que personal “que cuente con nombramiento definitivo se ajustará a los procesos de evaluación y quien no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación, no será separado de la función pública y será readscrito en otras tareas con pleno respeto a los derechos laborales”.

La tarde de este viernes, el gobernador Javier Duarte de Ochoa envió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Educación del estado.

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