SEGURIDAD SOCIAL Y MISIONES DEL SIGLO XX

La seguridad social, las misiones y el socialismo del siglo XXI

"Venezuela cambió, y cambió no por un día, ni para un año: Venezuela cambió para siempre, y aquí estamos nosotros para encargarnos de que esta expresión sea una verdad hoy, mañana y siempre. No hay vuelta atrás, no hay retorno, estamos saliendo de las catacumbas". Hugo Chávez.

Insurgencia electoral y proceso constituyente.

En las elecciones de 1998, los partidos dominantes fueron barridos por la opción bolivariana de Hugo Chávez, que convocó al pueblo a impulsar cambios profundos en la estructura política, económica y social de nuestra sociedad, para refundar la República con base en la justicia social y combatir los tres grandes males de nuestra sociedad: la exclusión, la corrupción moral y la desnacionalización.

Su elección como Presidente abrió el cauce para la construcción colectiva y protagónica de una democracia verdaderamente inclusiva, basada en los ideales bolivarianos; un gobierno popular frente al gobierno de las élites; una economía solidaria frente a la economía de acumulación capitalista; y la recuperación de la soberanía sobre nuestros recursos, para el desarrollo social y humano sustentable. Meses después de asumir el gobierno, Chávez convocó por decreto presidencial a una Asamblea Nacional Constituyente, como instrumento político para refundar la República. El resultado de este proceso fue la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en referéndum por la mayoría del pueblo venezolano el 15 de diciembre de 1999.

La Constitución de la República Bolivariana En el preámbulo de la Constitución, el pueblo venezolano invoca nuestra herencia libertaria, que toma cuerpo de ley "para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones".

La Constitución constituye la República en Estado democrático social de derecho y de justicia, y establece modelos alternativos a la democracia representativa y al neoliberalismo, cuyas insuficiencias han permitido la consolidación de una sociedad marcada por la opulencia, la exclusión y la pobreza. Para ello, recoge la carta de derechos y deberes humanos más progresista del continente, y propugna dos grandes transformaciones.

Por un lado, establece un modelo de democracia participativa y corresponsable, como mecanismo para garantizar la redistribución del poder, la justicia social y la consecución de una sociedad de iguales en derechos y deberes. Por otro lado, establece un régimen económico solidario y sustentable, centrado en la función social de la economía y en el papel del Estado como regulador de las relaciones económicas.

Reacción antidemocrática y defensa popular de la revolución.

En 2001, la Asamblea Nacional aprobó 49 leyes elaboradas por el gobierno, orientadas a adaptar el marco legal a los nuevos postulados constitucionales. Estas leyes desarrollan entre otros aspectos la reforma agraria, la garantía de soberanía sobre el petróleo, la protección de la pesca artesanal, el ordenamiento sustentable del litoral, la responsabilidad social de las entidades financieras y el impulso al cooperativismo.

A partir de entonces, el poder económico, los partidos de derecha y los medios de comunicación adelantaron una campaña antidemocrática para desestabilizar a la naciente República, con el apoyo encubierto de gobiernos extranjeros. Esta alianza condujo al golpe de Estado del 11 de abril de 2002. Sin embargo, el 13 de abril, el pueblo y la Fuerza Armada rescataron el hilo constitucional, recuperaron la democracia y regresaron al Presidente al puesto de mando de la República.

A finales de 2002, los sectores opositores convocaron a un paro ilegal, con el que pretendían desestabilizar económicamente la nación. A pesar de que la mayoría de la clase trabajadora no secundó el llamado, lograron sabotear la producción petrolera, afectando principalmente a los sectores populares. Una vez más, la alianza entre gobierno revolucionario, pueblo organizado y Fuerza Armada desbarató el paro empresarial y la conspiración petrolera, lo que permitió la verdadera nacionalización de la industria.Tras estas sucesivas derrotas, los sectores antidemocráticos terminaron por asumir la vía constitucional, por medio de la convocatoria a referéndum revocatorio de mandato. Se trata de una de las novedosas instituciones de democracia participativa previstas en la Constitución, que permite convocar a consulta la continuidad de los mandatos de elección popular a mitad de su período.

En agosto de 2004, la mayoría del pueblo venezolano refrendó su voluntad revolucionaria, al relegitimar a Chávez como Presidente de la República. A partir de entonces, la revolución bolivariana entró en una nueva fase de profundización, sustentada en la consolidación de las instituciones de democracia participativa y economía solidaria contenidas en la Constitución. El objetivo de esta nueva fase es garantizar la transformación definitiva de las estructuras políticas y sociales heredadas y el modelo económico y cultural que las sustentó, por medio de la radicalización de las políticas revolucionarias y en especial de las Misiones Sociales.

Gobierno hecho pueblo: logros de los años de revolución

DERECHO CON JUSTICIA-CAMPO JURÍDICO: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, con reconocimiento extensivo de los derechos de los pueblos indígenas y los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales, instituciones de democracia participativa y control de la gestión pública en todos los niveles y constitución de un régimen económico solidario; legislación social progresista para la protección del ambiente, la reforma agraria, la economía solidaria, el control de la banca y los servicios públicos, la soberanía energética y petrolera, entre otros.

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA-CAMPO POLÍTICO: redimensionamiento de la democracia al servicio de los intereses de las mayorías, organización popular para la participación directa en la gestión pública, promoción de instancias de participación social y política, radicalización del control social, interpelación directa entre gobierno y pueblo, enérgica política soberanista y de autodeterminación de los pueblos, incorporación del estamento militar al desarrollo nacional.

PUEBLOS DIGNOS-CAMPO SOCIAL:

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