SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE REPARTO Y DEBILIDADES EN EL PROCESO DE RECAUDACIÓN (INFORME ACADÉMICO)

Realizado Por:

Br. Leonardo Ruíz.

A modo de preámbulo

A nivel mundial, los sistemas de seguridad social siempre entran en discusión, sobre todo cuando existen comparaciones entre el funcionamiento de cada uno de ellos, los aportes de los beneficiarios y las coberturas ofrecidas en sus programas. En Latinoamérica, muchos países mantienen sus debates relacionados con el tema del financiamiento del reparto, y de cómo el proceso de recaudación no deja de manifestar sus debilidades a la hora de captar los recursos necesarios, tanto de manera individual como colectiva, para generar los beneficios, principalmente hacia los pensionados; quienes en sus momentos contribuyeron también con la financiación de los programas.

El presente informe se relaciona con la problemática antes planteada, partiendo desde el punto de referencia del financiamiento de los sistemas, identificándose las causas que originan las discrepancias entre lo real y el deber ser. Se plantean también algunas alternativas de solución, y una reflexión propia sobre la realidad venezolana.

El problema actual y sus causas evidentes

Hablar de financiamiento es hacer referencia a cómo el sistema de seguridad social busca la manera de manejar los recursos y de qué forma los gasta. En tal sentido, para los casos de las pensiones, sobre todo para la cobertura de salud de este estrato de beneficiarios y algunos programas familiares, es primordial hacer la distinción entre el flujo corriente del efectivo y los de obligaciones, ya que el ciclo demográfico para lo que queda del siglo ha generado cierta preocupación hacia varios programas; que en crisis se acrecienta más su relegación.

En uno de los documentos de trabajo, de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (2012, p.72), que se titula “Seguridad Social Universal Centrada en el Ciudadano”, se versan ciertos aspectos sobre el financiamiento. Allí se explica que el Estado de Bienestar para buscarse recursos depende netamente del gobierno nacional y de los hogares, procurándose tres espacios críticos de decisión política. A saber:

• El nivel de los beneficios estipula el grado de recursos que el sistema extrae de los presupuestos familiares. Por medida estándar, los gobiernos nacionales posee una perspectiva del nivel de distribución de los ingresos y el tipo de protección a facilitar, que generalmente surgen de procesos electorales y otros acontecimientos políticos, de la discusión en ese contexto, incluyendo al académico.

• La estructuración tributaria en cada país y de sus beneficios genera un efecto sobre los incentivos en el trabajo, el consumo y ahorro. Produciendo por ende costos administrativos estadales, en asociación con las decisiones primordiales sobre el equilibrio en la utilización de los impuestos en el ingreso de los ciudadanos, el consumo a nivel general y detallado, y sobre los salarios, que incluyen en estos últimos las contribuciones a la seguridad social.

• Para cada programa siempre se hace prudente definir el grado de responsabilidad que descansa en los hogares, en un plazo corto y largo. Tal decisión ha de relacionarse con la utilización de elementos de cofinanciamiento, contribuciones obligatorias y voluntarias, garantías del Estado. Al igual que el riesgo moral que produce el patrocino de cualquier forma de aseguramiento.

En el mismo texto se sigue explicando que inconfundiblemente un cambio en el grupo de reglas de contribución-beneficio produce de por sí un efecto en la aportación de los individuos en los programas, cambiando también los niveles de recaudación de los impuestos, incluyendo las contribuciones. Y por ende, el sistema puede llegar a mermar en la capacidad para la financiación de los beneficios.

Dicho de otro modo, los tres espacios o dimensiones antes mencionadas se relacionan entre sí, poniéndose en evidencia que no se refiere a efectos en un segundo plano. Debido a que los beneficios económicos tienden a generar una consecuencia sobre las ofertas laborales y las decisiones a tomar para las contribuciones.

En este sentido, no es muy probable la aplicación de conjeturas sencillas para disgregar por una parte la mejor vía para la obtención de recursos y por otro extremo la mejor manera de hacer uso de ellos, tratándolos como planes para aplicarles evaluaciones en su rendimiento o medidas similares. Siempre se deberán tomar en cuenta las restricciones fiscales y financieras; siendo las primeras referidas al gobierno. Las segundas con carácter de distinción, entre un espectro amplio o corto.

Se puede tomar como ejemplo que los sistemas de pensiones poseen elementos de garantía previstos por el Estado, cancelados a través del fisco nacional, siendo prácticamente mínimos, considerándose más elevados los recursos provenientes a los elementos de carácter obligatorio o contributivo, entrando en el rango del ahorro individual y colectivo. Es ahí entonces donde el Estado ha de jugar su papel fundamental en la regulación idónea del elemento contributivo; siempre con una perspectiva objetiva, tomando en cuenta que al generar la conversión de las contribuciones en ingresos fiscales para su redistribución, se ha de esperar un cambio en el comportamiento de los ciudadanos. Tal diseño debe entonces manejar de manera separada las restricciones fiscales y la de los ciudadanos.

Cabe destacar también que para cada beneficio particular se ha de producir una estructuración proporcional de la información, relacionándose directamente con las regulaciones financieras, generando reacciones en los incentivos al trabajo y la contribución dentro de cada programa, al igual que el riesgo moral; tratándose a cada uno de ellos como un tema especial.

Ahora bien, el problema de los mercados laborales informales es otro punto que concierne en la actualidad, y de cómo la necesidad de reformas en el sistema de financiamiento ha determinado como prioridad la ampliación de las coberturas. El mercado informal ha dictaminado una tendencia que obstaculiza la integración que no solo incluye a los sistemas de bienestar, sino también a los tributos y contribuciones.

Si se resolviera el problema de la poca e insuficiente recaudación por parte del Estado, las contribuciones para los ciudadanos que viven una realidad muy vulnerable, pudiesen ofrecerse de diversas formas como las transferencias monetarias o por deducciones fiscales. Todo parte entonces de un ineficiente

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