Seguridad Social. Alternativas

Pensiones ¿reparto o capitalización?. La visión ecologista.

El debate es muy sensible a la opinión pública.

Desde que Otto von Bismarck estableciera en el estado alemán en 1883, 12 años después de la guerra franco – prusiana y de la unificación alemana, un sistema incipiente de seguridad económica para los trabajadores que cumpliesen 70 años, este sistema de pensiones, pionero del Estado de Bienestar ha ido sensiblemente mejorando, se ha considerado como una “conquista social irrenunciable” los derechos de los ciudadanos a una vejez con una garantía económica, se ha extendido a la totalidad de los países desarrollados, aumentando las prestaciones y disminuyendo tanto la edad de jubilación como el tiempo que es necesario cotizar para poder acceder a la pensión.

El debate sobre las pensiones es uno de los más sensibles a la opinión pública y donde la confluencia de fuerzas interesadas es máxima, en la discusión afloran las principales teorías políticas enfrentadas. Afecta al mercado de trabajo, a la definición de Estado, al modelo económico, a la elección de los individuos de cual y como debe ser su nivel de protección. El debate, por tanto, no es baladí ni neutro, es una cuestión con varias dimensiones, de la más pura praxis política donde las sensibilidades son muy elásticas, afectando e interviniendo en la discusión las esferas política, económica y social.

La situación de las pensiones en Europa

Centrándonos en Europa, si bien existen diferencias entre los países, todos ellos han alcanzado un sistema de pensiones que ha permitido garantizar unos mínimos vitales, es decir, que los ciudadanos puedan disponer de recursos económicos suficientes, de vivienda y de bienes duraderos así como hacer frente a sus necesidades básicas y la integración en la sociedad. Aunque existen diferencias entre los diferentes países, existe algún rasgo común: se han ido aproximando, en todo o en parte, a sistemas de capitalización, existe una cobertura mínima para aquellos que no pueden acceder al sistema de pensiones, las llamadas “no contributivas”, aumentan los planes voluntarios y privados y, finalmente, existe una aportación al fondo de transferencias del Estado, es decir, no solo se financia con la aportación de trabajadores y empresarios, ésta última cada vez con menor participación con el fin de no cargar más costes laborales.

En cuanto a la administración y gestión del fondo, la responsabilidad suele caer dentro del ámbito público, el sector privado gestiona los fondos privados y en algunos países, modelo escandinavo, existe una participación de agentes sociales.

La edad de jubilación, más que el importe de la pensión que acorde al nivel económico del país, varía desde los 67 años en Alemania a lo 60 años en Francia. Esta edad de jubilación esta en entredicho en los dos países, en Alemania, ya que el costo político de mantener es demasiado alto y peligra el voto, en Francia, ya que el coste económico de mantenerla es demasiado elevado para soportarlo. La edad que se apunta es la edad legal, no obstante, la edad media real en los países es distinta, más baja como consecuencia de las prejubilaciones y los sectores que disponen de edades de jubilación inferiores. Así, en España la edad real media de jubilación ronda los 63 años, cercana a la alemana y más alta que la italiana. La edad efectiva de jubilación en la UE-25 es de 60 años.

La Unión Europea no quiere hablar de sistemas homologados, también ve las dificultades y el coste político que supondría, solo se limita a abogar por buenas prácticas y a valorar positivamente sistemas de capitulación y complementariedad privada.

La situación de las pensiones en España

En España, la primera reforma de importancia surge con la ley 26/1985 de Medidas Urgentes para la Racionalización de la Estructura y Acción Protectora de la Seguridad Social. Esta ley, con el gobierno socialista en el poder, que aumenta el tiempo de cotización para la percepción de la prestación y fija unos baremos más estrictos fue contestada por los sindicatos con huelgas y manifestaciones, principalmente destacables las de junio de 1985 y diciembre de 1988.

La siguiente reforma es la que deriva de los llamados Pactos de Toledo de abril de 1995. Ningún gobierno ni ninguna oposición tendrían que asumir los costes políticos de decisiones que el electorado iba a castigar a quien que las propusiera. Este Pacto, que nos llega hasta hoy, presento desde su nacimiento una indefinición sobre cual sería los objetivos y la manera más adecuada para llevar a cabo las reformas necesarias, las divergencias entre los diferentes componentes del Pacto Social impedían e impiden consensos en profundidad. No obstante, con la Ley de Consolidación y Racionalización de 1997 pactada con los sindicatos, y la percepción social, errónea o no, de la dificultades del sistema público de pensiones, se va implantando un aumento, en paralelo, de planes y fondos privados, con importantes descuentos en la imposición, una separación de las pensiones contributiva y asistenciales y un fondo de reserva.

Estas reformas al sistema son claramente insuficientes, pues si bien se plasma un interés por la garantía en el futuro de las pensiones, se basan en un principio de solidaridad y se van desarrollando aspectos para delimitar los importes contributivos y los asistenciales; las perspectivas de déficit a medio y largo plazo siguen sin resolverse, pueden no admitirse las proyecciones y perspectivas catastróficas de algunos sectores con intereses directos para que se lleve a cabo una reforma del sistema para que sea capitalizado el fondo y gestionado de forma privada, pero no la evidencia que el sistema resultará afectado sino se producen reformas de calado de acuerdo con proyecciones ajustables a la realidad presente.

Dos cuestiones centran el debate, en una lucha maniquea por llevarse la razón, entre las dos “ideologías”, la que representa en España el PSOE, los sindicatos y las corrientes de izquierda por un lado y, por otro, las que representa el PP, el Fondo Monetario Internacional y las entidades financieras con sus “think-thanks” en sus publicaciones e informes “ad hoc”.

Reparto o capitalización, los modelos cuestionados

La primera controversia nace de cual debe ser la mejor opción para un sistema de pensiones, reparto o capitalización, que garantice el cobro futuro de las mismas en condiciones similares de importes y años de cotización a las actuales ya que, las condiciones hoy reinantes, parecen ser lo que más puede estirarse en garantía de derechos, el cenit, el punto de referencia máximo a obtener en los próximos años.

El nacimiento de los sistemas de pensiones surge a principios de

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