Sobre la corrupción en el Perú

La Corrupción en el Perú

Hablar de corrupción en el Perú es hablar de uno de los problemas más preocupantes para la población y que afecta directamente la legitimidad de las instituciones tanto públicas como privadas. No se trata solo del descarado saqueo del patrimonio del estado, sino que también comprende el ofrecimiento y la recepción de sobornos, la malversación, la mala asignación de fondos y gastos públicos; los escándalos financieros y políticos; el fraude electoral, el tráfico de influencias y otras transgresiones administrativas como el financiamiento ilegal de partidos políticos en busca de favores indebidos que es con lo que mas nos sorprendió la clase política en estos últimos años.

Si queremos ahondar en la historia, el Perú es un país donde la corrupción estuvo presente desde épocas virreinales. La corrupción en el Perú aparece desde la conquista de los españoles en donde la clase política dominante y gobernante es corrupta, dejándonos caudillistas, cúpulas militares y religiosas, casi no quedaron líderes honestos, patriotas y capaces. La sociedad peruana tiene raíces pasadistas, un pasado colonial donde la meta era solo el saqueo y explotación de los recursos de la tierra, solo para bienestar de la corona española, por eso existe muy poca valoración del futuro, futuro que solo vemos como depredadores de nuestros recursos.

Realizando una línea de tiempo en el fenómeno de la corrupción en el Perú, consideramos oportuno comenzar por citar algunos ejemplos tomados del periodo republicano.

Iniciaremos hablando de las guerras de la independencia, las cuales fueron financiadas, por una parte, con capitales ingleses y, de otra parte, por la confiscación de bienes, junto con la imposición de contribuciones pecuniarias a determinados sectores de la población. Al finalizar estas guerras, el nuevo gobierno republicano tuvo que reconocer como deuda nacional interna, el valor de los bienes expropiados por el ejército libertador. Para cumplir con esta obligación, el gobierno recurrió a los créditos extranjeros y a los beneficios producidos por las riquezas naturales de nuestro país. En el primer caso, la deuda interna se transformó en deuda externa; mientras que, en el segundo, implicó una distribución indebida del patrimonio de la nación.

Tenemos también el Ciclo de guano (1860-1883), tiene los costos de corrupción más altos del siglo, específicamente durante el gobierno de José Balta (1868-1872) y la dictadura de Nicolás de Piérola en la guerra con Chile (1879-1881). En este periodo, la creciente y mal gestionada deuda pública y los sobornos en los contratos guaneros y de obras públicas fueron los principales medios de corrupción.

Durante el Oncenio de Augusto B. Leguía, el lapso más corrupto de esta etapa fue a causa del mal manejo de la deuda externa, así como por el soborno en las compras civiles y militares y en las inmensas obras públicas.

El soborno en la compra de armas se volvió importante en un momento en que el rol político de los militares adquiría predominancia durante los gobiernos de Luis M. Sánchez Cerro, Oscar R. Benavides y Manuel A. Odría. (1931-1962)

Los diversos asaltos al sistema democrático (1963-1989), en este tiempo el costo de la corrupción aumento de una manera consistente. Tenemos el régimen militar, seguido por el gobierno de Alan García.

(1990-2022) tenemos gobiernos peruanos donde los más autoritarios, como el de Alberto Fujimori fueron los más corruptos, Alejandro Toledo por el caso Odebrecht, como es sabido en el caso Odebrecht están involucrados muchos funcionarios y personajes de la clase política peruana. Ollanta Humala acusado de financiar su gobierno con aportaciones ilícitas del gobierno venezolano y Odebrecht; ahora sin ir tan lejos a Pedro Castillo acusado de financiamiento de la campaña electoral con fondos de origen desconocido, para obtener ganancias ilícitas, ocupación de las instituciones públicas para generar activos ilegales, actos colusorios en contrataciones públicas, etc.

El Perú fue el país más preocupado por el tema de la corrupción a nivel regional, un 36% de la población lo señala como el principal problema, por encima de otros temas como la economía, la seguridad, la inestabilidad política y otros. Ese mismo resultado se registró, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2020), en el semestre octubre 2019 – marzo 2020, cuando la corrupción se mantuvo como el principal problema del país con un 60.6%.  Además, revisando los informes previos de esta última institución, se aprecia que desde el año 2017 hasta la actualidad, se consolida la ubicación de la corrupción sobre la delincuencia como el principal problema en el Perú. (Barómetro de las Américas de Latin American Public Opinion Project, 2020)

Ante los enunciados expuestos líneas arriba surge la siguiente pregunta ¿Qué hay de nuevo en una práctica que se conoce hace tanto tiempo y por qué hoy nos causa tanta preocupación? Tenemos ante nosotros a una pregunta con respuesta extensa si abarcamos todas las formas de corrupción documentadas hasta la fecha y efectivamente hoy en día esta preocupación nos augura un futuro incierto, con un sistema social que no desarrolla y una clase política que solo está llena de oportunistas, pero no solo es esto, actualmente tenemos factores que hacen que esta preocupación se acreciente aún más, factores que analizaremos a continuación:

La conexión peligrosa entre el crimen organizado y la administración pública. Si bien la criminalidad organizada no es algo nuevo, dado que su estructura no cambia en nada la clásica división entre los delincuentes y la autoridad, sí lo es su complicidad con los propios órganos estatales encargados de su control y persecución.

El avance tecnológico e industrial en campos como la banca o las finanzas permiten modalidades nuevas y encubiertas de corrupción que hacen difícil su develamiento y persecución. Ejemplo de lo señalado puede verse en las millonarias transferencias bancarias provenientes de fondos públicos, realizadas por los testaferros del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, a cuentas privadas en organizaciones financieras ubicadas en paraísos fiscales, lo que ha dificultado enormemente su ubicación y eventual repatriación.

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