Sociedad Y Democrasia Socialista

INTRODUCCION

Los cambios del Estado venezolano a partir de 1999 generan nuevos retos e invitan a replantear conceptos tradicionales como democracia, seguridad y ciudadanía. En este estudio se propone una aproximación al análisis de la política pública nacional de seguridad ciudadana, específicamente durante el período comprendido entre 2001-2007, por considerarse que un análisis tal, puede revelar los valores, objetivos y estrategias reales del Estado en esta materia. Para cumplir con el objetivo, se hace especial referencia al desarrollo de la producción jurídico penal como parte importante de la política de seguridad, para concluir que la ley penal, lejos de guardar correspondencia con los imperativos constitucionales y con los objetivos estratégicos planteados en el SEGUNDO PLAN SOCIALISTA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA NACIÓN, 2013-2019, que se espera sea capaz de controlar una política criminal de emergencia y de respuestas contingentes que han justificado la multiplicación de las funciones del aparato represivo del Estado venezolano.

POLÍTICAS DE SEGURIDAD REPRESIVA

Represión política es la acción de contener, detener, castigar y perseguir actuaciones políticas o sociales desde el poder político hacia un individuo o grupo.

La represión política niega e impide el ejercicio de los derechos civiles y de libertad política: expresión, reunión, manifestación, asociación, sindicación que suelen considerarse propias de los sistemas democráticos. Represión política y violencia.

La represión política suele ir acompañada por violencia, que puede ser considerada legal internamente, a la vista del ordenamiento jurídico existente, como ilegal e informal. El ejercicio de la violencia sobre los disidentes políticos pretende ejemplificar el castigo para conseguir el temor en el resto de la sociedad, con el objeto de que se reprima a sí misma en el ejercicio de la libertad, que queda así anulada para todos, excepto para él quienes ejercen el poder y para aquellos en cuyo beneficio se realiza la represión.

Represión política e intolerancia es en ocasiones sinónimo de discriminación e intolerancia política, ideológica, religiosa y social. Esta intolerancia se manifiesta mediante políticas discriminatorias, violación de los derechos humanos, brutalidad policial, prisión, exterminio , exilio, extorsión, depuración, terrorismo, asesinato extrajudicial, ejecución sumaria, tortura, desaparición forzada y otros castigos contra activistas políticos, disidentes y población en general.

Cuando es sancionada y organizada por el estado, se puede llegar a situaciones de terrorismo de Estado, genocidio y crimen contra la humanidad. La represión política sistemática y violenta es una característica típica de las dictaduras, totalitarismos y regímenes similares. En estos regímenes, los actos de represión política pueden ser llevados a cabo por la policía y la policía secreta, el ejército, los grupos paramilitares y los escuadrones de la muerte. En ocasiones regímenes considerados democráticos ejercen represión política y terrorismo de Estado hacia otros estados como parte de su política de seguridad.

POLÍTICAS DE SEGURIDAD DEL GOBIERNO DE SEGURIDAD CIUDADANO

El marco constitucional y la consecuente regulación de aspectos sociales, políticos y civiles entre otros, implica la ampliación del campo de acción del Estado, en el sentido en que se ve incrementada su actividad e intervención en algunos asuntos. Esto implica importantes transformaciones en las distintas áreas de acción del Poder Público Nacional y en la estructura del Estado venezolano en general.

En el proceso de reforma del Estado y en la redefinición de un sistema tendente a garantizar la seguridad personal de los ciudadanos, las políticas públicas juegan un papel fundamental, y se propone considerarlas para este estudio como unidad de análisis, no sólo del sector público y del Estado nacional en general, sino del Gobierno Nacional en particular, siendo éste considerado como la unidad estratégica del sistema político (Bouza-Brey, 1996) y como un instrumento para la realización de las políticas públicas (Lahera, 2002). Si bien la seguridad ciudadana es una responsabilidad concurrente de los distintos ámbitos político territoriales del poder público -y así lo prevé la CRBV- la política nacional de seguridad ciudadana representa un buen revelador de las prioridades y valores del Estado en el tratamiento específico de la materia y en general, de los objetivos del sistema político como parte del sistema social global.

Al fin y al cabo, “lo importante para caracterizar a un gobierno no son los criterios tradicionales de Quién y cómo se ejerce el poder, sino el contenido de las políticas públicas” (Rey, 1998:3). Ciertamente cuando se habla de seguridad ciudadana, se ven involucrados distintos actores: distintas instancias públicas y privadas, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y sobre todo la sociedad civil como parte importante para la solución de los asuntos públicos; sin embargo -y muy especialmente- son las actividades desarrolladas por (y desde) el Estado las que ponen a prueba la coherencia política e institucional de todo el sistema, por cuanto el desarrollo de la política de seguridad requiere de la intervención de una multiplicidad de organismos, y en su debida articulación, el Estado tiene una gran responsabilidad.

POLÍTICA DE SEGURIDAD DE SU INSTITUCIÓN POLICIAL

Es un plan de acción para afrontar riesgos de seguridad y conjunto de reglas para el mantenimiento de cierto nivel de seguridad. Pueden cubrir cualquier cosa desde buenas prácticas para la seguridad, en manera de patrullaje y vigilancia de la seguridad vial, patrullaje punta a pie, además las patrullas se encuentran sectorizadas para una mayor eficiencia.

También la implementación de estaciones policiales en los sitios más alejados para una pronta respuesta

Es enriquecida y compatibilizada con otras políticas dependientes de ésta, objetivos de seguridad, procedimientos. Debe estar fácilmente accesible de forma que los ciudadanos estén al tanto de su existencia y entiendan su contenido. Puede ser también un documento único o inserto en un manual de seguridad. Se debe designar un propietario que será el responsable de su mantenimiento y su actualización

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