Taller 1

Los esfuerzos que realiza Colombia para mejorar las condiciones de vida de la población de bajos ingresos, es muy deficiente ya que el mismo gobierno no aplica políticas que permita la eficiente movilización de recursos privados y públicos para ayudar a los hogares a resolver sus problemas de una vivienda digna.

Respaldar proyectos, políticas, programas que encaminen a mejorar las condiciones de vivienda de los hogares de bajos ingresos.

Proyectos que favorezcan a desarrollar las capacidades nacionales para responder al reto de la urbanización acelerada, de acuerdo a las prioridades que cree cada departamento.

Reducir los efectos adversos del crecimiento urbano sobre el medio ambiente.

Fortalecer la solvencia financiera y la capacidad de iniciativa y gestión de los gobiernos departamentales.

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A partir de las lecturas propuestas, exprese su punto de vista comparándolo con el contexto en el que se desenvuelve.

Responda las siguientes preguntas

1-¿El derecho urbano está en contravía de la propiedad privada?

El desarrollo del derecho urbano a partir de la Ley 9 de 1989, ciertamente ha modificado el alcance de la tradicional propiedad. Hoy este derecho es indiscutiblemente distinto.

Actualmente dentro del contexto que me desenvuelvo la realización de obras en el sector urbano y centros poblados del municipio permite el mejoramiento paisajístico, generando espacios de mejoramiento del realce y la utilización del tiempo libre y gestionando los recursos para la construcción de un parque infantil multipropósito en la cabecera municipal con el fin de desarrollar actividades lúdicas con los niños, niñas, jóvenes del Municipio.

La propiedad integra un contenido especial denominado función social, resulta necesario precisar el alcance de esa institución jurídica, pues la interpretación que de ella se hace en desarrollo de las acciones urbanísticas de los municipios, podría estar convirtiendo la propiedad privada en propiedad pública, o cuando menos podría estar generándose un sistemático desequilibrio de las cargas públicas. En caso de que se presente tal situación, será necesario precisar si jurídicamente es aceptable tal alcance y cuáles serían las consecuencias de ello.

Entonces, la acción urbanística compete al municipio, en tanto que la actuación urbanística puede ser desarrollada por los titulares de la propiedad privada (en forma individual o en grupos de propietarios asociados voluntariamente o de manera obligatoria a través de unidades de actuación urbanística), directamente por entidades públicas, o mediante formas mixtas de asociación entre el sector público y el sector privado.

Lo anterior constituye un gran avance normativo en la protección de este derecho colectivo, el cual tiene una alta importancia y un impacto significativo en el

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