Transparencia

federal, el IFAI aún no puede sancionar a

los funcionarios que la violan, y la resistencia

gubernamental sigue bloqueando los intentos de

garantizar que toda la gente sepa cómo ejercer

ese derecho.

Marcela Turati

I Por esos días los amatecos andaban de mecha corta. Se decían en rebeldía, instalaron campamentos, armaron protestas, organizaron

foros. Hicieron lo que la gente hace cuando se entera de que nuevamente está a punto de ser víctima de los abusos de sus gobernantes malamañados en eso de decidir a escondidas

del pueblo y en construir megaproyectos, aunque éstos desgracien comunidades enteras.

Los veracruzanos de Amatlán de los Reyes no estaban dispuestos a que su municipio se convirtiera en basurero de otros siete.

A ratos parecía que sus protestas no despeinaban al gobierno, pero de pronto se revirtió la historia. Fue cuestión de conseguir un papel oficial que demostró que el relleno sanitario en realidad dañaría al

medio ambiente y que las autoridades, con tal de construir su basurero, habían mentido.Y como dicen por ahí que información es poder, frenaron las obras. Un síndico amenazó con denunciarlos

por “sustracción de documentos oficiales”. Pero los amatecos no tuvieron que robar nada, sólo pedirlo por internet, y resultó que el papel no era secreto y que era más público que un baño de a tres pesos: resulta que invocando la Ley de Transparencia le pidieron al gobierno que les mostrara los permisos que tenía el tiradero para

funcionar. Y se los dieron. Descubrieron que el documento estaba

plagado de embustes que señalaban que el lugar elegido eran tierras muertas y sin vegetación, cuando todos han visto los fértiles

cañaverales ahí plantados y la naciente del río.“Le enseñamos al gobernador las pruebas de que el lugar está vivo, y lo echamos

abajo”, explica la maestra Gabriela Sáinz, una de las arquitectas del plan como integrante del grupo vecinal Amhate.

Lo curioso es que un año antes ninguno de los amhates usaba internet y menos sabía que desde 2003 en México funciona una ley que reconoce el derecho de todos a pedirle al gobierno información pública y obliga a los burócratas a proporcionarla.

Ellos formaban parte de un experimento llamado “IFAI-Comunidades”, que enseñó a los desfavorecidos que tienen derecho

a saber y que con la Ley de Transparencia pueden pedir la información existente.

En otros lugares, invocando esa ley, la gente descubrió a sus alcaldes embolsándose dinero del pueblo; otros rescataron

expedientes que el gobierno les tenía atorados en el Registro Agrario o el Seguro Social; y hubo presos que probaron que llevaban enjaulados más de la cuenta.

Ora sí que la verdad los hizo libres: los reos salieron de la cárcel, los despojados recuperaron sus tierras. Eso fue apenas un simulacro de lo que podía haber sido la revolución de los nadies… si los poderosos no hubieran frenado el experimento.

II

Para entender bien esta historia hay que irnos a 2003, cuando Vicente Fox todavía estaba tiernito en Los Pinos

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