Violencia Sexual Y Represión Social En El

Violencia sexual y represión social en el

Yucatán del siglo XIX

Introducción

En los últimos años los estudios relativos a la mujer se han

caracterizado por enfocar el asunto femenino desde otra perspectiva.

Este ensayo asume una posición similar porque se remite a los

primeros momentos en que la mujer irrumpe de un estado marginal a

un estado contestatario frente a los constantes desdenes sociales a

los que a menudo estaba expuesta. En la historiografía clásica se

considera que la imagen de la mujer colonial y decimonónica fue

edificada según la conveniencia de una sociedad masculina; de igual

forma, esgrime que el papel que desempeñaba seguía códigos, reglas

y patrones definidos desde una visión distinta al sexo que

representaba: casi por definición, su función en la sociedad

correspondía a la sumisión, la obediencia, el recato y el decoro, estar

preparada para ser una buena hija, esposa y madre, además de

certificar que obedecía los principios morales y tenía una fuerte

inclinación por la religión. Cualquier conducta diferente a la prescrita

causaba desazón en la comunidad y bastaba para conferirle el papel

de rebelde.

El propósito de este trabajo consiste, precisamente, en ilustrar la

imagen de una mujer facultada para asumir un papel distinto.

Violencia sexual y represión social en el Yucatán del siglo XIX

incertidumbre social que la ley y la sociedad le brindaba. En la época

española y durante gran parte del siglo XIX la legislación vigente

soslayó incorporar un cuerpo legal que garantizara mejores

condiciones para las mujeres o que les permitiera gozar de los mismos

privilegios que los hombres; por el contrario, se restringió

exclusivamente en favorecer la posición masculina. En términos

conceptuales esto quiere decir que el varón utilizó en su beneficio las

herramientas que legalmente lo respaldaban para disponer de ella

según su preferencia. La violencia doméstica a la que generalmente

estaba expuesta tenía, en este sentido, el consentimiento de las

autoridades; no obstante, esta tendencia fue desapareciendo con el

transcurso del tiempo, a pesar de sus limitaciones de carácter

legislativo, principalmente debido a que las mujeres no estaban

dispuestas a tolerar el reiterado ímpetu y la intransigencia a la que

cotidianamente se enfrentaban. Aunque el estudio se remite a la

primera mitad del siglo XIX, no pretende asumirse que la ruptura de su

presunta pasividad se gestara en esta época sino más bien que

operaba, determinada según fuera el trato del hombre. Esto significa

que mientras éstos tuvieran un comportamiento conveniente aquéllas

estaban dispuestas a respetar las reglas sociales establecidas.

En otro orden de ideas, durante la primera mitad del siglo XIX

Yucatán se dividía en cinco distritos: Campeche, Izamal, Tekax,

Valladolid y Mérida. En 1845 contaba con una población de

aproximadamente 160,000 individuos de los cuales casi un 70% eran

indígenas. Este periodo se caracterizó por los constantes atropellos

contra indígenas: desde 1821 criollos y mestizos, con la intención de

fomentar sus haciendas y ranchos de caña de azúcar, iniciaron la tarea

de concentrar en sus manos las propiedades indígenas.1 Las

obvenciones parroquiales y otras contribuciones de carácter civil que les

exigían fueron algunas de las causantes que compulsaron la búsqueda

de mecanismos que garantizaran el cumplimiento de sus obligaciones;

al mismo tiempo, también afectaron el trabajo en sus tierras pues el

rendimiento productivo disminuyó gracias al escaso tiempo dedicado a

sus parcelas. Aquellos indios que todavía poseían sus tierras

empobrecieron rápidamente, los terratenientes aprovechándose de la

coyuntura las compraron a precios inferiores, cuando no les eran

expropiadas. Estas condiciones facilitaron la aparición de un nuevo

modo de vida indígena: la servidumbre. Con la desaparición de sus

tierras de cultivo y ahogado por las contribuciones, el indígena

únicamente poseía como recurso para el sustento de su familia alquilar

su fuerza de trabajo en las florecientes haciendas.

El espíritu liberal concebía que las tierras comunales frenaban el

desarrollo del país, por este motivo se legisló en favor de la

privatización de las tierras. La usurpación de las propiedades en

detrimento de la comunidad indígena y sus graves consecuencias sólo

puede explicarse localmente en la emisión de la ley de colonización

(2 de diciembre de 1825), las reglas para la venta de terrenos (1833) y

la ley de enajenación de terrenos baldíos (5 de abril de 1841). El

mecanismo de despojo consistió, como en otras partes de México, en

la restricción y delimitación de las tierras comunales de los pueblos

cabeceras y de los ranchos milperos importantes, declarando baldías

todas las extensiones excedentes, que pasaron a la administración del

gobierno estatal.2

La población indígena estaba a merced de los capitalistas y, en

cierta

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