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INTRODUCCion

Tradicionalmente nuestro derecho positivo, ha reconocido por una parte, la responsabilidad de la Administración por hechos dolosos y culposos generadores de un daño, y por la otra ha aceptado la llamada responsabilidad objetiva, la cual prescinde de toda consideración del elemento de culpa, y se orienta por tanto, hacia la responsabilidad sin falta o por sacrificio particular. La evolución de esta materia en nuestro país, se encuentra vinculada a principios y normas constitucionales, que han permitido construir el sistema de Responsabilidad Extracontractual del Estado. En este sentido la Doctrina y Jurisprudencia Venezolanas, en el momento de fundamentar la responsabilidad de la administración se han orientado, al igual que lo hace el derecho comparado, hacia una concepción civilista vinculada a la teoría de la personalidad jurídica y de la culpa. Tendencia que tiene una razón de ser: el Derecho Civil, nace mucho antes que el Derecho Administrativo, por lo que éste en sus comienzos por una construcción de los jueces administrativos y de los jueces doctrinarios, quienes para imputar la responsabilidad de la Administración se valieron de Instituciones consagradas en el Derecho Civil, tales como la Responsabilidad por Hecho

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lícito o por Culpa (responsabilidad por falta) y la Responsabilidad del Guardián de la Cosa o por Riesgo (responsabilidad por Sacrificio Particular), es la tendencia que predominó durante todo el siglo pasado. En efecto, históricamente la aplicación de las normas de Derecho Privado a los problemas suscitados por Responsabilidad de la Administración tuvo dos explicaciones: El considerar que la actividad de la Administración era actividad privada de la Administración en consecuencia regulada por el Derecho Civil y Estimar que las normas del Derecho Civil consagraban principios generales susceptibles de aplicación a la actividad estatal.

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