APRECIACIÓN DE LA SITUACIÓN AL 24 DE OCTUBRE DEL 2019

APRECIACIÓN DE LA SITUACIÓN AL 24 DE OCTUBRE DEL 2019

El viernes 18, a raíz de una subida de treinta pesos en el valor del pasaje del Metro de Santiago, se desató una reacción popular, encabezada por jóvenes estudiantes, que se expresó en sobrepasar los controles de ingreso, saltar los portales para evitar el pago, destruir los portales para llegar, finalmente, a concretar una acción perfectamente concertada de destrucción e incendio de las estaciones y buses de transporte, mediante el empleo de sofisticadas bombas incendiarias, con lo que lograron dejar seriamente dañado los medios de locomoción pública de la capital.

Pero, a no dudarlo, esto, que parece una reacción espontánea de un clamor popular contenido, debiéramos analizarlo con una perspectiva de tiempo que, para efectos prácticos, nos debiera llevar al 11 de marzo del año 1990, cuando un pueblo exultante, celebraba el retorno a la democracia, luego de dieciséis años de gobierno militar (dictadura) y se expresaba en esa sensación de libertad, que recorría las calles con una expresión de auténtica felicidad.

A partir de ese momento y, en la medida de lo posible, se inició un proceso que tenía como uno de sus objetivos principales el reducir el poder de las FFAA, que habían entregado el poder, luego de haber sacado al país de la lamentable condición en que había quedado a consecuencia del gobierno marxista de Salvador Allende y que, contaba con un muy potente respaldo popular.

Una de las primeras acciones tendientes a lograr este objetivo, fue la orientación dada por el presidente Aylwin al Poder Judicial, en el sentido de que la Ley de Amnistía Vigente, no debía evitar las investigaciones de los eventuales delitos cometidos, sino que se debían completar y, cuando se llagar a la etapa de fallo condenatorio, se aplicaba la amnistía, algo que nunca ocurrió y que termino con una Ley vigente, pero cuyos efectos solo favorecieron a los elementos subversivos que, de esta manera, sí obtuvieron sus beneficios.

Recordemos también las famosas Leyes Cumplido, que iniciaron un proceso de atenuación de las capacidades punitivas del Estado, frente a una delincuencia que se fue empoderando con la connivencia de un narco tráfico en expansión, proceso que se completó con la Reforma  Procesal Penal, de características absolutamente garantistas, con la consecuente puerta giratoria y las sillas musicales, que se fue gestando con un proceso de implementación en el tiempo y que ya, en pleno ejercicio, se aplica a todos los ciudadanos, con excepción de los militares, que siguen sometidos al sistema inquisitivo antiguo.

Llegados a esta altura del análisis, cabe recordar que durante el gobierno del presidente Lagos, se concretó la reforma constitucional del año 2005, que eliminó la inamovilidad de los Comandantes en Jefe de las FFAA y del General Director de Carabineros y modificó, sustantivamente, el “Consejo de Seguridad Nacional”, modificando su sistema de convocatoria y alcance, al punto que, en esta oportunidad, cuando parece evidente que el país está pasando por una situación compleja, donde el presidente ha tenido que recurrir a las FFAA para tratar de controlar la situación, con las complicaciones y riesgos que esta determinación representa, lo ha hecho, sin convocar ni escuchar al Consejo de Seguridad Nacional, algo increíble en la emergencia que estamos viviendo.

Considerando las limitaciones que todo análisis de estas características tiene y con los aspectos hasta aquí considerados, es posible entender las dificultades que tienen los cuerpos armados, para cumplir con efectividad y eficiencia el enfrentar los grupos organizados para cometer delitos contra las instituciones públicas como privadas. Grupos organizados, que nos están demostrando su capacidad de operar con notable efectividad, evitando la presencia de uniformados para cometer sus fechorías, en tanto, gran cantidad de carabineros tienen que concentrar sus esfuerzos en los aspectos de seguridad que demandan las “Manifestaciones Pacíficas”, las que en caso de ausencia policial, terminan en actos vandálicos originados por los “encapuchados” de siempre, con lo que pretendo resaltar, que no existiendo una relación directa entre el vandalismo destructivo y las manifestaciones pacíficas, ambas actividades consumen importantes contingentes de seguridad, que podrían concentrar sus capacidades para enfrentar el terror destructivo que, al parecer, todos repudian.

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