Achuar y Shuar contra la extracción de petróleo, Ecuador

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Achuar y Shuar contra la extracción de petróleo, Ecuador

Ecuador se ha caracterizado por ser un país exportador de productos como banano, flores, pescado, cacao, petróleo, etc. Estas exportaciones han sido de gran ayuda para que la economía del país siga desarrollándose; el mayor rubro que ha apoyado a los ingresos del país es precisamente el petróleo, esta actividad se ha venido realizando desde la década de 1970, y actualmente su exportación ha estado entre un 43 y 66% del total de exportaciones del país y entre un 43 y 59% del presupuesto general del Estado.

Si bien es cierto que el petróleo es una gran fuente de ingresos para el Estado ecuatoriano; es lamentable ver como varias empresas se han dedicado únicamente a su extracción y no se han preocupado por el bienestar de las comunidades, personas, biodiversidad que están alrededor de estos pozos petroleros, es así que varias poblaciones se han visto afectadas gravemente por las extracciones de este “oro negro”. Tal es el caso de las comunidades Achuar y Shuar, en la zona conocida como Transkututú que se encuentran ubicada en la Amazonía ecuatoriana, en las provincias de Pastaza y Morona Santiago.

Con el fin de tener una mejor comprensión acerca de este tema, se va analizar el caso “Achuar y Shuar contra la extracción de petróleo”. Para empezar es importante conocer que la actividad petrolera se ha convertido en la primera fuente de ingresos, y es por esto que el gobierno ecuatoriano ha intentado muchas veces expandir el área de extracción hacia las provincias amazónicas del centro-sur;

Además, cabe destacar que en uno de estos intentos de expansión se vio afectada el bloque petrolero número 24 que consta de 200.000 hectáreas, debido a que el gobierno ecuatoriano por medio de Petroecuador concedió la autorización a la compañía petrolera Arco Oriente Inc. en 1998, para empezar la actividad de extracción. Ya que la selva es una fuente principal para que la vida de estos grupos étnicos pueda mantenerse, una vez que se firmó el contrato, la oposición de la comunidad fue tan fuerte que esta empresa tuvo que suspender sus actividades; dando como resultado que la compañía Arco Oriente vendiera el bloque a Burlington Resources Ecuador Ltd. en el año 2000; sin embargo cuando esta empresa quería dar inicio a sus operaciones, experimentó el mismo rechazo que la empresa anterior, por lo que optó por retirarse del proyecto. A pesar de que existen varias resistencias para frenar la extracción en estas comunidades, los gobiernos han optado por realizar nuevas concesiones, lo que actualmente es un tema de bastante debate debido a los perjuicios que sufren todos quienes habitan dentro de este hábitat de extracción.

El conflicto inicia especialmente cuando los intereses extractivistas del Estado ecuatoriano y de las transnacionales petroleras centran su atención en esta porción de selva, lamentablemente la adjudicación que se le concedió a la compañía Arco Oriente fue de manera ilícita, pues no contaba con la autorización de los propietarios ancestrales del suelo que pretendían ocupar para esta actividad de extracción petrolera. Es así que la Federación Independiente del Pueblo Shuar del Ecuador (FIPSE), la Federación Indígena de Comunidades Shuar (FICSH.) y la Federación Interprovincial de la Nacionalidad Achuar del Ecuador (FINAE), se han opuesto a la explotación de petróleo teniendo como principal argumento la violación de derechos y el deterioro de la calidad de vida de las poblaciones originarias. A pesar de que la empresa Arco Oriente haya querido llegar a un acuerdo con las comunidades por medio de convenios, estos fueron rechazados rápidamente por las organizaciones y el resto de la comunidad de manera firme y sin aceptación a consensos futuros.

Este conflicto llego a su punto máximo cuando ha mediado del año 2001 , la FIPSE conoce de manera extraoficial la existencia de una Plan de Relacionamiento Comunitario para el bloque 24, presentado por la empresa Burlington a Petroecuador , en donde constan actividades que constituyen violaciones a las disposiciones del Recurso de Amparo concedido por el Tribunal Constitucional. Es así, que de manera inmediata la FIPSE con el respaldo de las organizaciones FICSH y FINAE, presenta una acción de habeas data, con el fin de conocer de manera oficial e integral el documento de Burlington. Es así que en agosto del 2001, dentro del recurso de habeas data, tramitado ante el Juez Tercero de lo Civil de la ciudad de Quito, la información requerida es entregada, constándose la violación de la empresa al recurso de amparo.

Además, debido a la acumulación de acciones por parte de Burlington quienes hicieron caso omiso a aceptar la demanda de Amparo Constitucional, el Comité Interfederacional planteó la posibilidad de iniciar acciones penales en contra de los funcionarios de Burlington por no acatar la sentencia favorable de Amparo Constitucional.

Por esta razón, el 11 de abril del 2002 se presentó la denuncia penal por desacato contra los funcionarios de esta empresa petrolera encargados del relacionamiento comunitario, por parte de los presidentes de la FIPSE, FINAE y FISCH. La presentación de la denuncia dio inicio a un conflicto político que congregó a 600 miembros de las comunidades Shuar y Achuar que arribaron desde la selva a la ciudad de Macas, con el objetivo de realizar una marcha hacia la Fiscalía. El 24 de abril, los presidentes de las tres organizaciones rindieron sus testimonios, en los que declararon que se ratificaba en la denuncia presentada, y adicionalmente, el Presidente de la FIPSE denunció que la petrolera usaba un falso convenio, con firmas falsas del representante de la FIPSE, para confundir las bases y llevarlas al engaño de que la Organización ha negociado con la empresa.

En el proceso indagatorio se solicitó que las Radiodifusoras Canela y Morona entregaran las copias de las entrevistas concedidas por funcionarios de la Compañía Burlington, en las que hacen referencia al supuesto convenio. El 6 de mayo de 2002 tuvo lugar a una diligencia de reconocimiento del lugar de los hechos, en las localidades de Makuma y Mamayak, por parte de la fiscalía. Este proceso tuvo un desenlace fatal; pues la avioneta en la que los dirigentes de las organizaciones retornaban a Macas, tuvo un accidente con el saldo doloroso de la muerte de todos sus ocupantes. Actualmente, los dirigentes que han quedado a cargo continúan impulsando las acciones para preservar el bienestar de sus comunidades.

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