Administración publica. La corrupción

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La corrupción se entiende tradicionalmente como el abuso del poder colectivo para dañar los intereses colectivos, esta corrupción se manifiesta de múltiples formas y se manifiesta en diferentes ámbitos de la vida pública, afectando directamente a los ciudadanos de todas las regiones de nuestro país. El propósito de este ensayo es presentar algunas reflexiones sobre las razones que llevan a la persistencia de la corrupción en Colombia y proponer métodos para enfrentar la corrupción. Para ello, analizamos la corrupción desde la perspectiva de los arreglos institucionales que afectan la esfera pública y las actividades políticas, así como los comportamientos sociales y empresariales que propician entornos y prácticas corruptas fuera del país. La corrupción ciertamente no es un tema nuevo, pero la corrupción que hemos demostrado hoy es mucho más compleja que antes, porque involucran a una amplia gama de participantes, y se llevan a cabo de manera ágil utilizando técnicas difíciles de prevenir y rastrear, y generan impactos mucho más amplios sobre la sociedad, la democracia, los derechos humanos y la economía.

Transparencia Internacional se refiere a estas situaciones como "corrupción grave", que se entiende como un abuso de poder de alto nivel para beneficiar a unas pocas personas, pero daña los intereses de muchas otras personas, causa daños muy graves y generalizados a toda la sociedad y suelen quedar impunes. La corrupción severa es un delito que viola los derechos humanos, por lo que debe ser indemnizado por la misma proporción de daños. Este es el caso de varios casos de corrupción conocidos en el país: el impacto en los programas de alimentación escolar, los carteles de hemofilia, la transferencia de recursos del sistema de salud, los cambios ilegales en los registros de tierras, el saqueo de acueductos y recursos de infraestructura en el sistema de salud Manipular procedimientos legales contra políticos, etc.

Si bien hoy tenemos mejores condiciones para enfrentar estos hechos, estas situaciones aún existen: hay más debates sobre quienes abusan del poder y la responsabilidad; los medios activos realizan investigaciones y denuncias; la ciudadanía exige mayores beneficios de las autoridades.

Conduciendo a investigaciones y sanciones; aunque las nuevas normas y sistemas anticorrupción, aunque no son perfectos, han creado nuevas reglas del juego para prevenir y sancionar conductas corruptas, por ejemplo, incluyendo un marco regulatorio más propicio para los derechos de acceso, y apoyo a la condena desde la gestión pública de la información Procedimientos judiciales por delitos de atentado contra la administración pública, órganos de control con mayor voluntad política para atacarlos y criminalización de los delitos de financiamiento de campañas.  Lo más preocupante es que el país aún necesita cambios fundamentales.

En las últimas décadas, el país ha vivido momentos muy graves en los que la corrupción ha sido la infortunada protagonista. Por ejemplo, a principios de este siglo, hay una larga lista de escándalos de corrupción que han afectado gravemente a los sectores de salud, educación, sistema de pensiones y seguridad social. Seguridad nacional, sistema financiero, etc. Durante muchos años, los delitos relacionados con el narcotráfico y el contrabando han permitido que el entorno propicio para la economía criminal persista en diferentes partes del país, mientras que la corrupción ha sido considerada como un medio de negocios.

 Se puede decir que 2017 fue un año de hitos dramáticos en los escándalos de corrupción: desde el grave impacto de la corrupción en las instituciones judiciales que pasaron a ser las encargadas de investigarla y sancionarla, hasta el agravamiento del abuso de recursos destinados a las comidas escolares. Diferentes regiones del país.

"Caos" institucional que alimenta la corrupción En nuestro país existe una forma de hacer política, que se caracteriza por la interferencia mutua entre el poder público (poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial) y la gestión de intereses de manera opaca. Desde mediados de la última década, la ruptura de la separación de poderes que arrastramos hacia abajo ha debilitado severamente su independencia y el sistema de responsabilidad horizontal que debe ejercerse entre ellos. Es decir, un tipo de sistema transaccional debe reemplazar el control que se debe realizar entre otro tipo. En este tipo de sistema transaccional, la divergencia entre el ejecutivo y el legislativo se logra a través de la opaca asignación de recursos y agencias públicas y control de nombramientos. Los jueces administrativos superiores en el poder judicial se han convertido en una oportunidad, además, en muchos casos, el nombramiento político de jefes de agencias de control a nivel nacional y regional y los riesgos continuos de corrupción que enfrentan estas agencias para tratar los intereses del ejecutivo y el legislativo en el sistema judicial.

Es necesario cuestionar la forma en que el país obtuvo el poder político. Un aspecto básico tiene que ver con la forma en que las campañas electorales y el financiamiento de los partidos se han convertido en "las causas profundas de la corrupción, los factores injustos y las restricciones al derecho al voto, e incluso las restricciones al ejercicio político". Además del marco regulatorio descentralizado para la rendición de cuentas del financiamiento de campañas, también existen problemas relacionados con los siguientes problemas: cumplimiento deficiente de estas regulaciones, poca supervisión de las donaciones privadas y campañas de riesgo insuficientemente registradas en términos de fuente, monto y destino Los recursos ilegales en recursos brindan al país la oportunidad de recaudar fondos para las competencias electorales, lo que le da la oportunidad de ser capturado por intereses ilegales.

El riesgo de corrupción en la obtención de electricidad se ha convertido en un alto riesgo de corrupción en la contratación pública. Como se muestra en el caso de la empresa brasileña Odebrecht, el proceso de contratación pública que involucra grandes cantidades de recursos públicos aún atrae una gran corrupción. Es decir, al diseñar e implementar programas de corrupción deliberada que cuentan con todas las capacidades legales y financieras que parecen estar en conformidad con las normas, las normas y las soluciones regulatorias parecen inadecuadas, pero al final logran desviar las decisiones públicas a su favor. Con la ayuda de operadores políticos y comerciales.

En otras áreas de la contratación pública, aún existen riesgos de corrupción. La gran cantidad de excepciones a la aplicación del sistema de contratación nacional, el abuso de los contratos directos y una pequeña cantidad de licitaciones públicas (especialmente en departamentos y entidades públicas municipales) pueden reflejar “corrupción gris”, que no está criminalizada, pero manifiesta en sí mismo, ya que existen riesgos favorables y diseño de procesos de contratación pública específicos. Según los datos del Índice de Transparencia de las Entidades Públicas 2015-2016, el 75% de los contratos de las entidades estatales se realizaron directamente, el del gobernador fue del 56,1% y la alcaldía fue del 41,1%.

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